Los inmigrantes podr¨¢n acceder a una renta b¨¢sica de 374 euros

La ley de Inclusi¨®n Social de Andaluc¨ªa, en la que se regula la percepci¨®n de una renta b¨¢sica, inici¨® ayer su tramitaci¨®n en el ¨¢mbito del Gobierno, aunque es imposible su aprobaci¨®n por parte del Parlamento antes del fin de la legislatura. El PSOE, en su programa electoral, recoger¨¢ las propuestas de la futura norma, reconocieron fuentes de este partido. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, se comprometi¨® en junio pasado a remitir "en breve" a la C¨¢mara el proyecto de ley.

Seg¨²n la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, el retraso se debe a la "complejidad" de la ley.

El proyecto plantea un amplio paquete de medidas en todos los ¨¢mbitos (educaci¨®n, salud, vivienda, empleo) para evitar la exclusi¨®n social, pero la m¨¢s llamativa es la de la renta b¨¢sica recogida en el art¨ªculo 23 del Estatuto de Autonom¨ªa.

La ley consagrar¨¢ como un derecho la percepci¨®n de una ayuda econ¨®mica a aquellas personas que lo necesiten, incluidos los inmigrantes, que acrediten estar empadronadas en un municipio de la comunidad al menos 24 meses antes de presentar la solicitud.

Los posibles perceptores ser¨¢n los cabezas de familia con ingresos mensuales inferiores al 75% del Indicador P¨²blico de Renta de Efectos M¨²ltiples (IPREM, el antiguo salario m¨ªnimo interprofesional), es decir, 374 euros. Esta cantidad ser¨¢ el m¨ªnimo que podr¨¢n recibir y que se incrementa hasta un 8% por cada miembro de la familia del solicitante hasta un tope m¨¢ximo del 100% del citado indicador, estipulado en este momento en 499,20 euros.

Cada perceptor deber¨¢ firmar un convenio con un plan de inserci¨®n individualizado cuyas medidas estar¨¢ obligado a cumplir para salir de la situaci¨®n de exclusi¨®n. "Queremos invertir de forma eficaz y para revertir situaciones. Establecemos un derecho pero tambi¨¦n obligaciones", subray¨® Micaela Navarro.

La memoria econ¨®mica del proyecto estima que la aplicaci¨®n de la ley en su primer a?o es de 800 millones de euros, de los que 177 corresponder¨ªan a la renta b¨¢sica.

La Junta gast¨® en 2006, ¨²ltimo a?o completo de referencia, 36,3 millones de euros en asegurar el salario social a 16.574 personas (perciben al mes 335 euros, el 60% del IPREM).

Tambi¨¦n sin tiempo para tramitarse, el Gobierno aprob¨® ayer para su remisi¨®n al Parlamento la ley de mediaci¨®n de los conflictos familiares. La norma, que ya existe en otras comunidades, regular¨¢ el procedimiento extrajudicial para la resoluci¨®n de conflictos entre miembros de una familia a trav¨¦s de profesionales especializados.