Pena de banquillo

M¨¢s all¨¢ de sus efectos pol¨ªticos, el proceso abierto a instancias del Foro de Ermua y la Asociaci¨®n Dignidad y Justicia contra Ibarretxe y los dirigentes socialistas vascos Patxi L¨®pez y Rodolfo Ares, por sus reuniones con Arnaldo Otegi y otros dirigentes de la ilegalizada Batasuna, siempre ha planteado serias dudas sobre sus fundamentos jur¨ªdicos. Pero el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco ha optado por darle curso hasta llegar a un punto de no retorno: el lehendakari y los dos pol¨ªticos socialistas se sentar¨¢n en el banquillo, acusados de un delito de desobediencia, en grado de cooperadores necesarios, a la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo que ilegaliz¨® a Batasuna en marzo de 2003.

Que un gobernante sea encausado por una actividad pol¨ªtica que puede encontrar amparo en el cargo institucional que ejerce es un hecho an¨®malo desde la l¨®gica de divisi¨®n de poderes propia de una democracia. Y que habr¨ªa que evitar siempre, salvo que se constatara una manifiesta vulneraci¨®n de la ley. No parece ser el caso de Ibarretxe, L¨®pez y Ares. Al margen del car¨¢cter institucional o pol¨ªtico que cabe atribuir a sus reuniones, no aparece por ning¨²n lado la orden expresa que las proh¨ªba. Si esa orden no existe, ?c¨®mo se la puede desobedecer? La Ley de Partidos, cuya supuesta vulneraci¨®n est¨¢ en el origen del proceso, establece que la disoluci¨®n de un partido implica "el cese de toda actividad" del mismo, y que el incumplimiento de esa disposici¨®n dar¨¢ lugar a responsabilidades penales. Nada hay en la ley que indique que esa responsabilidad sea exigible a personas que se re¨²nan con miembros del partido disuelto, los cuales, por otra parte, conservan sus derechos civiles y pol¨ªticos.

El Tribunal Supremo ya ech¨® mano de esta doctrina para desbaratar una iniciativa parecida del mal llamado sindicato Manos Limpias para encausar a Zapatero y a su Gobierno por haber autorizado el encuentro de L¨®pez con Otegi en julio de 2006. Pero a¨²n dio un paso m¨¢s: tild¨® de "fraude constitucional" la interferencia en la acci¨®n del Gobierno mediante iniciativas penales (a trav¨¦s, por ejemplo, de la acusaci¨®n popular), que buscan sustituir al Parlamento por los tribunales como instituci¨®n de control pol¨ªtico.

Que las reuniones con Otegi y compa?¨ªa fueran pol¨ªticamente discutibles no significa que sean delito. Pretender que lo sean, en contra del Supremo y del dictamen contrario del ministerio fiscal y a iniciativa de asociaciones que mantienen una leg¨ªtima pero militante actitud contra la pol¨ªtica antiterrorista del Gobierno, no s¨®lo es jur¨ªdicamente arriesgado, sino causa de tensiones institucionales contraproducentes. Tensiones que no justifican las descalificaciones del PNV contra los jueces en defensa de su dirigente. El sistema judicial tiene capacidad para corregir sus propios errores o disparates. As¨ª ser¨¢ en este caso, aunque Ibarretxe, L¨®pez y Ares tengan que pagar una injusta y anticipada pena de banquillo.