Un proceso lento y dif¨ªcil de probar

Los especialistas en Derecho Administrativo coinciden en que las deficiencias en el servicio de Renfe podr¨ªan dar pie a una reclamaci¨®n judicial por responsabilidad patrimonial del Estado, pero tambi¨¦n precisan que es un proceso lento y dific¨ªl.

Lento, porque antes de plantear una demanda judicial se ha de reclamar al propio Estado el perjuicio causado, de manera individualizada y con pruebas. En ¨¦ste, adem¨¢s de los billetes de tren, los importes de los taxis que han tenido que abonar los perjudicados, los certificados de la empresa que justifican el retraso y otro tipo de documentos. De ah¨ª la dificultad. S¨®lo cuando la Administraci¨®n rechaza esa reclamaci¨®n se puede acudir a la v¨ªa contencioso-administrativa, pero habr¨¢ que probar de nuevo el perjuicio que se invoca.

La situaci¨®n no es equiparable a la que se vivi¨® con los apagones del pasado mes de julio, explica un magistrado del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. "All¨ª hab¨ªa un contrato con una empresa suministradora que se incumpli¨®, mientras que aqu¨ª el tren no ha dejado tirados a los ciudadanos", precisa ese juez. "Es un derecho que los trenes funcionen bien, pero no hay un v¨ªnculo contractual. No basta con comprar el billete", dice.

Manuel Ballb¨¦, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona, explica que "no es f¨¢cil demostrar ante un tribunal la causa-efecto del perjuicio causado por Renfe". Tampoco ser¨ªa descartable una demanda colectiva de los afectados, pero Ballb¨¦ insiste en que el perjuicio ha de ser individual. Incluso la Generalitat se podr¨ªa plantear una demanda colectiva, "si puede acreditar un da?o a sus arcas p¨²blicas por el mal funcionamiento de Renfe". Ser¨ªa una acci¨®n similar a la que ha planteado la Junta de Andaluc¨ªa al reclamar del Estado 1,7 millones de euros por los gastos sanitarios de 135 v¨ªctimas del tabaquismo.