El Constitucional se plantea pedir a las partes opini¨®n de las recusaciones

El Pleno de diez magistrados del Tribunal Constitucional que debe examinar las recusaciones de cinco de sus integrantes se perdi¨® ayer en cuestiones preliminares y no lleg¨® a ninguna conclusi¨®n sobre la admisi¨®n a tr¨¢mite de ninguna de las impugnaciones. Dentro de un ambiente tenso propiciado por las informaciones de los ¨²ltimos d¨ªas, los magistrados se saltaron el orden del d¨ªa, no efectuaron votaci¨®n y se plantearon tomarse el resto de la jornada para reflexionar sobre c¨®mo salir del atolladero de las recusaciones.

No obstante, y a la vista de la ins¨®lita situaci¨®n de que cinco magistrados tengan que asistir al Pleno en que se dilucida la admisi¨®n de sus propias recusaciones, los reunidos se plantearon la posibilidad de consultar a las partes -Gobierno, Partido Popular, Congreso y Senado- sobre su opini¨®n acerca de c¨®mo resolver las recusaciones traslad¨¢ndoles los escritos que se han cruzado en los ¨²ltimos d¨ªas. Sobre el fondo de la cuesti¨®n, fuentes de ambos sectores consultadas por este peri¨®dico coincidieron en que "todo est¨¢ en el aire".

En el orden del d¨ªa establecido por el presidente en funciones, Vicente Conde Mart¨ªn de Hijas, estaba previsto examinar en primer lugar la admisi¨®n de las recusaciones del PP contra los magistrados progresistas Pascual Sala, Manuel Arag¨®n y Pablo P¨¦rez Tremps y a continuaci¨®n las del Gobierno contra los conservadores Roberto Garc¨ªa-Calvo y Jorge Rodr¨ªguez-Zapata.

Sin embargo, el magistrado conservador Garc¨ªa-Calvo present¨® al presidente Vicente Conde un escrito en el que sostiene que las recusaciones deben verse cronol¨®gicamente, por orden de presentaci¨®n. Es decir, que en su opini¨®n deber¨ªan verse primero las del Gobierno contra Rodr¨ªguez Zapata y ¨¦l mismo, puesto que se presentaron antes que las del PP.

Eso permitir¨ªa que Garc¨ªa- Calvo y Rodr¨ªguez-Zapata se ausentaran del Pleno de diez magistrados y no incurrieran en ninguna eventual irregularidad, puesto que con los ocho restantes habr¨ªa qu¨®rum para ver sus recusaciones. El problema surge con las recusaciones del PP, porque al tener que salir tres jueces del Pleno, no habr¨ªa qu¨®rum para verlas.

Criterio cronol¨®gico

Sin embargo, seg¨²n las fuentes consultadas, Garc¨ªa Calvo se limit¨® a expresar su criterio cronol¨®gico pero a?adi¨® que, en aras del acuerdo en el Tribunal, aceptar¨ªa el orden establecido por el presidente en funciones. Este juez conservador tambi¨¦n aport¨® otro escrito en el que defiende que las recusaciones deben verse individualmente, dado su car¨¢cter personal y su tratamiento paralizante del procedimiento.

No obstante, no se agot¨® el debate sobre esta propuesta, sobre la que no hubo ninguna decisi¨®n. Seguidamente se examin¨® la posibilidad de dar traslado a las partes de los escritos sobre los que el presidente Vicente Conde ha abierto una pieza de consulta.

Dichos escritos son la carta de Vicente Conde explicando al Pleno de 10 magistrados los motivos de la convocatoria -pese a que carece de base legal precisa, obliga a los magistrados a ver sus propias recusaciones y contradice otros precedentes del propio Tribunal-; las respuestas por escrito a Vicente Conde, en la que todos los magistrados menos los conservadores Garc¨ªa-Calvo, Rodr¨ªguez-Zapata y Ram¨®n Rodr¨ªguez Arribas se muestran de acuerdo con la convocatoria y la carta de seis magistrados desmintiendo los motivos sobre los que se sustentan las recusaciones del PP.

El Pleno, al que no asisten ni la presidenta, Mar¨ªa Emilia Casas, ni el vicepresidente, Guillermo Jim¨¦nez, por haberse estimado sus abstenciones, proseguir¨¢ a las 10 de esta ma?ana.

Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, declar¨® ayer que la decisi¨®n del presidente en funciones del Pleno del Constitucional, Vicente Conde, de convocar a todos los magistrados, incluso los recusados, es "acertada" con vistas a que el ¨®rgano "no quede en una situaci¨®n de bloqueo".

Hernando se?al¨® que las recusaciones presentadas por PP y PSOE contra varios magistrados del Tribunal Constitucional son "una f¨®rmula legal leg¨ªtima" y "un remedio para apartar a quien se cree que est¨¢ contaminado".