158 especialistas ponen en marcha la Ley de Dependencia

La Xunta no se da por aludida por las cr¨ªticas del Gobierno a la aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia. El Ejecutivo de Zapatero ha reclamado "diligencia y cooperaci¨®n" a las comunidades aut¨®nomas, y que eviten "estrategias partidistas", pero el Gobierno gallego entiende que ha hecho los deberes todo lo r¨¢pido que se lo ha permitido el desarrollo legislativo por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Seg¨²n la Vicepresidencia de la Xunta, de la que depende la aplicaci¨®n de la ley, s¨®lo Andaluc¨ªa aventaja a Galicia en el reconocimiento y notificaci¨®n de los beneficiarios.

Las v¨ªas de financiaci¨®n son varias, pero la Xunta calcula que acabar¨¢ por aportar la mitad de esa cantidad, unos 80 millones de euros. El resto se sustanciar¨¢ en una aportaci¨®n de en torno a los 60 millones del Estado y en otros 20 millones que facilitar¨¢n los propios usuarios, mediante el denominado copago de servicios.

La ley dar¨¢ derecho a percepciones y servicios a 26.000 personas en 2008

El llamamiento de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero a las comunidades aut¨®nomas para que agilicen los tr¨¢mites no ha gustado en la Direcci¨®n Xeral de Acci¨®n Social, dependiente de la Vicepresidencia de la Xunta. El director general, Bieito Seara, se declara "desencantado" con las cr¨ªticas del presidente del Gobierno al ritmo de ejecuci¨®n de la nueva ley por parte de algunas aut¨®nomas. "Nos sentimos dolidos por la falta de respeto institucional", declara Seara. El director general de Acci¨®n Social lamenta que el Gobierno haya generalizado sus cr¨ªticas a las comunidades aut¨®nomas.

Para realizar las valoraciones que exige la Ley de Dependencia para establecer las percepciones y servicios a que da derecho, un equipo multidisciplinar formado por 158 profesionales, en su mayor¨ªa m¨¦dicos y psic¨®logos, trabaja por los ayuntamientos gallegos, nucleado en torno a las siete grandes ciudades. La mayor parte de las valoraciones se realizan en el propio domicilio del solicitante o en centros residenciales. El modelo aplicado es el mismo que se emplea para validar las minusval¨ªas de los discapacitados.

La ley estatal entr¨® en vigor el 1 de enero pasado, y no consta que ning¨²n dependiente haya cobrado la percepci¨®n a la que tiene derecho. Vicepresidencia lo atribuye al retraso en la publicaci¨®n de un decreto del Gobierno central que desarrolla la ley, pero asegura que, mientras, la Xunta ha hecho los deberes, al realizar ya 8.000 valoraciones, la mitad de las 16.000 que corresponden a 2007. Mil de las personas evaluadas han recibido ya la notificaci¨®n que confirma su condici¨®n de perceptores. Seg¨²n la Xunta, el de Galicia es, despu¨¦s del andaluz, el Gobierno m¨¢s avanzado en Espa?a en la aplicaci¨®n de la ley.

Antes de que finalice el a?o, seg¨²n Acci¨®n Social, se valorar¨¢ a los 8.000 grandes dependientes restantes con derecho a percepci¨®n y servicios en el primer ejercicio de aplicaci¨®n de la ley. Las ayudas a las que da derecho la nueva ley estatal se implantar¨¢n progresivamente hasta llegar a 190.000 personas en a?o 2015, seg¨²n establece la ley.

Esos 16.000 perceptores de 2007 cobrar¨¢n con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2007. A ellos se les sumar¨¢n en 2008 otras 10.000 personas con dependencia severa de nivel II. De ah¨ª que el presupuesto se dispare hasta los 160 millones que calcula Vicepresidencia. Por transferencia directa, Galicia recibe una cantidad que en 2007 asciende a 18,5 millones de euros, de la partida de 120 millones que el Estado reparte entre las comunidades aut¨®nomas, seg¨²n los criterios aprobados en el Consejo Territorial de la Dependencia. Dichos criterios atienden peculiaridades espec¨ªficas de Galicia, como la dispersi¨®n de la poblaci¨®n o la atenci¨®n a emigrantes retornados.

La financiaci¨®n estatal se completa con una aportaci¨®n pr¨®xima al 50% de la percepci¨®n. El consejo territorial todav¨ªa debe decidir el reparto por comunidades aut¨®nomas de la transferencia para 2008, aunque la Vicepresidencia da Igualdade e o Benestar considera que oscilar¨¢ entre 35 y 55 millones de euros. Para completar la inversi¨®n, los Presupuestos de la Xunta para 2008 dotar¨¢n a la Direcci¨®n Xeral de Acci¨®n Social con 268,6 millones de euros, el 73,72% del presupuesto global de Vicepresidencia. De esa cantidad, 56,9 millones de euros se destinar¨¢n a plazas p¨²blicas de atenci¨®n residencial. Se calcula que el precio de una plaza residencia cuesta en Galicia unos 1.500 euros.

Con el objetivo de favorecer la permanencia de las personas dependientes en sus hogares el m¨¢ximo tiempo posible, se reforzar¨¢n en 2008 los servicios dirigidos a este fin. Para el servicio de ayuda en el hogar se destinar¨¢n 12,1 millones de euros m¨¢s que en 2007. El esquema financiero previsto en la ley establece un pago a partes iguales entre Estado, comunidades aut¨®nomas y beneficiarios. Pero ese esquema se ha desviado en Galicia, donde la Xunta ha asumido una parte de lo que le corresponde a estos ¨²ltimos, seg¨²n el director general de Acci¨®n Social.

El Sistema Galego de Benestar, implantado por la Xunta, tiene como pilares b¨¢sicos la creaci¨®n de una red p¨²blica de centros residenciales, de d¨ªa y de asistencia a domicilio; las prestaciones del cuidador y asistenciales y, por ¨²ltimo, el transporte adaptado, para trasladar a los dependientes a los centros donde reciben tratamiento.