Otra vuelta de tuerca

Los Servicios Jur¨ªdicos del Estado presentaron el pasado viernes -en cumplimiento de un acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el mismo d¨ªa- un escrito ante el Constitucional para apartar a los magistrados Garc¨ªa-Calvo y Rodr¨ªguez-Zapata del recurso interpuesto por el Partido Popular contra dos preceptos de la ley de 24 de mayo de 2007 que reforma la norma reguladora de la instituci¨®n (LOTC). La recusaci¨®n en marcha es otra vuelta de tuerca en la lucha sin cuartel librada dentro y fuera del tribunal con el prop¨®sito de sustituir a su actual presidenta.

El objetivo inicial del Tribunal Constitucional (TC), materializado en gran medida bajo el mandato de sus primeros presidentes (Manuel Garc¨ªa Pelayo y Francisco Tom¨¢s y Valiente), situ¨® a la instituci¨®n por encima de los intereses partidistas y le encomend¨® una triple tarea: la expulsi¨®n del ordenamiento jur¨ªdico de las disposiciones normativas contrarias al texto constitucional, el amparo de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos y el arbitrio de los conflictos de competencia entre la Administraci¨®n central y las comunidades aut¨®nomas. Pero la independencia de la instituci¨®n est¨¢ sufriendo un paulatino deterioro desde los tiempos de Aznar y se halla ahora en serio peligro. Los dos grandes partidos de ¨¢mbito estatal, ayudados por las asociaciones judiciales afines, tratan cada vez con mayor descaro de usar como correas de transmisi¨®n a los magistrados del TC: ocho elegidos por el Parlamento con mayor¨ªa cualificada de los 3/5, dos por el Consejo General del Poder Judicial y otros dos por el Gobierno. A este respecto, la humillante rega?ina a la que fue sometida la presidenta Casas por la vicepresidenta del Gobierno en una tribuna del desfile militar del pasado 12 de octubre result¨® un espect¨¢culo escandaloso, causante de sonrojo personal e institucional.

La direcci¨®n de los partidos no parece exigir a los candidatos prestigio profesional, competencia jur¨ªdica y criterio firme sino militancia ideol¨®gica, car¨¢cter disciplinado y obediencia pol¨ªtica. Aunque la reforma de la LOTC ordena la comparecencia previa ante las respectivas comisiones parlamentarias de los candidatos designados por el Congreso o el Senado, hasta ahora los dos partidos capaces de alcanzar la mayor¨ªa cualificada en ambas C¨¢maras -socialistas y populares- hab¨ªan venido negociando sus cuotas respectivas como casilleros en blanco, rellenados luego libremente a veces para pagar facturas pendientes y siempre para asegurarse fidelidades ciegas.

Tras la desleal recusaci¨®n de que fue v¨ªctima el pasado mes de febrero Pablo P¨¦rez-Tremps con el fin de apartarle del conocimiento del recurso contra el Estatuto de Catalu?a, la agenda oculta del bloque de magistrados afines al PP -la mitad del TC- aspira a conquistar la presidencia de la instituci¨®n, cargo que permite fijar el calendario de los debates y deshacer los eventuales empates mediante el voto de calidad. El primer paso ser¨ªa conseguir el lanzamiento domiciliario de la actual inquilina. El auto que acept¨® la semana pasada la abstenci¨®n de Casas para conocer el recurso del PP contra la ley de reforma de la LOTC resolvi¨® que la actual presidenta no podr¨¢ intervenir en el debate sobre la pr¨®rroga legal de los mandatos presidenciales (hasta que concluya la renovaci¨®n del tribunal), implantada ya como costumbre. Comenz¨® as¨ª la cuenta atr¨¢s para que el pleno purgado de diez miembros acepte el recurso del PP y Casas -su mandato venci¨® formalmente en junio- sea sustituida en la presidencia por un colega conservador.

La recusaci¨®n del Gobierno trata evidentemente de impedir ese desenlace. Si la impugnaci¨®n de los dos magistrados tuviese ¨¦xito, el recurso del PP contra la reforma de la LOTC podr¨ªa ser rechazado y el mandato de la presidenta quedar¨ªa prorrogado autom¨¢ticamente, tal y como establece la ley org¨¢nica de 24 de mayo de 2007. Sin duda, es la hip¨®tesis m¨¢s probable. Pero as¨ª como los fundamentos jur¨ªdicos del auto que admiti¨® torticeramente la abstenci¨®n de Casas guardaban escasa relaci¨®n con el mundo del derecho y sonaban de manera preocupante a simple intriga pol¨ªtica, ese pron¨®stico a favor de la recusaci¨®n no descansa sobre razonamientos legales sino sobre el an¨¢lisis de las relaciones de fuerza.

La segunda purga dejar¨ªa al Pleno del TC reducido a s¨®lo ocho magistrados: con dos miembros abstenidos a la fuerza (Casas y Jim¨¦nez) y otros dos recusados igualmente contra sus deseos (Garc¨ªa-Calvo y Rodr¨ªguez-Zapata). La disminuci¨®n del bloque conservador -como la piel de zapa balzaquiana- hasta contar s¨®lo con tres magistrados dar¨ªa a sus cinco colegas afines al Gobierno la oportunidad de imponer su criterio. Dado que el art¨ªculo 14 de la LOTC exige la presencia de dos tercios de sus miembros para que el Pleno pueda adoptar acuerdos, la cifra de ocho magistrados es el qu¨®rum m¨ªnimo; cualquier baja por enfermedad -como sucedi¨® ayer con Salas y P¨¦rez Tremps- bloquear¨ªa su funcionamiento.