La Junta insiste en que legalizar 18.000 viviendas en Marbella exige compensaciones

El sistema de compensaciones contenido en el nuevo Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Marbella, que ha recibido unas 6.000 akegaciones de ciudadanos, aventura un nuevo cap¨ªtulo de desencuentro entre el Gobierno municipal y la Junta. Mientras que la alcaldesa, ?ngeles Mu?oz, sostiene que no se puede hacer pagar al comprador de las viviendas por las ilegalidades cometidas en los ¨²ltimos 15 a?os, la administraci¨®n auton¨®mica sostiene que s¨®lo es posible la legalizaci¨®n de las casas mediante compensaciones y que en ning¨²n caso puede contemplarse una amnist¨ªa

Las 6.000 alegaciones presentadas al nuevo PGOU de Marbella han sido recibidas por la Junta como un s¨ªntoma de alta participaci¨®n ciudadana y ganas de debatir sobre el documento ideado para solucionar los problemas urban¨ªsticos acumulados por la ciudad en los ¨²ltimos 15 a?os. El director de la oficina de Planeamiento de la Junta, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Povedano, asegur¨® ayer que las 2.000 personas que se manifestaron el lunes contra el sistema de compensaciones que establece el documento para regularizar 18.000 viviendas ilegales representan s¨®lo a una parte de Marbella e insisti¨® en que no hay otra f¨®rmula legal para hacerlo. "Hay una ciudad que ha sido esquilmada de sus suelos p¨²blicos, a la que hay que restituir con zonas verdes y de equipamiento", explic¨®. En la misma ciudad residen y trabajan los miembros de las organizaciones como Ecologistas en Acci¨®n o asociaciones vecinales que han luchado durante m¨¢s de una d¨¦cada para que se restablezca la legalidad urban¨ªstica, a?adi¨® Ruiz Povedano.

La Junta ha redactado el PGOU en el tiempo en que tuvo retenidas las competencias de planeamiento urban¨ªstico a Marbella, devueltas tras las pasadas elecciones municipales. Ruiz Povedano incidi¨® en que el documento se ha creado para solucionar problemas, no para crearlos. Record¨® que las carencias y desmanes urban¨ªsticos se han acumulado durante 15 a?os de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), por lo que no se puede aspirar a una resoluci¨®n instant¨¢nea. "La situaci¨®n es compleja, pero tenemos cuatro a?os para gestionarla y encontrar la f¨®rmula", dijo.

La Junta de Andaluc¨ªa y el Ayuntamiento de Marbella coinciden en que la aprobaci¨®n del PGOU es imprescindible para el futuro de la ciudad. Aseguran que proporcionar¨¢ seguridad jur¨ªdica y urban¨ªstica, tranquilizar¨¢ a los vecinos y servir¨¢ para relanzar econ¨®micamente la ciudad.

Pero no tienen la misma percepci¨®n sobre la idoneidad del sistema de compensaciones. El redactor del PGOU, el arquitecto Manuel Gonz¨¢lez Fustegueras, ha dejado muy claro que las 18.000 viviendas que se proponen legalizar llevan aparejadas las cargas urban¨ªsticas, y que si no est¨¢ el promotor para responder por ellas tendr¨¢n que asumirlas los propietarios. Ruiz Povedano ha aconsejado a los afectados que se constituyan en plataformas y que reclamen a los promotores, obligados a aportar esos terrenos en los dos a?os siguientes a la aprobaci¨®n del PGOU.

La alcaldesa ?ngeles Mu?oz (PP) se niega a permitir que sean los compradores de buena fe quienes paguen los terrenos para zonas verdes o de equipamientos: "No se puede cargar al comprador ni obligarle a asumir responsabilidades que competen a las administraciones", ha declarado.

La regidora asegura que gran parte de las 6.000 alegaciones presentadas son de propietarios de viviendas ilegales. En los pr¨®ximos meses, sus t¨¦cnicos deben analizarlas, clasificarlas, y proponer una serie de cambios en el PGOU, que se aprobar¨¢n de forma provisional en un pleno, pero la aprobaci¨®n definitiva del documento corresponde a la Junta. Ruiz Povedano se ha ofrecido a ayudar. "Hay que analizar esas alegaciones en profundidad y veremos que respuesta conviene dar. Estoy seguro de que muchas buscan mejorar el documento".

Ambas administraciones prev¨¦n meses de trabajo intenso para buscar soluciones y elementos que no alteren la tramitaci¨®n del plan. Quieren tener aprobado definitivamente entre el verano y el oto?o de 2008.

La posible creaci¨®n de una oficina de servicios jur¨ªdicos gratuitos para afectados por el sistema de compensaciones, propuesta por la agrupaci¨®n socialista, es otro de los aspectos que tendr¨¢n que negociar. Las dos administraciones lo ven bien, pero hay matices. La alcaldesa pide que la Junta quien lo financie, mientras que en la Oficina del PGOU aseguran que la tramitaci¨®n y la gesti¨®n del plan urban¨ªstico es algo "estrictamente municipal". "Debemos hacer el esfuerzo y hablarlo", apunt¨® Ruiz Povedano.