Los centros de reforma tendr¨¢n m¨¢s control y evaluaciones peri¨®dicas

La gesti¨®n de los centros de internamiento de menores a veces ha ido acompa?ada de pol¨¦mica. En ese sentido, puede decirse que la Consejer¨ªa de Justicia y Administraci¨®n P¨²blica ha tenido suerte desde que, en 2004, asumi¨® esta competencia. Desde entonces no se ha producido ning¨²n episodio de fugas o denuncias en estos centros (hubo una en M¨¢laga en 2006 que se desestim¨®) donde van los mayores de 14 a?os y los menores de 18 a?os condenados por hechos delictivos. Los delitos por robo, robo con fuerza y robo con violencia suponen el porcentaje m¨¢s elevado de las infracciones (49%).

Solo uno de los centros de internamiento lo gestiona la Junta

La modificaci¨®n en 2006 de la Ley Org¨¢nica de Responsabilidad Penal de los Menores revis¨® muchas de las medidas aprobadas en 2000 como la entidad de los delitos, la edad de los menores infractores (la ley deja fuera a los j¨®venes con edades entre 18 y 21 a?os) y se le otorga a los jueces amplias facultades para individualizar las medidas que deba cumplir los infractores.

Por este motivo, Justicia ultima la aprobaci¨®n de un decreto, a¨²n en fase de borrador, por el que se regulan los centros y servicios de reforma juvenil y se implatan sistemas de gesti¨®n de calidad. La futura norma, a la ha accedido este peri¨®dico, aumenta el control sobre los mismos, exige a los ahora existentes a renovar en el plazo de un a?o sus autorizaciones para adaptarse a los requisitos y les obliga a realizar peri¨®dicamente procesos de autoevaluaci¨®n. El objetivo es tener una foto de la situaci¨®n que permita conoce sus puntos fuertes, pero tambi¨¦n los d¨¦biles y seguir su evoluci¨®n.

Las partidas para la reforma juvenil contempladas en el presupuesto de Justicia para 2008 asciende a 93,14 millones de euros, lo que supone un incremento del 248% respecto 2007, seg¨²n inform¨® ayer en comisi¨®n parlamentaria la consejera Mar¨ªa Jos¨¦ L¨®pez.

En Andaluc¨ªa hay un total de 16 centros de internamiento, de los que tan s¨®lo uno (el de la Biznaga, en M¨¢laga) es gestionado por la Junta. El resto est¨¢ en manos de cinco entidades sin ¨¢nimo de lucro (Ginso, Meridiana, Diagrama, Afanas y Proyecto Hombre). El n¨²mero de plazas disponible en 2006 era de 765 plazas. En 2008 habr¨¢ 782. Nunca llegan a estar cubiertas todas ya que a petici¨®n de jueces y fiscales suele dejarse un colch¨®n para situaciones de emergencia.

Esas plazas libres son las que han permitido, por ejemplo, cumplir con el internamiento decretado esta semana por dos jueces sobre cuatro adolescentes presuntamente implicados en dos agresiones graves ocurridas en las ¨²ltimas semanas en Sevilla.

El decreto, que se aprobar¨¢ antes de fin de a?o, subraya que la meta "primordial" de los centros es la "resocializaci¨®n" de los j¨®venes. Seg¨²n la consejera, el 70% de los menores no son reincidentes. La norma establece una clasificaci¨®n los centros en cinco categor¨ªas: los de internamiento, destinados a menores a los que se les ha impuesto una medida judicial privativa de libertad; los centros de d¨ªa, al que acuden menores para realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio; los centros de tratamiento ambulatorio en los que se facilitan tratamiento para abordar el consumo de alcohol y drogas; la residencia de grupo educativo de convivencia, donde los j¨®venes no privados de libertad conviven durante el tiempo que establezca el juez para realizar actividades educativas; y los servicios de reforma juvenil.

Justicia hace especial hincapi¨¦ en las condiciones t¨¦cnicas que deben reunir las instalaciones (ubicaci¨®n, edificaci¨®n, capacidad m¨¢xima, accesos) para que las entidades puedan obtener autorizaci¨®n.