La ley de Internet limita la potestad de los jueces para cerrar p¨¢ginas 'web'
La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci¨®n (LISI), conocida como la ley de Internet, afronta el ¨²ltimo tr¨¢mite parlamentario como empez¨®: envuelta en la pol¨¦mica sobre los ¨®rganos competentes para cerrar p¨¢ginas web. La Asociaci¨®n de Internautas (AI) cuestion¨® ayer los efectos de una de las enmiendas transaccionales presentadas la semana pasada por el Grupo Socialista, seg¨²n cual solo los jueces podr¨¢n cerrar p¨¢ginas electr¨®nicas cuando sus contenidos choquen con la libertad de expresi¨®n e informaci¨®n.
La AI cree que con las modificaciones incorporadas en el Congreso se da luz verde a que las web "puedan ser cerradas sin necesidad de autorizaci¨®n judicial". El texto reabre las heridas que caus¨® el controvertido art¨ªculo 19.bis, que permit¨ªa a las entidades de gesti¨®n de derechos clausurar, sin orden judicial, las p¨¢ginas que vulneraran la propiedad intelectual.
Eso implicaba que entidades como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) o Promusica (productores musicales) actuaban como jueces. Pero el Ministerio de Industria les retir¨® tales prerrogativas y devolvi¨® las atribuciones a los tribunales. Ahora, el nuevo art¨ªculo afirma que "los ¨²nicos ¨®rganos competentes para restringir publicaciones, textos, im¨¢genes, grabaciones audiovisuales o cualquier otro medio de informaci¨®n al que se acceda por medios electr¨®nicos que afecte a los derechos y libertades de expresi¨®n y de informaci¨®n de los ciudadanos ser¨¢n los Juzgados y Tribunales".
Para la AI, la nueva redacci¨®n hace que la ley sea "inviable" porque "no dice cu¨¢les son los casos, ni cu¨¢l es la autoridad competente, ni el procedimiento, ni el ¨¢mbito de aplicaci¨®n" para clausurar direcciones de Internet.
La ley tambi¨¦n considera "universal" el servicio de conexi¨®n a la banda ancha, independientemente de la tecnolog¨ªa utilizada o la ubicaci¨®n de los usuarios. Y pone como fecha el 31 de diciembre de 2008 para que se alcance la cobertura que exige la normativa comunitaria.
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