Una batalla est¨¦ril

El asalto al Tribunal Constitucional empez¨® con el llamado plan Ibarretxe. El PP intent¨® evitar que la reforma del Estatuto de Gernika aprobada por el Parlamento vasco se discutiera en el Congreso de los Diputados e interpuso recurso contra la decisi¨®n de la Mesa del Congreso de ordenar su tramitaci¨®n parlamentaria. El recurso era completamente disparatado en t¨¦rminos constitucionales, pero se interpuso. En esta ocasi¨®n el TC resisti¨®, aunque no por unanimidad. Pero resisti¨®.

El recurso no ten¨ªa sentido, ni en t¨¦rminos procesales, ni en t¨¦rminos sustantivos, ya que no exist¨ªa la m¨¢s m¨ªnima duda de que el Congreso iba a rechazar la toma en consideraci¨®n del plan Ibarretxe, como efectivamente ocurri¨®. Le sirvi¨® al PP para probar al TC, ver por d¨®nde flaqueaba y dise?ar su estrategia de asalto definitivo con la reforma del Estatuto de autonom¨ªa de Catalu?a, que s¨ª se sab¨ªa que acabar¨ªa siendo pactada entre el Parlamento de Catalu?a y las Cortes Generales.

El TC ten¨ªa que dejar claro al PP que no puede ganar en el tribunal lo que perdi¨® en las urnas

El asalto no ha sido, pues, improvisado, sino que ha sido un asalto planificado, con m¨²ltiples agentes de dentro y de fuera del TC. El TC no ha resistido. Es verdad que hay magistrados que han tenido una conducta honesta y que no hay nada que reprocharles. Pero el n¨²mero de magistrados que, por acci¨®n u omisi¨®n, han tenido una conducta deshonesta ha sido tan alto, que han llevado al TC a un callej¨®n sin salida.

Es verdad que la presi¨®n externa ha sido muy fuerte y que la operaci¨®n ha sido dise?ada desde fuera, pero ello no exime de responsabilidad a los magistrados del TC, sino todo lo contrario. El hecho de que no hayan sabido blindar al TC frente a esa agresi¨®n externa es, precisamente, en donde reside su mayor fracaso.

Un TC no puede dividirse cuando tiene que enjuiciar un estatuto de autonom¨ªa y menos un estatuto del art¨ªculo 151 de la Constituci¨®n. No puede dar continuidad a una operaci¨®n pol¨ªtica de ataque frontal a un estatuto cuando dicho estatuto ha sido aprobado respetando el procedimiento de reforma previsto en la Constituci¨®n y en el propio estatuto. Si la oposici¨®n pol¨ªtica a la reforma, con las mayor¨ªas cualificadas y la participaci¨®n de los ciudadanos en refer¨¦ndum que se exigen, ha fracasado, el TC no puede darle continuidad. No hay TC que tenga legitimidad para poder llevar adelante una operaci¨®n de esta naturaleza. El TC ten¨ªa que haber mandado el mensaje de que no se contara con ¨¦l para esa operaci¨®n. Ten¨ªa que haberle mandado el mensaje a la direcci¨®n del PP de que si no hab¨ªa podido impedir la reforma del Estatuto de Autonom¨ªa para Catalu?a en el Parlamento de Catalu?a y en las Cortes Generales, es porque los ciudadanos as¨ª lo hab¨ªan querido en las elecciones auton¨®micas y generales y despu¨¦s directamente en refer¨¦ndum. Y que no pod¨ªa ganar en el TC lo que hab¨ªa perdido en el voto ciudadano.

Un TC que no act¨²a de esta manera se est¨¢ suicidando. Y m¨¢s cuando el TC se divide por la mitad y hay que poner en marcha operaciones turbias para que la operaci¨®n pol¨ªtica de ataque frontal al estatuto acabe triunfando.

Los magistrados no pod¨ªan no saber esto. Ellos sab¨ªan perfectamente cu¨¢l era el clima pol¨ªtico que hab¨ªa presidido el debate de la reforma estatutaria, y sab¨ªan que, en ese clima, todo lo que no fuera una decisi¨®n por unanimidad era inaceptable.

Los magistrados del TC ten¨ªan que haber intentado averiguar si era posible llegar a una decisi¨®n un¨¢nime en alg¨²n tipo de declaraci¨®n de inconstitucionalidad del Estatuto de Catalu?a y, de ser negativo el resultado de esa averiguaci¨®n, tendr¨ªan que haber resuelto de manera inmediata por unanimidad a favor de la constitucionalidad de la norma.

Todo lo que no sea eso conduc¨ªa inevitablemente a la par¨¢lisis. Al final, este TC, con su composici¨®n actual, no va a ser capaz de dictar una sentencia sobre el Estatuto de Autonom¨ªa para Catalu?a, ni sobre la reforma de la Ley Org¨¢nica del TC, es decir, no va a conseguir materializar la operaci¨®n pol¨ªtica orquestada desde fuera, pero va a quedar deslegitimado para poder seguir actuando como juez de la constitucionalidad.

Con su conducta, los magistrados no han hecho m¨¢s que hacerse da?o a ellos mismos y, lo que es m¨¢s grave, hacerle un da?o de muy dif¨ªcil reparaci¨®n al propio TC. La pelea en el interior del TC ha sido una de las peleas m¨¢s est¨¦riles que se pueden imaginar. Que un Eduardo Zaplana, un Federico Trillo, un P¨ªo Garc¨ªa Escudero pensaran que con la maniobra que estaban propiciando en el TC pod¨ªan conseguir una sentencia de anticonstitucionalidad sobre la reforma del Estatuto de Catalu?a antes de las elecciones generales, puede entenderse. Pero que los magistrados del TC, que conocen la vida interna de la instituci¨®n, lo pensaran tambi¨¦n, resulta incomprensible. Con la composici¨®n del TC eso resultaba completamente imposible. El TC pod¨ªa resultar destruido o casi destruido en el curso de la operaci¨®n, pero el Estatuto de Autonom¨ªa para Catalu?a no podr¨ªa ser declarado anticonstitucional de esa manera.