Ni dios, ni c¨¦sar...

Ni dios, ni c¨¦sar, ni tribunos... As¨ª empieza La Internacional, a¨²n mantenida como himno de referencia hist¨®rica por los socialistas, aunque poco utilizada, y curiosamente olvidada por los sucesores de los psuqueros. Como si el tiempo no hubiera pasado en la vida oficial, de los gobiernos, de los parlamentos y de la judicatura, a¨²n predomina un esp¨ªritu predemocr¨¢tico que comporta una sobreprotecci¨®n de las instituciones del Estado y de las personas que las representan. Se establece as¨ª una casta privilegiada, que se sit¨²a por encima de los ciudadanos, lo cual es contrario a los principios m¨¢s elementales de la democracia, el gobierno del pueblo. Un polit¨®logo argentino, Guillermo O'Donnell, argumentaba en defensa democr¨¢tica de sus conciudadanos que al comportamiento altanero de un personaje con poder que amenazaba con un "usted no sabe con qui¨¦n est¨¢ hablando" la respuesta m¨¢s frecuente pod¨ªa ser: "?Y a m¨ª qu¨¦ me importa!". Afortunadamente, creo que en nuestro pa¨ªs este talante tambi¨¦n est¨¢ muy presente.

Pretender mantener los privilegios de instituciones y personas para situarlas por encima de la cr¨ªtica y de los deberes de los otros ciudadanos es tan inaceptable como pasado de moda

Cuando la Fiscal¨ªa del Estado o la Judicatura persiguen a los autores de unos dibujos humor¨ªsticos porque afectan a la realeza, o a los que queman su efigie o una bandera, no solamente se arrogan la defensa de los privilegios de casta, sino que tambi¨¦n cometen una solemne tonter¨ªa. El juez que mand¨® retirar de circulaci¨®n El Jueves, ?tan ignorante era como para no saber que estaba propiciando una difusi¨®n mucho mayor de unos dibujos inocuos? Si centenares o miles de j¨®venes, estimulados por la torpe represi¨®n, queman o se acusan de quemar m¨¢s fotos y banderitas, ?los detendr¨¢n a todos?

Estos comportamientos pueden disgustarnos, es decir, podemos considerarlos de mal gusto -personalmente, en muchos casos no los comparto-, pero perseguirlos es injusto, err¨®neo y rid¨ªculo. Es discutible que se les pueda aplicar la legislaci¨®n vigente (si tenemos en cuenta los principios constitucionales y las declaraciones de derechos a las que Espa?a est¨¢ adherida) y en todo caso las sanciones aplicables no ser¨ªan birmanas, sino m¨¢s propias de la Guardia Urbana. Pol¨ªticamente esta represi¨®n es un error may¨²sculo, pues se provoca un mal mucho mayor que el que se pretende penalizar y suprimir. La acci¨®n sancionadora posee un efecto multiplicador. Por excesiva, la persecuci¨®n es insignificante y pone en evidencia a los sancionadores y enaltece por tanto a los infractores, que se convierten en unas v¨ªctimas simp¨¢ticas. El humor en la vida p¨²blica es un indicador de calidad de vida y su uso para criticar a los poderes existentes es una de las virtudes de la democracia.

Creo que no ser¨ªa mucho pedir que los gobernantes y sus perros de presa renunciaran de una vez a privilegios de otra ¨¦poca. Si Monarqu¨ªa hay, que sea ciudadana, y probablemente su mejor garant¨ªa de continuidad o de soportabilidad ser¨ªa que el Rey y su familia fueran ciudadanos como los otros, que pagaran impuestos, compraran en el supermercado y pudieran ser objeto de cr¨ªtica fuera de buen o de mal humor. No mitifiquemos las banderas, pues los elementos simb¨®licos son demasiado peligrosos para ponerles mecha y encenderlos. Ni la espa?ola, ni la catalana ni cualquier otra. Son un signo de identidad que no tiene por qu¨¦ gustar a todo el mundo, representan una realidad pol¨ªtica e hist¨®rica que puede ser criticada o rechazada. El mantenimiento de privilegios degrada la democracia y en nuestras sociedades laicas, tolerantes y ciudadanas hace que se pierda el respeto que se pretende proteger.

Este comportamiento de defensa hasta el absurdo de los privilegios de las c¨²pulas del poder pol¨ªtico est¨¢ muy extendido en todas las instituciones. Los jueces no permiten que se critiquen sus decisiones. Cualquier autoridad considera que las reglas de tr¨¢fico o de estacionamiento no valen para ella. Y es considerado normal en todos los niveles de la Administraci¨®n no facilitar que se expresen opiniones que no gustan al gobernante de turno, como si el dinero p¨²blico fuese propiedad de sus gestores. Cu¨¢ntas veces he o¨ªdo a cargos pol¨ªticos o funcionarios expresiones del tipo "?c¨®mo vamos a subvencionar este acto que algunos aprovechar¨¢n para criticarnos?" o "no podemos permitir que en este evento intervenga este conferenciante que escribi¨® aquel art¨ªculo que cuestionaba tal proyecto". Este privilegio, el considerarse depositarios exclusivos del bien colectivo y due?os de los medios p¨²blicos que est¨¢n para servir a la colectividad, es seguramente el m¨¢s extendido y supone una apropiaci¨®n indebida. Es propio de la democracia y es deber de las instituciones servir o favorecer la expresi¨®n de todos y de todas las opiniones. Y la cr¨ªtica a la acci¨®n p¨²blica es una condici¨®n para el progreso y la libertad de cualquier colectividad.

La letra de La Internacional en su ¨¦poca, con el lenguaje de entonces, expresaba una aspiraci¨®n revolucionaria de las clases trabajadoras: ni dioses, poderes no humanos utilizados para oprimir; ni c¨¦sares, caudillos que se situaban por encima de los pueblos para ejercer un poder sobre ellos, ni tribunos, denunciadores de los males sin nombrar a los responsables de ¨¦stos ni enfrentarse con ellos. Hoy este rechazo forma parte de nuestra cultura democr¨¢tica. Pretender mantener los privilegios de instituciones y personas para situarlas por encima de la cr¨ªtica y de los deberes de los otros ciudadanos es tan inaceptable como pasado de moda. Y los primeros que deber¨ªan saberlo y practicarlo son aquellos que est¨¢n en las cimas de las instituciones.

Jordi Borja es profesor de la Universitat Oberta de Catalunya.