Los jueces del Constitucional buscan el consenso para resolver la guerra del agua
El tribunal quiere llegar a una doctrina general en el recurso sobre el Estatuto valenciano
El Pleno del Tribunal Constitucional est¨¢ intentando buscar la unanimidad de los magistrados en la sentencia sobre el Estatuto valenciano impugnado por las comunidades aut¨®nomas de Arag¨®n y Castilla-La Mancha, al tiempo que trata de elaborar una doctrina que sirva para todos los estatutos implicados en la denominada guerra del agua, seg¨²n han informado fuentes del alto tribunal. Aunque las posiciones de partida est¨¢n enfrentadas sobre el texto de la ponencia, magistrados de ambos sectores intentan un acercamiento en busca del consenso sobre las sentencias.
El Pleno que estudia ambos recursos est¨¢ integrado por todos los magistrados del Constitucional y lo encabeza la presidenta, Mar¨ªa Emilia Casas. El pasado lunes comenzaron las deliberaciones sobre la ponencia de la magistrada progresista Elisa P¨¦rez Vera, favorable a la constitucionalidad del art¨ªculo 17 del Estatuto de la Comunidad de Valencia, por el que la comunidad se garantiza los excedentes de otras cuencas. Dado que los recursos de Arag¨®n y Castilla-La Mancha contra el Estatuto valenciano no se han acumulado, habr¨¢ dos sentencias. La ponencia de la segunda corresponde al magistrado conservador Javier Delgado Barrio, y se deliberar¨¢ despu¨¦s de la de P¨¦rez Vera.
Las posiciones de partida sobre la sentencia estaban divididas en los dos bloques habituales: seis conservadores contrarios a la ponencia frente a los seis progresistas, incluida la presidenta, que respaldan el texto de P¨¦rez Vera, favorable a la constitucionalidad del Estatuto valenciano.
Tras la primera semana de pleno jurisdiccional sobre el Estatuto, los magistrados siguen debatiendo cuestiones preliminares, pero se han producido intentos de acercamiento por ambas partes e incluso dos magistrados del sector conservador se han mostrado receptivos a cuestiones planteadas por los progresistas.
Sin embargo, y a pesar de que por ahora se avanza a buen ritmo, fuentes del Tribunal estiman que "llegar¨¢n las discrepancias" y la sentencia tardar¨¢ a¨²n, puede que hasta Navidad. Sobre el espinoso tema del agua resulta muy dif¨ªcil conciliar el inter¨¦s de las comunidades con sus convecinas.
Una sentencia-tipo
El Tribunal quiere obtener una sentencia-tipo que siente doctrina para resolver el chaparr¨®n de impugnaciones que han dirigido unas comunidades contra otras por el aprovechamiento de los recursos h¨ªdricos. El problema es que una doctrina que pudiera ser aceptada por un sector del Constitucional para el Estatuto valenciano tendr¨ªa que servir despu¨¦s para el Estatuto catal¨¢n, lo que genera m¨¢s reticencias.
Incluso en el tipo de sentencia a dictar existen matizaciones ya que, como dijo uno de los magistrados del alto tribunal, mientras unos quieren "una sentencia a gran orquesta", otros son partidarios de otra m¨¢s breve y sint¨¦tica, "de las de sota, caballo y rey".
No obstante, el Constitucional parece decidido a no escatimar esfuerzos y frente a la costumbre de celebrar pleno jurisdiccional en semanas alternas, ha habilitado tambi¨¦n esta semana, adem¨¢s de la pasada, para continuar las deliberaciones del Estatuto valenciano. Hoy y el pr¨®ximo mi¨¦rcoles seguir¨¢n con el Estatuto y ma?ana martes abordar¨¢n la estimaci¨®n de las abstenciones de la presidenta Mar¨ªa Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jim¨¦nez del recurso del PP contra la ley org¨¢nica del Tribunal Constitucional (LOTC), sobre un texto que debe presentar al Pleno el magistrado Pablo P¨¦rez Tremps.
El art¨ªculo 17.1 del Estatuto de la Comunidad de Valencia, impugnado por Arag¨®n y por Castilla-La Mancha, establece: "Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer de abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribuci¨®n de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constituci¨®n y la legislaci¨®n estatal".
Los aragoneses ven en ese art¨ªculo un intento de aprovechamiento del Ebro por parte de los valencianos, cuesti¨®n innegociable para el Gobierno aragon¨¦s, para el que no es de recibo que Valencia "intente aprovecharse de las aguas sobrantes de una cuenca sin contar para nada con la regi¨®n afectada".
Cuencas lim¨ªtrofes
A su vez, los castellano-manchegos recurrieron porque, seg¨²n su presidente, Jos¨¦ Mar¨ªa Barreda, la Comunidad Valenciana "se arrogaba todos los excedentes supuestos de las cuencas hidrogr¨¢ficas lim¨ªtrofes", en referencia al trasvase Tajo-Segura y a los embalses de la cabecera del Tajo.
En sus alegaciones a los recursos de inconstitucionalidad, el Gobierno central ha pedido al Constitucional que desestime los recursos de Arag¨®n y Castilla-La Mancha. El Abogado del Estado, que representa al Ejecutivo, niega en sus alegaciones que el art¨ªculo 17.1 del Estatuto valenciano obligue al Estado a redistribuir sobrantes para satisfacer con ellos al territorio valenciano. El Gobierno entiende que una norma de "aplicaci¨®n territorial limitada" como es el Estatuto no puede decidir "una cuesti¨®n que afecta a otros territorios o al conjunto del Estado".
El Ejecutivo central expone adem¨¢s que los derechos proclamados por el Estatuto valenciano no son fundamentales ni gozan de la protecci¨®n de ¨¦stos, sino que "simplemente vinculan a los poderes p¨²blicos auton¨®micos y locales de la comunidad valenciana". Por tanto, la proclamaci¨®n del derecho de los valencianos al abastecimiento de agua vincula a la Generalitat pero no significa que los valencianos tengan ning¨²n derecho absoluto o preferente en relaci¨®n con los dem¨¢s espa?oles.
Sobre otros motivos de inconstitucionalidad alegados por Arag¨®n y Castilla-La Mancha, el Abogado del Estado sostiene que las competencias asumidas por las comunidades han de estar en "el marco constitucional".
Primer asalto
La Constituci¨®n fija en su art¨ªculo 149.22 que es "competencia exclusiva" del Gobierno "la legislaci¨®n, ordenaci¨®n y concesi¨®n de recursos y aprovechamientos hidr¨¢ulicos cuando las aguas discurran por m¨¢s de una comunidad aut¨®noma". Y por eso los gestionan las confederaciones hidrogr¨¢ficas, del Ministerio de Medio Ambiente. Las cuencas que discurren por una sola comunidad ya est¨¢n cedidas a las autonom¨ªas y las comunidades han buscado, a trav¨¦s de sus estatutos, controlar en mayor o menor medida sus r¨ªos aunque atraviesen otras regiones.
De ah¨ª que haya 15 recursos de inconstitucionalidad, incluso entre comunidades del mismo partido, por el tema del agua. En los nuevos estatutos ya en vigor, Andaluc¨ªa se arroga la competencia sobre el Guadalquivir en su suelo, cuya cuenca abarca cuatro autonom¨ªas; Catalu?a deber¨¢ emitir un informe sobre cualquier posible trasvase y Valencia se atribuye el agua que sobre de otras cuencas. El aragon¨¦s "vela especialmente para evitar transferencias de aguas que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras". Castilla-La Mancha tramita uno en el que pone fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura.
El Gobierno trat¨® de aplacar estas demandas con una reforma de la Ley de Aguas, pero tras m¨¢s de dos a?os de elaboraci¨®n, en agosto paraliz¨® el texto antes incluso de enviarlo al Congreso.
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