El juez acusa a altos cargos en la ¨¦poca de CiU de cobrar comisiones a constructores
Un contratista pag¨® el 20% a una empresa de la Generalitat para poder rehabilitar viviendas
Pasqual Maragall se qued¨® muy corto cuando en febrero de 2005 acus¨® a CiU de cobrar comisiones del 3% en las obras p¨²blicas que contrataba. Un juez de Barcelona considera que en 2003 un constructor pag¨® comisiones del 20 % cuando trabaj¨® para Adigsa, una empresa de la Generalitat de Catalu?a que rehabilita viviendas sociales. Todos los directivos de Adigsa de aquella ¨¦poca est¨¢n a un paso de sentarse en el banquillo despu¨¦s de que el juez les haya acusado de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude, tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n y falsedad en documento oficial y mercantil.
La comisi¨®n pagada fue de 60.000 de euros. Otro constructor se neg¨® a la exigencia
Un acusado declar¨® que un hijo de Pujol conoc¨ªa los hechos, aunque luego se desdijo
El ¨®rdago que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, lanz¨® a CiU apenas dur¨® unos minutos porque los nacionalistas amenazaron con romper la baraja para reformar el Estatuto. Sin embargo, ajeno a esos vaivenes pol¨ªticos el fiscal jefe de Catalu?a de la ¨¦poca, Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, abri¨® diligencias al d¨ªa siguiente. Solicit¨® del tripartito toda la documentaci¨®n necesaria para verificar la acusaci¨®n realizada por Maragall y recibi¨® centenares de documentos intrascendentes. Al final, la investigaci¨®n qued¨® limitada a la empresa p¨²blica Adigsa, que hab¨ªa pasado a manos de Iniciativa per Catalunya Verds con el cambio de Gobierno.
La fiscal¨ªa se querell¨® y ahora, al cabo de dos a?os, el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona ha dado por concluida la investigaci¨®n y ha dictado un auto en el que aprecia la existencia de indicios de diversos delitos. El juez responsabiliza a ocho personas, entre ellas los m¨¢ximos responsables de Adigsa entre 2002 y 2004, cuando sucedieron los hechos.
Ferran Falc¨® y Josep Antoni Fondevila, en aquella ¨¦poca presidente y consejero delegado de Adigsa, respectivamente, figuran entre esa relaci¨®n de imputados. Falc¨® es actualmente primer teniente de alcalde por CiU en el Ayuntamiento de Badalona. Del mismo modo, el juez imputa al arquitecto Jordi Huguet, director t¨¦cnico de Adigsa, as¨ª como al responsable econ¨®mico de la compa?¨ªa, Xavier Sala.
El auto judicial, al que ha tenido acceso EL PA?S, relata numerosas irregularidades en el proceso administrativo de concesi¨®n de las obras para rehabilitar las viviendas de Adigsa. En teor¨ªa deb¨ªa elegirse entre tres ofertas posibles, pero en la pr¨¢ctica se concedieron a dedo a peque?os constructores a cambio del pago de comisiones y sin cumplimentar el tr¨¢mite administrativo necesario y legal.
El juez describe que Jos¨¦ Mar¨ªa Penin era "la persona alrededor de la que giraban todos los hechos objeto de investigaci¨®n, as¨ª como las irregularidades que se producen en relaci¨®n a los expedientes de contrataci¨®n". Penin nunca estuvo contratado por Adigsa, pero era quien "contactaba con los empresarios" y simulaba tener "cierto poder" en la empresa, afirma el juez. Era Penin quien llevaba a los empresarios a ver los pisos a rehabilitar y quienes les entregaba las llaves para que se iniciasen las obras "sin realizar ning¨²n tipo de expediente previo".
La resoluci¨®n judicial explica que Penin hac¨ªa empezar las obras a los empresarios con car¨¢cter de urgencia dentro del marco del llamado Pla Jove, "ideado y creado con la finalidad de captaci¨®n de votos por el partido en el Gobierno aut¨®nomo, Converg¨¨ncia i Uni¨®". Cuando las obras se estaban acabando o ya estaban acabadas, sigue relatando el magistrado, "se hac¨ªa toda la documentaci¨®n del expediente de forma ficticia, como si hubiera habido ofertas de varias empresas con la finalidad de darle apariencia legal". Siguiendo su relato de los hechos, el juez precisa que fue precisamente Penin quien le pidi¨® al constructor aut¨®nomo Juan Antonio Salguero S¨¢nchez "que cargue en las facturas que confeccione un 20% m¨¢s de lo que corresponder¨ªa". De esta manera, el juez asegura que Penin y su cu?ado, el tambi¨¦n imputado Jordi Honrubia, cobraron a Salguero "comisiones por importe de 60.000 euros".
Tambi¨¦n asegura que Honrubia factur¨® 48.000 euros por una obra realizada por Salguero y que se intent¨® que el tambi¨¦n constructor A. Jim¨¦nez abonase 3.000 euros en concepto de comisi¨®n por cada uno de los pisos que se le adjudicaban para rehabilitar.
Cuando la fiscal¨ªa abri¨® diligencias, Penin declar¨® que el entonces consejero de Pol¨ªtica Territorial y Obras P¨²blicas, Felip Puig, ahora portavoz de CiU en el Parlamento catal¨¢n
estaban al corriente de lo que suced¨ªa en Adigsa. Tambi¨¦n explic¨® que los hechos eran conocidos por Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat. Sin embargo, cuando meses despu¨¦s compareci¨® ante el juez, Penin se desdijo y exculp¨® a Puig.
El juez considera probado que Penin cobr¨® de Adigsa 28.895 euros entre los meses de abril y octubre de 2003 por tasaciones de viviendas no realizadas. A?ade el magistrado que Penin era la persona que deb¨ªa realizar las tasaciones de las obras que se ten¨ªan que realizar en las viviendas que gestiona Adigsa, pero no consta que se haya realizado ninguna de ellas.
La resoluci¨®n del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona est¨¢ fechada el 28 de junio, pero no fue notificada a las partes hasta hace apenas unos d¨ªas. Las defensas anunciaron ayer que presentar¨ªan recurso contra esa decisi¨®n y que reclamar¨¢n del juez que se practiquen nuevas pruebas. Primero, ante el propio juzgado y posteriormente ante la Audiencia de Barcelona. Mientras no se resuelvan esos recursos la tramitaci¨®n judicial del caso quedar¨¢ paralizada. Esa funci¨®n de retraso en el proceso judicial es la que en la pr¨¢ctica comporta pr¨¢cticamente siempre la presentaci¨®n de esos recursos, que acaban siendo rechazados.
Si en esta ocasi¨®n vuelve a ocurrir lo mismo, la fiscal¨ªa tendr¨ªa entonces despejado el camino para presentar escrito de acusaci¨®n y pedir la apertura de juicio oral. El juez atender¨¢ entonces la petici¨®n y los ocho acusados se sentar¨¢n en el banquillo para responder de su actuaci¨®n.
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