?C¨®mo salir del socav¨®n educativo?

El Departamento de Educaci¨®n est¨¢ haciendo grandes esfuerzos, pero no siempre repercuten en la mejora del ineficaz sistema educativo. La futura ley s¨®lo ser¨¢ ¨²til si logra incidir sobre lo que ocurre en las aulas, que es donde se decide la calidad. La f¨®rmula del ¨¦xito es clara: alumnos motivados y profesores bien preparados, centros consagrados a fomentar el estudio y la convivencia. Por eso, en la ley habr¨ªa que dar prioridad a las medidas sobre el alumnado y las familias (disciplina, cultura del esfuerzo), el profesorado (formaci¨®n inicial, carrera profesional...) y los centros (recursos, equipos directivos con capacidad para impulsar la mejora de los resultados).

El informe de la Fundaci¨®n Bofill y los resultados de las pruebas PISA muestran el fracaso del modelo pedag¨®gico de la LOGSE. Lamentablemente, el lobby pedag¨®gico logsista domina el Departamento de Educaci¨®n y no parece dispuesto a reconocer sus fallos. En Catalu?a persisten errores como el escaso rigor en el paso de primaria a secundaria, la poca exigencia (el aprobado "con asterisco" o suspenso camuflado), el ¨¦nfasis en la comprensi¨®n y no en el aprendizaje... Lo que conocemos de la ley catalana sigue con la misma filosof¨ªa logsista disfrazada de aparentes soluciones, cargando la responsabilidad sobre centros y profesores y eludi¨¦ndola la Administraci¨®n.

No todas las escuelas p¨²blicas son iguales como tampoco son iguales las realidades sociales que cubren. Muchas escuelas p¨²blicas catalanas funcionan mediante proyectos educativos orientados a lograr m¨¢s ¨¦xito escolar. La autonom¨ªa no har¨¢ m¨¢s que dar rango de ley a lo que es habitual para muchos de nosotros. Los centros y los docentes debemos ser evaluados por nuestra propia higiene laboral. No debemos confundir evaluaci¨®n con fiscalizaci¨®n. Los equipos directivos requieren m¨¢s especializaci¨®n, impuesta por la nueva fisonom¨ªa de la comunidad escolar, que demanda su intervenci¨®n en cuestiones que, en muchos casos, van m¨¢s all¨¢ de lo escolar.

La autonom¨ªa es necesaria para responder a las necesidades del entorno y a las demandas de las familias que han optado por llevar a sus hijos a un centro. Tiene que basarse en un proyecto educativo consensuado entre la comunidad educativa y la Administraci¨®n, que garantice los recursos humanos y econ¨®micos necesarios y permita la autonom¨ªa en la organizaci¨®n pedag¨®gica y de gobierno del centro.

Para liderar un proyecto educativo es necesario un equipo directivo estable y profesional. La evaluaci¨®n es necesaria para analizar el uso adecuado de los recursos. La evaluaci¨®n ha de permitir una carrera profesional horizontal, sin cambio de centro.

El consejero [Ernest Maragall] se equivoca situando el peso de la propuesta sobre el profesorado. Si lo eval¨²an, se dar¨¢n cuenta de qui¨¦n sostiene el sistema. Que eval¨²en tambi¨¦n la gesti¨®n y la planificaci¨®n educativa y veremos que han quedado tan obsoletas como Cercan¨ªas. CC OO defender¨¢ los principios del trabajo en el servicio p¨²blico: transparencia, igualdad, m¨¦rito y capacidad. M¨¢s confianza en la autonom¨ªa de los equipos pedag¨®gicos y mejores condiciones. Y que pongan en la ley lo que nos hace falta: el 6% del PIB para educaci¨®n, atenci¨®n educativa entre 0 y 3 a?os, recursos para la escuela inclusiva, las ratios, la investigaci¨®n educativa, la gratuidad efectiva.

En Catalu?a hay un socav¨®n educativo y es obligado darle respuesta. La que se le quiere dar est¨¢ inspirada en un modelo economicista, pero en otros pa¨ªses europeos los problemas sociales que plantea ese modelo son enormes. En Inglaterra cada centro fija el sueldo del profesor en funci¨®n de su productividad, medida en t¨¦rminos de resultados acad¨¦micos. Hay tambi¨¦n una clasificaci¨®n de centros. Se considera la educaci¨®n como una mercanc¨ªa en la que las familias invierten seg¨²n sus ingresos, mientras que los centros compiten como empresas con la meta de ganar cuota de mercado. Pero la educaci¨®n es un derecho al que todos deben tener acceso por igual.

El modelo de autonom¨ªa en el que se basa la ley significa poner en marcha criterios privatizadores en la gesti¨®n de los centros y consolidar centros de diferentes categor¨ªas. La capacidad de las direcciones para escoger al profesorado supone desregular las condiciones de trabajo y la provisi¨®n de plazas, que pasar¨ªan a depender de criterios subjetivos. Se debe garantizar que los directores sean verdaderos dinamizadores pedag¨®gicos y no conferirles un car¨¢cter de casi propietarios de los centros. Evaluar al profesor, si el objetivo es clasificarlo ser¨¢ negativo y tender¨¢ a imponer la sumisi¨®n y autocensura, abriendo v¨ªas a la arbitrariedad y dificultando el trabajo en equipo.

Ni los alumnos son clientes, ni la ense?anza un negocio. La autonom¨ªa apunta a convertir los institutos en franquicias donde un director, adicto al r¨¦gimen, har¨¢ y deshar¨¢ disparando con p¨®lvora del rey (el erario p¨²blico), sin rendir cuentas. Es dejaci¨®n por la Administraci¨®n. No hay un solo estudio serio que ligue la autonom¨ªa de centro a m¨¢s calidad. Lo que indican es m¨¢s bien que la autonom¨ªa es una variable independiente. ?Evaluar a los docentes por un ente privado? Quiz¨¢ antes habr¨ªa que evaluar a los ide¨®logos de la pedagog¨ªa l¨²dico-minimalista que han perge?ado el desprop¨®sito actual y a los pol¨ªticos que les han escuchado, el se?or Maragall incluido.