Madrid reitera que "de momento" no registrar¨¢ a los dependientes
El Ejecutivo de Aguirre niega que haya comunicado un caso a Asuntos Sociales
La batalla entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno por la puesta en marcha de la ley de Dependencia est¨¢ llegando a extremos inauditos. Ahora se discute por un misterioso gran dependiente de la regi¨®n.
El ministerio dice que la actitud de Madrid perjudica a los ciudadanos
CiU pide a Caldera que explique en el Congreso la puesta en marcha de la ley
El 7 de noviembre ocurri¨® algo ins¨®lito, seg¨²n asegura el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En el sistema inform¨¢tico donde las comunidades aut¨®nomas vuelcan los grandes dependientes que ya han sido evaluados de acuerdo con la nueva ley entr¨® una rara avis, un dato inesperado, el primer gran dependiente de Madrid. Esta comunidad se hab¨ªa negado siempre a comunicar sus valoraciones al Gobierno, as¨ª que los funcionarios del ministerio no daban cr¨¦dito cuando ese ¨²nico gran dependiente apareci¨® ante sus ojos. No entraron m¨¢s personas, ni han entrado hasta hoy. ?Qu¨¦ hab¨ªa pasado?
Madrid asegura que no ha registrado a ese enigm¨¢tico y ¨²nico gran dependiente y reitera que seguir¨¢n con su pol¨ªtica de no colaborar con el Gobierno por el momento, seg¨²n una portavoz de la consejer¨ªa de Familia y Asuntos Sociales. Si alg¨²n funcionario ha enviado el dato, desde luego ha sido contra la voluntad de la comunidad.
Al margen de este posible error, ?Qu¨¦ pasa en Madrid? ?Por qu¨¦ este desacuerdo frontal entre instituciones? El Ejecutivo regional asegura que su sistema de ayuda a la dependencia previo a la ley estaba muy desarrollado y que m¨¢s de 130.000 personas con distintos tipos de discapacidad estaban ya siendo atendidas. Aseguran que el Gobierno se niega a incorporar a estas personas bajo el marco de la nueva ley y que s¨®lo quiere pagar por los nuevos usuarios. Insisten en que Madrid queda "discriminada" y que, por tanto, no firmar¨¢ ning¨²n acuerdo con el ministerio a no ser que esta cuesti¨®n se solvente. El objetivo, en principio, seg¨²n indica la directora general de Coordinaci¨®n de la Dependencia, Yolanda Ibarrola, ser¨ªa que la ley ampare a todos por igual.
El punto d¨¦bil de esta argumentaci¨®n es que pr¨¢cticamente todas las comunidades aut¨®nomas ten¨ªan ya dependientes atendidos, en mayor o menor medida, antes de la entrada en vigor de la ley. Y ninguna est¨¢ renunciando a cobrar por ellos. Todas los est¨¢n valorando ahora de acuerdo con lo estipulado en la nueva normativa y est¨¢n enviando los datos al Gobierno para cobrar por ellos. Porque por cada gran dependiente que comunican, las autonom¨ªas reciben una financiaci¨®n estatal de 170 a 250 euros al mes.
El Ministerio de Trabajo insiste en que no se comprende por qu¨¦ Madrid es la ¨²nica comunidad que est¨¢ perdiendo dinero. Asegura que no es cierto que las comunidades s¨®lo vayan a cobrar por los nuevos usuarios, sino que pueden hacerlo por todos los que entren en el Sistema Nacional de la Dependencia, estuvieran o no recibiendo servicios con anterioridad.
Varias comunidades aut¨®nomas confirman al ministerio, como Andaluc¨ªa. Esta regi¨®n ni siquiera separa al hacer las valoraciones entre las personas que ya estaban recibiendo alguna prestaci¨®n y las que no ten¨ªan nada, as¨ª que dif¨ªcilmente pueden cobrar del ministerio s¨®lo por los nuevos usuarios. Cantabria o Baleares, que ya est¨¢n otorgando ayudas y servicios, tambi¨¦n mezclan ambas categor¨ªas. Madrid responde que, seg¨²n los anexos que les ha presentado el Gobierno, lo que hacen las otras comunidades no est¨¢ permitido. Y piden que, si el ministerio lo admite, lo haga constar por escrito.
CiU pidi¨® ayer la comparecencia del ministro Jes¨²s Caldera para que explique con detenimiento c¨®mo se est¨¢ implantando la ley en toda Espa?a.
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