10.000 casos colapsan los juzgados de violencia machista

Jaume L. est¨¢ separado. Un viernes de hace unas semanas le telefonearon los Mossos d'Esquadra para que se presentara en la comisar¨ªa. Su ex esposa, T. C., le hab¨ªa denunciado por amenazas. El hombre explic¨® que ten¨ªa a las ni?as ese fin de semana y pidi¨® un aplazamiento para el lunes. Despu¨¦s de algunos titubeos de la polic¨ªa, se present¨® en la noche del domingo, cuando las ni?as ya hab¨ªan vuelto con su madre.

Declar¨® y qued¨® en libertad. Al d¨ªa siguiente acudi¨® al juzgado de violencia sobre la mujer y la denuncia inicial qued¨® reducida a una falta. De ella contra ¨¦l y de ¨¦l contra ella, con la misma prueba en ambos casos: los correos electr¨®nicos que se cruzaron y que evidencian su enemistad. Unos d¨ªas despu¨¦s, el caso se archiv¨® sin juicio por mutuo acuerdo. Jaume L. tuvo suerte. Lo habitual es que acabara detenido e inmerso en un proceso de meses. Una nimia denuncia de la ex esposa de Jaume L. moviliz¨® a la polic¨ªa y la justicia en aplicaci¨®n de la Ley de Violencia sobre la Mujer. Miles y miles de casos colapsan los juzgados de Catalu?a, que empezaron a funcionar el 29 de junio de 2005. S¨®lo en los cuatro juzgados especializados de la ciudad de Barcelona hay ya m¨¢s de 4.000 asuntos penales en tr¨¢mite. En toda Catalu?a, est¨¢n en los 10.000.

Algunas denuncias acaban en simples faltas y son archivadas

"Un alto porcentaje de las denuncias no responden a los fines que trata de combatir la ley y no tienen justificaci¨®n". Es la opini¨®n de Ignacio de Torres, que fue durante casi dos a?os titular del Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 7 de Cerdanyola. Adem¨¢s de los casos civiles y penales, se encargaba de tramitar todas las denuncias de violencia machista de su partido judicial.

"Hay un aumento de las denuncias, pero son denuncias que no llevan a nada, que lo ¨²nico que hacen es criminalizar las relaciones de pareja", a?ade el juez De Torres, quien, en cuanto pudo, se march¨® de ese juzgado. Lo mismo que han hecho todos los jueces de Catalu?a que fueron destinados a esos juzgados, excepto en un caso.

Es el de Francisca Verdejo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n¨²mero 2 de Barcelona, que tiene una visi¨®n muy distinta. En su opini¨®n, la ley que est¨¢ aplicando es buena y positiva y est¨¢ ayudando a combatir el problema de la violencia machista. "La respuesta penal es necesaria para intimidar, pero no es suficiente", explica esta juez.

Ella es una juez at¨ªpica. Asegura que le apasiona el trabajo que realiza, pr¨¢cticamente vive por y para el juzgado y reconoce que los medios de que dispone s¨®lo est¨¢n al alcance de muy pocos jueces en Espa?a: en Barcelona hay un equipo de polic¨ªa judicial en el mismo edificio de los juzgados, equipos psicosociales, un turno espec¨ªfico de abogados de oficio y fiscales especializados. Con todo, reconoce que los cuatro juzgados especializados que hay en la ciudad son insuficientes. "En Madrid acabar¨¢n el a?o con 10 y aqu¨ª tenemos una carga de trabajo parecida y s¨®lo se est¨¢ pidiendo uno m¨¢s", dice.

Hace unos d¨ªas, Verdejo dej¨® listo para juicio un caso al uso, ocurrido en abril. Una pareja discuti¨®, se insultaron y amenazaron. Ella denunci¨® que ¨¦l le propin¨® un pu?etazo en el est¨®mago y present¨® un informe m¨¦dico. El hombre acabar¨¢ en el banquillo y ser¨¢ otro juez quien lo juzgue.

Verdejo cree que la ley penal es necesaria para combatir la violencia machista, pero "ha de ir acompa?ada de prevenci¨®n e informaci¨®n". En su opini¨®n, no existen denuncias falsas, sino falta de pruebas en muchos casos que obligan al juez a archivar el caso o absolver.Una condena por violencia machista lleva aparejada siempre una orden de alejamiento que impide al agresor acercarse a la v¨ªctima. As¨ª lo establece el C¨®digo Penal y as¨ª lo tienen que acordar los jueces, aunque cada vez surgen m¨¢s voces discrepantes entre los que imparten justicia. Ya son tantas que hasta la presidenta del Observatorio Contra la Violencia de G¨¦nero, Montserrat Comas, sugiri¨® hace unos d¨ªas en el Congreso una reforma legal para que la medida no sea autom¨¢tica y se estudie en cada caso.

La abogada Ester Omella considera que esa medida s¨®lo es efectiva "en un porcentaje m¨ªnimo de ocasiones" porque no impide que "determinados perfiles de agresores se acerquen a la v¨ªctima e incluso atenten contra su integridad f¨ªsica". La abogada tambi¨¦n recuerda que esa medida impide la reconciliaci¨®n de la pareja. El quebrantamiento de la orden puede suponer el inicio de un nuevo proceso penal y su ingreso en prisi¨®n, a no ser que el hombre regrese con la mujer a petici¨®n de ¨¦sta.

Otra cosa son las ¨®rdenes de protecci¨®n que dictan los jueces cuando se presenta una denuncia. Desde mediados de 2005 hasta el pasado 31 de marzo se solicitaron en Catalu?a 11.135 ¨®rdenes, de las que los jueces acordaron 7.845 (70%). Basta una coacci¨®n o una amenaza para justificar esta petici¨®n y que el juez la acuerde en poco menos de 72 horas, lo que puede comportar que el hombre tenga que abandonar el domicilio, que sea el juez quien decida sobre el r¨¦gimen de visitas de los hijos y fije una pensi¨®n para alimentos. Todo ello, provisionalmente, pero "despu¨¦s es muy dif¨ªcil de cambiar", afirma la letrada Omella.

Y es que el abuso del derecho penal, puede producir situaciones como las que explica el juez Ignacio de Torres, cuando una mujer acudi¨® a su juzgado para denunciar. "Quiero que me d¨¦ una orden de alejamiento", le reclam¨®. "?Usted sabe lo que es eso, se?ora?", replic¨® el juez. "No muy bien, pero mi vecina la tiene", replic¨® la denunciante. "Yo quiero una orden para ense?¨¢rsela a mi marido cuando venga borracho y no se me acerque", explica otra juez que le espet¨® una denunciante.

"Al principio se pensaba y se dec¨ªa que se usaba el proceso penal para obtener ventajas en el proceso civil de separaci¨®n", pero no es verdad, asegura la juez Francisca Verdejo. Su compa?ero de promoci¨®n Ignacio de Torres no lo ve as¨ª. "La igualdad entre hombres y mujeres no se consigue con leyes as¨ª".