Quien contamina paga

Con la reciente aprobaci¨®n de la esperada Ley de Responsabilidad Ambiental, apoyada en el principio de que "quien contamina paga", Espa?a se dota por primera vez en su historia de una normativa que pondr¨¢ precio al deterioro del medio ambiente y obligar¨¢ al infractor a pagar por los da?os ocasionados al entorno con el fin de repararlo.

Se trata, sin duda, de uno de los grandes logros de la legislatura en materia de protecci¨®n del medio ambiente. La pena, la rabia incluso, es que hayan tenido que pasar casi 30 a?os y casos tan graves como los de Aznalc¨®llar, el Prestige o Flix, entre muchos otros, sin escarmiento.

Porque lo que acaba de aprobar el Parlamento obedece a lo recogido ya en el art¨ªculo 45 de nuestra Constituci¨®n, donde se establece que "los poderes p¨²blicos velar¨¢n por la utilizaci¨®n racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente" y que "se establecer¨¢n sanciones penales o, en su caso, administrativas, as¨ª como la obligaci¨®n de reparar el da?o causado" para quienes incumplan lo dispuesto.

La ley obliga a disponer de los recursos para hacer frente a posibles da?os ecol¨®gicos

Insisto, 30 a?os para poner fin a la barra libre con la que se han venido manejando los especuladores del desarrollismo insostenible. Tres d¨¦cadas de discusiones para decretar por ley que contaminar no es progresar y que no podemos expropiar a las generaciones futuras del entorno. Muy triste. Pero en cualquier caso, ya la tenemos aprobada y ya podemos recurrir a ella en contra del bandolerismo medioambiental.

Con la nueva ley en vigor, las empresas cuya actividad industrial pueda alterar el equilibrio o la calidad ambiental del entorno, aunque cumplan con la normativa vigente en materia de prevenci¨®n, deber¨¢n demostrar que disponen de los recursos econ¨®micos necesarios para hacer frente a los da?os ecol¨®gicos que pudieran ocasionar. Una responsabilidad que ser¨¢, adem¨¢s, ilimitada.

?Se imaginan la utilidad de esta ley en casos como el de la rotura de la balsa de lodos de la mina de Aznalc¨®llar en 1998? Aquel accidente, calificado como uno de los mayores desastres ecol¨®gicos de la historia de Espa?a, provoc¨® unos da?os ambientales incalculables al liberar toneladas de ponzo?a t¨®xica en el entorno del Parque Nacional de Do?ana. La empresa, que estaba avisada y que actu¨® con una total falta de previsi¨®n, se declar¨® insolvente tras el accidente y los costes de restauraci¨®n fueron finalmente cubiertos con los presupuestos del Estado. Es decir, con su dinero y el m¨ªo.

Y es que los desembolsos por reparaci¨®n de da?os ambientales generan una de las partidas m¨¢s elevadas del Gobierno en los presupuestos destinados al Ministerio de Medio Ambiente. Estamos hablando de casi 200 millones de euros, a los que deber¨ªamos a?adir la "factura" de Aznalc¨®llar (75 millones de euros) y la de la descontaminaci¨®n de Flix (155 millones m¨¢s).

Las compa?¨ªas responsables y con vocaci¨®n de futuro hace tiempo que han incorporado los valores ambientales a su estrategia de desarrollo. La producci¨®n limpia est¨¢ convirti¨¦ndose, no ya en una oportunidad de modernizaci¨®n empresarial (que tambi¨¦n), sino en un factor de competitividad. Y no hablo s¨®lo de la obtenci¨®n de certificados, sino de aut¨¦nticos compromisos de desarrollo sostenible.

Pero existen todav¨ªa algunos dinosaurios mercantiles que, desde diferentes sectores, siguen entendiendo su relaci¨®n con el medio ambiente como una carrera de obst¨¢culos que hay que salvar. Son aquellos empresarios que han pervertido el mensaje pasando del "quien contamina paga" al "como pago, contamino" y que recurren en ¨²ltimo t¨¦rmino a la deslocalizaci¨®n cuando se sienten acosados.

Por eso algunas entidades como Ecologistas en Acci¨®n advierten del riesgo que puede suponer ahora que esas empresas decidan desplazarse fuera del Estado para perpetrar sus actividades en territorio ajeno y, liberadas de esta nueva Ley de Responsabilidad Ambiental, seguir creciendo a costa del entorno, esta vez de los otros.

En todo caso, y a pesar de los vac¨ªos que pueda dejar, la mayor parte de los agentes sociales que trabajan a favor del medio ambiente consideran la aprobaci¨®n de esta nueva ley como un paso positivo en el camino hacia un desarrollo industrial m¨¢s limpio y sostenible. L¨¢stima que hayamos tardado tantos a?os en obtenerla.

Jos¨¦ Luis Gallego es periodista ambiental y escritor