Los Franco y la Constituci¨®n

La familia de Francisco Franco, encabezada por su ¨²nica hija, Carmen Franco Polo, se ampara en sus derechos constitucionales para oponerse a la pretensi¨®n de la Xunta de Galicia de entrar en el Pazo de Meir¨¢s, regalado al dictador en plena Guerra Civil, con el fin de inspeccionar una propiedad inscrita en el Patrimonio Cultural de esta autonom¨ªa. Adem¨¢s de blandir la Carta Magna en sus alegaciones ante el juzgado de A Coru?a que deber¨¢ decidir si autoriza o no la inspecci¨®n, los Franco acusan a la Xunta de pretender en realidad recuperar el pazo. Y cuestionan que la Administraci¨®n quiera verificar su estado de conservaci¨®n cuando es "excelente", afirman, gracias "a las inversiones que hizo la propiedad a costa de su bolsillo".

Los herederos aseguran que el edificio se encuentra en "excelente estado de conservaci¨®n"

Carmen Franco se queja de la "fuerte presi¨®n" que sufre por el inter¨¦s de los medios

Tiene visos de ir para largo la batalla, ahora en manos de la Justicia, que enfrenta a los herederos del dictador con el Gobierno gallego por un pazo regalado al Caudillo en nombre "del pueblo de A Coru?a" en 1938, a iniciativa de autoridades y empresarios locales totalmente entregados a la causa franquista. El derecho constitucional a una tutela judicial efectiva as¨ª como las garant¨ªas de privacidad del domicilio y preservaci¨®n de la intimidad que establece la Carta Magna son los principales argumentos esgrimidos por los Francos en sus alegaciones contra la petici¨®n de la Xunta para entrar en las tambi¨¦n llamadas Torres de Meir¨¢s. En sus siete folios de objeciones, presentados ante el juzgado n¨²mero 1 de A Coru?a que decidir¨¢ sobre la autorizaci¨®n requerida por la Xunta despu¨¦s de que los Franco, el pasado 30 de agosto, impidiesen la entrada de los t¨¦cnicos de la Consejer¨ªa de Cultura, los descendientes del Caudillo alegan en primer lugar que debe prevalecer sobre esa petici¨®n el recurso que ellos presentaron, un d¨ªa antes, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Para la familia del dictador, el derecho constitucional de los ciudadanos a pedir a los tribunales medidas cautelares, como hicieron al presentar un contencioso-administrativo contra las intenciones de la Xunta, "se burlar¨ªa de forma total en caso de acordarse la entrada solicitada" en el Pazo de Meir¨¢s. "No es una actitud obstruccionista sino simple y llanamente el ejercicio fundamental del derecho de tutela judicial que reconoce la Constituci¨®n", afirma el letrado de Carmen Franco en sus alegaciones. En el escrito la heredera del dictador, que considera su "intimidad gravemente afectada" debido a los tr¨¢mites abiertos por la Xunta para tratar de determinar si el Pazo de Meir¨¢s puede ser declarado Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC), acusa abiertamente a la Administraci¨®n gallega de cometer irregularidades para tratar de entrar en su propiedad. E incluso sostiene que en los argumentos de la consejer¨ªa para solicitar la inspecci¨®n "se puede comprobar que se quiere mantener m¨¢s un posici¨®n de fuerza sobre el pazo que lo que es una mera conservaci¨®n del patrimonio gallego, lleg¨¢ndose al extremo de pedir que se constituya una comisi¨®n para la recuperaci¨®n" del emblem¨¢tico edificio.

En realidad, la Xunta nunca ha planteado la creaci¨®n de tal comisi¨®n y s¨®lo pretende inspeccionar el interior del pazo y sus jardines para determinar si re¨²nen los requisitos para ser declarados BIC. Esa declaraci¨®n obligar¨ªa a abrir la propiedad al p¨²blico cuatro d¨ªas al mes, adem¨¢s de reforzar las medidas de preservaci¨®n a las que ya est¨¢ sometido el inmueble por figurar en el registro de Patrimonio Cultural de Galicia.

La hija del dictador hab¨ªa aceptado inicialmente, por escrito, la solicitud de inspecci¨®n de la Xunta. Pero cambi¨® de parecer, seg¨²n explica en sus alegaciones al juez, por "la fuerte presi¨®n" que padeci¨® "todo el verano, con noticias en los periodicos diariamente e incluso manifestaciones de personas pidiendo entrar en el pazo". Y se queja Carmen Franco de que la Consejer¨ªa de Cultura -que dirige la nacionalista ?nxela Bugallo- esgrima su derecho y obligaci¨®n a poder inspeccionar un patrimonio como lo es esa propiedad, "olvidando que el excelente estado de conservaci¨®n ha sido a costa de las inversiones realizadas por la propiedad a costa de su bolsillo". Nadie sabe cu¨¢l es el estado del interior del pazo, m¨¢xime tras el incendio que lo devast¨® en 1978 y cuyas causas nunca pudieron ser determinadas.

La hija del General¨ªsimo, que reconoci¨® hace una semana la ilegalidad de unas obras de reparaci¨®n del muro de piedra que encierra la propiedad, insiste en que la actuaci¨®n de la Xunta gener¨® en ella una "desconfianza" que desemboc¨® en su recurso ante el tribunal as¨ª como su negativa empecinada a dejar entrar los t¨¦cnicos de Cultura sin que antes un juez determine previamente medidas para salvaguardar sus "garant¨ªas constitucionales" de privacidad del domicilio e intimidad.

Los Franco piden que, en caso de que se les obligue a abrir las puertas a la Xunta, se limite la duraci¨®n y el alcance de la inspecci¨®n. No s¨®lo quieren que se establezcan la duraci¨®n y el n¨²mero de personas que podr¨¢n entrar en su propiedad, sino que cuestiona incluso el criterio de la Consejer¨ªa de Cultura para realizar ese trabajo. As¨ª, tras acusar a los responsables de Patrimonio de la Administraci¨®n gallega de "no distinguir entre una inspecci¨®n y un registro", los Franco piden al juez que no autorice la entrada a un arque¨®logo, como pretende la Xunta. En su primer intento de entrar en las Torres de Meir¨¢s, una emblem¨¢tica fortaleza construida por encargo de la escritora Emilia Pardo Baz¨¢n a finales del siglo XIX, Cultura envi¨® a tres titulados en Arquitectura, Historia del Arte y Arqueolog¨ªa. Pero los descendientes del caudillo consideran que "no es necesaria para nada la presencia de un arqueologo, una ciencia que seg¨²n el diccionario de la Real Academia Espa?ola estudia lo que se refiere a las artes y los monumentos de la antig¨¹edad".