Infame extorsi¨®n
El contenido de las grabaciones en las que un mediador de la promotora Construcuatro, de la que es consejero Telmo Mart¨ªn, presidente del Partido Popular de Pontevedra, exige a un solicitante de una vivienda protegida una comisi¨®n de 20.400 euros en dinero negro deber¨ªa bastar para que el PP aplicase una norma elemental de higiene pol¨ªtica y destituyese al citado Mart¨ªn de sus responsabilidades en el partido. Al menos hasta que los tribunales decidan sobre su inocencia o culpabilidad. Sin embargo, es muy poco probable que una medida tan elemental se aplique porque, como es bien sabido, el PP sostiene una doctrina equ¨ªvoca, que confunde la responsabilidad pol¨ªtica con la civil o penal. El presidente del PP de Pontevedra ser¨¢ inocente o culpable en los tribunales y a esa presunci¨®n de inocencia tiene derecho; pero los ciudadanos en general y los votantes del PP en particular tienen tambi¨¦n derecho a ser representados por personas que no son sospechosas de cometer infracci¨®n o delito alguno.
Al parecer, el PP no tiene reparos en incluir entre sus dirigentes a personas que est¨¢n bajo sospecha de participar en una infame extorsi¨®n. Porque ¨¦se es exactamente el caso que revelan las cintas grabadas con la autorizaci¨®n de un juez de Vigo: un mediador exige de forma perentoria a uno de los compradores la entrega de una comisi¨®n de casi 21.000 euros o, en caso contrario, no habr¨¢ piso. La conversaci¨®n revela n¨ªtidamente algunas formas de enriquecimiento il¨ªcito que se han multiplicado como met¨¢stasis al calor de la burbuja inmobiliaria. Los compradores no s¨®lo han tenido que soportar durante un decenio la subida inmisericorde del precio de la vivienda, causada por el afloramiento de dinero negro en busca de regularizaci¨®n, la avidez por una rentabilidad superior a la de la Bolsa o la desatada especulaci¨®n del suelo, sino tambi¨¦n la coacci¨®n en la trastienda de las compraventas ejecutadas con modales mafiosos.
La Xunta ha impuesto una multa elevada a Construcuatro y la devoluci¨®n de las comisiones ilegales. Bien est¨¢, pero sigue sin corregirse el da?o pol¨ªtico. El PP mantiene en sus listas de responsables, incluso de candidatos a cargos p¨²blicos, a varios nombres de personas acusadas de pr¨¢cticas corruptas. La reflexi¨®n, que vale para todos los partidos pol¨ªticos, es que confundir responsabilidad legal con responsabilidad pol¨ªtica difunde el mensaje de que en pol¨ªtica hay barra libre para determinadas conductas il¨ªcitas.
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