La oposici¨®n fuerza al Gobierno a pactar un cambio en la normativa presupuestaria

Las resistencias de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, han resultado bald¨ªas y el Gobierno se ver¨¢ obligado a modificar la legislaci¨®n presupuestaria. La derrota a la que estaban abocados los grupos del Gobierno en el Parlamento, han aconsejado al tripartito pactar con la oposici¨®n una fecha, el 30 de abril, como tope para que el Ejecutivo remita un proyecto de ley con los cambios. Antes de eso, el jueves qued¨® ya aprobada una primera modificaci¨®n, que impedir¨¢ que el Gobierno acumule a?os de retraso, como ven¨ªa haciendo, en las leyes de liquidaci¨®n de los presupuestos.

Las derrotas que el tripartito ha venido sufriendo en el Parlamento a lo largo de los dos a?os y medio de legislatura empiezan a materializarse en obligaciones para el Gobierno. Dos de ellas se han concretado esta semana en la C¨¢mara y ambas ata?en a la normativa presupuestaria. La primera qued¨® vista para pleno en la Comisi¨®n de Econom¨ªa, Hacienda y Presupuestos. La C¨¢mara modificar¨¢ dos art¨ªculos de la Ley de R¨¦gimen Presupuestario, que obligan al Gobierno a presentar antes del 31 de mayo toda la documentaci¨®n "relativa a la liquidaci¨®n de los presupuestos" del ejercicio anterior. Antes la fecha tope era el 31 de julio. El cambio responde a una demanda del Tribunal vasco de Cuentas P¨²blicas, que se hab¨ªa quejado de que esto le imped¨ªa fiscalizar el presupuesto a tiempo de que su informe pudiera acompa?ar al proyecto del a?o siguiente.

La segunda modificaci¨®n es la que definitivamente terminar¨¢ con la acumulaci¨®n de retrasos. Establece que, dos meses despu¨¦s de que las cuentas hayan sido fiscalizadas por el tribunal, el Gobierno deber¨¢ presentar a la C¨¢mara un proyecto de ley de liquidaci¨®n de los presupuestos con toda la informaci¨®n que sea necesaria. El Gobierno no lo hizo desde 1999 hasta mayo de este a?o.

El Parlamento constituy¨® a propuesta del PSE-EE, y en contra de la voluntad de los tres partidos del Ejecutivo, una ponencia para que estudiara la modificaci¨®n del r¨¦gimen presupuestario de la comunidad aut¨®noma. Todas las modificaciones buscan dotar de una mayor "transparencia" la gesti¨®n de las cuentas p¨²blicas. Este grupo de trabajo termin¨® su tarea el jueves. Los partidos del tripartito se avinieron a un acuerdo que, al final, ha girado fundamentalmente en torno a propuestas del PP. El Gobierno deber¨¢ recoger hasta 16 directrices en un proyecto de ley que modifique la vigente Ley de R¨¦gimen Presupuestario.

Muchas de las modificaciones responden a las carencias y defectos de la regulaci¨®n presupuestaria en vigor sobre los que la oposici¨®n ha venido reclamando hist¨®ricamente en la C¨¢mara. Por ejemplo, el Ejecutivo deber¨¢ obligarse en dicho proyecto de reforma a incluir los remanentes de tesorer¨ªa en la documentaci¨®n que acompa?a a los presupuestos de cada a?o. Tambi¨¦n deber¨¢ explicitar su uso.

Otra de las cuestiones a las que el Gobierno tendr¨¢ que dar respuesta es a la exigencia de la oposici¨®n de que realice una clasificaci¨®n territorial del gasto. As¨ª, la Ley de R¨¦gimen Presupuestario modificada incluir¨¢ con claridad el deber del Gobierno de incluir, con cada proyecto de ley de presupuestos y con cada liquidaci¨®n posterior, esa especificaci¨®n de lo gastado en ?lava, Guip¨²zcoa y Vizcaya de modo separado. Adem¨¢s, tendr¨¢ que explicar los criterios que ha utilizado para el reparto y justificar las partidas en las que considere que esa clasificaci¨®n por provincias le resulta imposible de realizar.

Igualmente, el tripartito accedi¨® a la creaci¨®n de una Oficina Presupuestaria en el Parlamento, que deber¨¢ ponerse al servicio y asesoramiento de la labor de control de la oposici¨®n.

Las directrices a las que el Gobierno deber¨¢ atenerse incluyen indicaciones en cuesti¨®n de ingresos no previstos, de regulaci¨®n de las pr¨®rrogas presupuestarias, de coherencia en la contabilidad y del uso de mecanismos que permitan relacionar el gasto en pol¨ªticas p¨²blicas del Gobierno con el de otras instituciones, para facilitar de este modo el control de la planificaci¨®n y la coordinaci¨®n entre ellas.

La ponencia ha aprovechado incluso para dictar al Gobierno la indicaci¨®n de que preste "especial atenci¨®n" a la aplicaci¨®n de un lenguaje no sexista en la documentaci¨®n presupuestaria, tras e haber constatado que los textos del Departamento de Hacienda son de los menos cuidadosos en este aspecto.