La Diputaci¨®n tendr¨¢ en dos meses nuevos datos sobre el fraude de Ir¨²n

El Departamento de Hacienda y Finanzas de Guip¨²zcoa espera tener en un plazo de dos meses m¨¢s datos sobre el fraude en la oficina tributaria de Ir¨²n. A mediados de septiembre decidi¨® ampliar la investigaci¨®n y empez¨® a inspeccionar 150 nuevos expedientes tramitados entre 1991 y 2001. Tom¨® esta decisi¨®n al entender que existen "indicios m¨¢s que razonables" para pensar que en ese tiempo se pudieron dar situaciones irregulares. La Diputaci¨®n se ha remontado a principios de los a?os noventa porque fue entonces cuando Jos¨¦ Mar¨ªa Bravo, el principal imputado en el caso, se hizo cargo de la direcci¨®n de la oficina de la localidad fronteriza.

Siete funcionarios trabajan ahora en la investigaci¨®n de la estafa, seg¨²n detall¨® ayer el diputado de Hacienda, Pello Gonz¨¢lez. Dos de ellos se dedican a tiempo completo a revisar los 150 expedientes citados, que no fueron incluidos en la investigaci¨®n inicial de la Fiscal¨ªa, pero que ser¨¢n remitidos al Ministerio P¨²blico si la Diputaci¨®n encuentra irregularidades. El resto del equipo colabora con la Fiscal¨ªa y la juez del caso para aclarar cuestiones t¨¦cnicas.

Otros dos contribuyentes testificaron ayer que realizaron pagos al ex director de la Hacienda de Ir¨²n, quien supuestamente se embols¨® el dinero. M. J. L. ten¨ªa una deuda de 222.000 euros. Habl¨® con Bravo y ¨¦ste le dijo que le pagara en efectivo y en varios plazos 101.570 euros. Tras el abono, la funcionaria Pilar Gracenea, otra de las imputadas, dio de baja la deuda por insolvencia, seg¨²n indicaron fuentes cercanas al caso. A M. R. G. le notificaron una deuda de 144.000 euros y entreg¨® un cheque por valor de 30.000 a Bravo. Esta cantidad fue a parar a Ulki, una sociedad que pertenec¨ªa al propio Bravo y a su socio Pedro Mar¨ªa Atristain, tambi¨¦n imputado.