Los forestales llevan a Bruselas su protesta contra la ley de Aguirre

Representantes sindicales de los agentes forestales madrile?os denunciaron ayer en el Parlamento Europeo la Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid, que entr¨® en vigor a finales del pasado julio, porque a su juicio viola las leyes ambientales de la Uni¨®n Europea.

En concreto, se quejan del p¨¢rrafo de la ley que obliga a los agentes a obtener autorizaci¨®n judicial para acceder a las fincas privadas, excepto en los casos de incendios forestales. Los guardas forestales sostienen que esta nueva obligaci¨®n supondr¨ªa que el 73% de los terrenos de la regi¨®n quedar¨ªan exentos de inspecciones forestales sin autorizaci¨®n previa por ser de titularidad privada. Explican adem¨¢s en el documento entregado a la Comisi¨®n de Peticiones de la Euroc¨¢mara que el retraso que supone la solicitud de una autorizaci¨®n les impedir¨¢ controlar de manera efectiva el cumplimiento de la normativa urban¨ªstica y la relativa a los espacios protegidos, entre otras.

Miguel ?ngel Hontoria, secretario general de UGT de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, indic¨® que hay que atribuir a los guardas forestales el 80% de las denuncias relacionadas con los abusos urban¨ªsticos en fincas privadas y que la nueva ley supondr¨ªa la impunidad para este tipo de delitos.

El eurodiputado socialista Carlos Carnero apoy¨® la iniciativa de los guardas al estimar que la legislaci¨®n recientemente aprobada en la Comunidad de Madrid "es contraria al derecho espa?ol y comunitario", y consider¨® que la ley en cuesti¨®n "es propia de los Kaczynski y no de un Gobierno de nuestro pa¨ªs", en alusi¨®n al Gobierno conservador polaco que dirigen los gemelos Kaczynski.

Carnero confi¨® en que el pleno del Parlamento Europeo se ocupe de este caso el pr¨®ximo enero. El eurodiputado se ha dirigido a la Comisi¨®n Europea a trav¨¦s de una pregunta parlamentaria para que el Ejecutivo comunitario examine la supuesta ilegalidad de la norma y su posible colisi¨®n con el derecho medioambiental comunitario.