El fuego de la injuria

El comportamiento de los dos encapuchados que el pasado d¨ªa 13 quemaron una fotograf¨ªa de los Reyes con ocasi¨®n de su visita oficial a Girona merece un reproche, pero en ning¨²n caso una condena penal. Y lo mismo cabe decir de los participantes en las protestas del s¨¢bado pasado, en las que se volvi¨® a prender fuego a la imagen de los monarcas en protesta por la comparecencia judicial de uno de los implicados del primer episodio, para quien el juez Pedraz decret¨® libertad sin medidas cautelares.

La orden cursada por el juez Grande-Marlaska a los Mossos y a la Polic¨ªa Nacional para que identifiquen a los autores de estos ¨²ltimos incidentes abunda en la l¨ªnea de lo que pretenden los autores: prolongar indefinidamente la escalada entre sus provocaciones y la respuesta judicial, con la esperanza de convertir la sanci¨®n de un acto inc¨ªvico en la persecuci¨®n de una opci¨®n pol¨ªtica. Una vez m¨¢s queda patente que el mantenimiento del delito de injurias en el C¨®digo Penal parece crear m¨¢s problemas de los que resuelve, sobre todo cuando se pone en relaci¨®n con la Corona y se recurre a ¨¦l con la frecuencia y la facilidad de los ¨²ltimos tiempos.

Deber¨ªan ser los partidos pol¨ªticos los encargados de reprobar conductas como las de Girona y otros lugares de Catalu?a y del resto de Espa?a, evitando transmitir la impresi¨®n de que la jurisdicci¨®n penal constituye el ¨²nico y el m¨¢s apropiado ¨¢mbito de respuesta a unos comportamientos reprobables. No es de recibo que ERC -o, al menos, alguno de sus m¨¢s destacados dirigentes- se?ale la desproporci¨®n en la que incurrir¨ªa un tribunal condenando en v¨ªa penal a los responsables de la quema de las fotograf¨ªas y, al mismo tiempo, se muestre condescendiente hacia los alborotadores. De igual manera, el Partido Popular comete un nuevo exceso al decir que la Generalitat est¨¢ propiciando "un pa¨ªs donde la polic¨ªa no defiende la ley y el Estado de derecho".

Desde el secuestro de la revista sat¨ªrica El Jueves, la fiscal¨ªa viene utilizando el margen de discrecionalidad del que dispone en favor de una sobreprotecci¨®n penal de la Monarqu¨ªa. Lejos de favorecer la estabilidad de la instituci¨®n, puede generar reacciones adversas, bien porque acabe convirti¨¦ndola en el campo de batalla preferente para las reivindicaciones independentistas, bien porque los ciudadanos perciban que el Rey y su entorno reciben un tratamiento privilegiado frente a los excesos de la prensa o de la lucha pol¨ªtica.

El argumento de que transigir hoy puede agravar la situaci¨®n ma?ana parte de una falsa premisa: no emprender la v¨ªa penal no es transigir. El Estado democr¨¢tico no est¨¢ en peligro porque unos encapuchados quemen la fotograf¨ªa del jefe del Estado; estar¨¢ en peligro si, al perseguir penalmente esa acci¨®n, los alborotadores consiguen su prop¨®sito de amparar bajo la bandera de la libertad, la de expresi¨®n o la de la naci¨®n que invocan, una burda provocaci¨®n callejera.