20 millones de clientes de m¨®viles prepago deben identificarse o perder¨¢n su n¨²mero
Aprobada la ley que obliga a las compa?¨ªas a guardar los datos para investigaciones criminales
Las compa?¨ªas de telefon¨ªa m¨®vil tienen dos a?os, a partir de ahora, para localizar a m¨¢s de 20 millones de clientes que utilizan tarjetas prepago -sin contrato y, por tanto, an¨®nimos- y exigirles sus datos para incluirlos en un registro. Transcurrido ese plazo, las compa?¨ªas estar¨¢n obligadas a desactivar las tarjetas. As¨ª lo establece la Ley de Conservaci¨®n de Datos relativos a las Comunicaciones Electr¨®nicas, que ayer aprob¨® definitivamente el Congreso -por unanimidad- y que obliga a las compa?¨ªas a guardar los datos de usuarios y llamadas (salvo su contenido) y cederlos en investigaciones criminales.
La ley, pensada para perseguir delitos de terrorismo o crimen organizado, obliga a las operadoras de telefon¨ªa fija, m¨®vil y por Internet a guardar durante un m¨¢ximo de dos a?os los datos de los usuarios -nombre, direcci¨®n y n¨²mero de tel¨¦fono de ambos interlocutores, y hora y duraci¨®n de las llamadas, pero no su contenido- y ced¨¦rselos a los cuerpos de seguridad si as¨ª lo autoriza un juez. En la actualidad, las compa?¨ªas ya conservaban algunos datos durante dos o tres meses (por motivos comerciales), pero no estaban obligadas a ello.
La investigaci¨®n de los atentados del 11-M sac¨® a la luz la importancia de esta v¨ªa de investigaci¨®n: las bombas fueron activadas con m¨®viles, y el rastreo de ¨¦stos ayud¨® a localizar a varios de los sospechosos. Tras aquellos atentados en Madrid y los de Londres, de julio de 2005, la Uni¨®n Europea dict¨® una directiva que el Parlamento espa?ol desarrolla ahora en esta ley.
Almacenar los datos de los clientes que tienen tel¨¦fono fijo o un m¨®vil con contrato es sencillo, porque ya obran en poder de las operadoras. Pero quienes utilizan m¨®viles con tarjeta prepago son an¨®nimos. Por eso, la ley incluye una disposici¨®n adicional que da instrucciones precisas a las compa?¨ªas sobre qu¨¦ hacer en este caso: deber¨¢n llevar un "libro-registro en el que conste la identidad de los clientes que adquieran una tarjeta [prepago]: nombre, apellidos, nacionalidad y DNI o pasaporte del comprador".
A los 20,4 millones de clientes que ya poseen un m¨®vil sin contrato, las compa?¨ªas van a tener que localizarlos -con campa?as de publicidad o como se les ocurra, porque eso la ley no lo precisa- y pedirles los datos. "Transcurrido el plazo de dos a?os, los operadores vendr¨¢n obligados a anular o desactivar aquellas tarjetas de prepago respecto de las que no se haya podido cumplir con las obligaciones de inscripci¨®n". Eso s¨ª, las compa?¨ªas tienen seis meses desde ahora para adecuar sus equipos y preparar los mecanismos de registro.
La ley pretende "proteger la seguridad p¨²blica" pero "buscando el imprescindible equilibrio con el respeto a los derechos individuales" como el de la intimidad y la privacidad. Para lograr eso hay tres garant¨ªas: que los datos s¨®lo se ceder¨¢n con una autorizaci¨®n judicial previa, que ¨²nicamente se utilizar¨¢n en la investigaci¨®n de delitos "graves" -no especifica cu¨¢les son- y que en ning¨²n caso se almacenar¨¢n ni, por tanto, ceder¨¢n los datos referentes al "contenido" de las comunicaciones.
Es decir, la polic¨ªa -si el juez lo autoriza- podr¨¢ saber el nombre y direcci¨®n de dos personas que hayan entablado una conversaci¨®n -por tel¨¦fono fijo, m¨®vil en llamada o mensaje, correo electr¨®nico o telefon¨ªa por Internet-, a qu¨¦ hora hablaron, desde d¨®nde y durante cu¨¢nto tiempo. Pero no qu¨¦ se dijeron. Salvo que obtenga un permiso judicial que autorice expresamente el pinchazo de la l¨ªnea, aunque esa posibilidad ya existe ahora y s¨®lo se concede cuando hay indicios claros de delito.
"Esta ley es un instrumento de lucha contra el crimen y creemos que los derechos individuales quedan plenamente garantizados", afirm¨® el diputado socialista Sebasti¨¢n Fuentes, que agradeci¨® el apoyo final de todos los grupos al texto del Gobierno (parcialmente enmendado en el Parlamento). Todos eran conscientes de que la directiva europea hab¨ªa que convertirla en ley antes o despu¨¦s, y ninguno consider¨® que el resultado final vulnere el derecho a la intimidad de los consumidores.
Sin control de los 'chats'
Isaura Navarro, de IU-ICV, record¨® que su grupo estar¨¢ vigilante porque "la lucha contra el terrorismo no puede implicar un recorte de libertades"; Margarita Uria (PNV) habl¨® de un texto "equilibrado en el binomio seguridad-libertad"; y Georgina Oliva, de ERC, plante¨® la cuesti¨®n de base: "?Qu¨¦ est¨¢ dispuesta a aceptar la ciudadan¨ªa en beneficio de la seguridad?". "Compartimos el objetivo: contribuir a la investigaci¨®n policial. Pero insistimos en lo mismo que el primer d¨ªa: hay que garantizar el secreto de las comunicaciones", termin¨® el portavoz de CiU, Jordi Jan¨¦.
El PP, que se abstuvo en la primera votaci¨®n de la ley hace tres meses, ha votado finalmente a favor por considerar que las enmiendas introducidas mejoran el texto y que ¨¦ste ayudar¨¢ a "combatir la impunidad en la Red", seg¨²n dijo el diputado Jos¨¦ Ignacio Ech¨¢niz. Su ¨²nica cr¨ªtica fue que la ley es a¨²n insuficiente, porque deja fuera del control los chats y foros de Internet, las v¨ªas "m¨¢s usadas por las redes de pederastas". "Se ha perdido una gran oportunidad. Esta ley es positiva, pero podr¨ªa haberlo sido m¨¢s", concluy¨® Ech¨¢niz.
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