La caja 507 y el urbanismo

No s¨¦ si cualquier coincidencia es fruto de la casualidad, ni recuerdo si exist¨ªa esta advertencia, pero la historia de la pel¨ªcula espa?ola La caja 507 -rescatada del estante una tarde de verano- parece una historia reciente y ya sabida. La caja guardaba documentos que probaban la existencia de una red dedicada a convertir en urbanizables terrenos protegidos en la zona costera, previo pago de comisiones a funcionarios y concejales sin escr¨²pulos.

Al final de la pel¨ªcula todos cayeron enredados en sus propias acciones y el protagonista se cobr¨® la venganza con una suma de dinero en su cuenta corriente. La ¨²nica referencia a la ley y a la justicia la hace el periodista del film cuando, tras recibir las pruebas, pregunta: "?Por qu¨¦ no lleva esto a los jueces?", y se le contesta "Ustedes hacen m¨¢s da?o...."

Los "hechos consumados" se presentan como obst¨¢culos para ejecutar unas sentencias que declaran ilegales unas licencias

Pero el da?o ya estaba causado y las gr¨²as ya hab¨ªan realizado su trabajo a lo largo de la costa, colm¨¢ndola de edificios sin especiales dificultades. Casos recientes en nuestras costas andaluzas, como en otras de Espa?a, han puesto de manifiesto que los intereses econ¨®micos que se mueven alrededor del urbanismo dise?an estrategias y complicadas redes que se aprovechan de la ambici¨®n de algunas personas y de la indeterminaci¨®n de las leyes de ordenaci¨®n del territorio y protecci¨®n del medio ambiente.

El funcionamiento de estas redes y estrategias es mucho m¨¢s r¨¢pido que el de las instituciones, encargadas de prevenir o sancionar las actividades ilegales a trav¨¦s de la aplicaci¨®n de las normas y de los procedimientos judiciales. Los "hechos consumados" y la evitaci¨®n de perjuicios a terceros que compraron la vivienda con buena fe, con demasiada frecuencia, se presentan como obst¨¢culos para aplicar unas normas o para ejecutar unas sentencias que declaran ilegales unas licencias de construcci¨®n o unas modificaciones parciales del planeamiento del territorio.

Para evitar los "hechos consumados" y perjuicios a terceros, resulta importante contar con medios legales que reaccionen de una manera r¨¢pida ante las posibles vulneraciones de la normativa urban¨ªstica -esto es, medidas cautelares en forma de ordenes de paralizaci¨®n de obras o suspensi¨®n de licencias o de acuerdos urban¨ªsticas- sin necesidad de esperar a que termine con sentencia el largo y complicado proceso judicial. En la actualidad, nuestros Tribunales vienen afirmando que si las medidas legales de reacci¨®n se demoran en el tiempo, se corre el riesgo de que las normas urban¨ªsticas pierdan vigencia efectiva en el entorno social, que puede llegar a contemplar como conductas aparentemente permitidas lo que son actividades no autorizadas o clandestinas. Por ello, la efectiva realizaci¨®n de las medidas legales de reacci¨®n frente a dichas actuaciones constituye un bien jur¨ªdico a preservar y una medida de protecci¨®n del inter¨¦s general.

Junto a la reacci¨®n preventiva, las personas necesitan una decisi¨®n judicial definitiva -que cierre la controversia jur¨ªdica- en un tiempo razonable y no en la media de un lustro, como generalmente ocurre con la tramitaci¨®n de los procesos sobre Planes Generales o proyectos de urbanizaci¨®n en nuestras Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

Desde hace varios a?os, las memorias anuales de su Sala de Gobierno han advertido de la enorme bolsa de pendencia y de los miles de asuntos sin respuesta definitiva. Sistem¨¢ticamente se ha solicitado la ampliaci¨®n del n¨²mero de miembros de la Magistratura dedicados a estos temas. Recientemente, el Ministerio de Justicia ha aprobado ocho nuevas plazas en total para Granada, M¨¢laga y Sevilla. Es positivo este esfuerzo presupuestario, pero todav¨ªa no hemos superado la lentitud y complicaci¨®n que siempre han impregnado estos procesos judiciales, en los que forman pareja forzosa dos organizaciones fuertemente burocratizadas: la Justicia y aqu¨¦lla que ha dictado el Acuerdo urban¨ªstico.

Para sacar la bolsa de pendencia y tramitar con celeridad los asuntos, ser¨¢ necesario agilizar los actuales procedimientos, poner en marcha una oficina judicial m¨¢s moderna -con clara delimitaci¨®n de responsabilidades- y suficientes miembros de la Magistratura especializados en urbanismo. Quiz¨¢ entonces podamos decir que pel¨ªculas como la que motivaron esta reflexi¨®n solo pertenecen a la ficci¨®n.

Inmaculada Montalb¨¢n Huertas es Magistrada del TSJA. Premio Nacional 2003 del Consejo General del Poder Judicial.