Industria rechaza la legalizaci¨®n por v¨ªa r¨¢pida de canteras que pide el PP

La Ley de Ordenaci¨®n de la Miner¨ªa que se tramita en el Parlamento no incluir¨¢ un procedimiento de legalizaci¨®n r¨¢pida de las 270 explotaciones mineras sin licencia municipal que funcionan en Galicia, tal y como reclamaba el PP.

El conselleiro de Innovaci¨®n e Industria, Fernando Blanco, explic¨® ayer durante el debate del proyecto de ley que debe existir alg¨²n tipo de "sem¨¢foro" para establecer qu¨¦ canteras pueden seguir con su actividad y cu¨¢les no, aunque mostr¨® su disposici¨®n a que puedan legalizarse todas aquellas explotaciones que cumplan los requisitos legales y medioambientales.

Blanco explic¨® que debe existir alg¨²n "sem¨¢foro" para regular las canteras

Tahoces no rechaz¨® la posibilidad de alcanzar acuerdos con PSdeG y BNG

Las minas que no cuentan con permisos municipales se encuentran en una situaci¨®n de dudosa legalidad desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica y de Protecci¨®n del Medio Rural de 2002.

El responsable de Industria de la Xunta insisti¨® en reclamar "di¨¢logo y consenso" a todos los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo sobre el contenido final del proyecto de ley, que es la primera normativa auton¨®mica sobre una materia que est¨¢ sujeta a la regulaci¨®n estatal de 1973. Si, como es previsible, prosperan las enmiendas conjuntas presentadas por el PSdeG y el BNG al proyecto de ley, las minas que se encuentran en la situaci¨®n rese?ada anteriormente podr¨¢n ser legalizadas por decisi¨®n del Consello de la Xunta. En su redacci¨®n actual, el proyecto de ley concede el poder decisorio a la propia Conseller¨ªa de Innovaci¨®n.

Durante la presentaci¨®n de los contenidos de la ley, Blanco resalt¨® que el texto apuesta por la gesti¨®n sostenible de los recursos mineros, por la innovaci¨®n tecnol¨®gica y por la mejora de la seguridad y de las condiciones laborales en las explotaciones mineras. El sector, integrado por 1.600 empresas, exporta 300 millones de euros al a?o, factura algo m¨¢s de 1.000 y da empleo a 20.000 trabajadores.

Entre las novedades normativas destaca la reducci¨®n del terreno que la Xunta podr¨¢ conceder para realizar trabajos de investigaci¨®n y explotaci¨®n. En la actualidad se pueden conseguir hasta 3.000 cuadr¨ªculas (de 30 hect¨¢reas cada una) para explotar yacimientos, mientras que la nueva normativa reduce esta extensi¨®n a 400 cuadr¨ªculas. La ley incluye tambi¨¦n la creaci¨®n del Consejo de la Miner¨ªa, un ¨®rgano colegiado de consulta y asesoramiento a la Xunta.

El portavoz de Industria del PP, Angel Bernardo Tahoces, puso en duda durante su intervenci¨®n la necesidad de crear una ley sobre el sector en Galicia, cuando existe la posibilidad de que esta normativa pueda suponer un "esfuerzo bald¨ªo" si el Gobierno estatal se decide en alg¨²n momento a legislar sobre esta materia. Sin embargo, Tahoces no rechaz¨® la posibilidad de alcanzar acuerdos con socialistas y nacionalistas para alcanzar un acuerdo sobre la ley si se corrigen determinados aspectos del texto actual. Entre ellos se refiri¨® al procedimiento de legalizaci¨®n de las explotaciones sin licencia y propuso que se concedan permisos a todas las canteras que no est¨¦n dentro de la Red Natura y que cuenten con las correspondientes autorizaciones estatales y auton¨®micas.

Tahoces a?adi¨® que el procedimiento de legalizaci¨®n que establece el proyecto de ley es similar al que se ha puesto en marcha en los ¨²ltimos tres a?os, que apenas ha permitido dar cobertura legal a una veintena de explotaciones.

Los mecanismos para regularizar la situaci¨®n de las canteras ilegales que prev¨¦ la nueva ley han recibido el visto bueno de la Asociaci¨®n Gallega de ?ridos. Juan de Dios Mart¨ªn, vicepresidente de esta entidad empresarial, apunt¨® ayer que el texto recoge aportaciones de los empresarios y su entrada en vigor puede permitir la legalizaci¨®n de las canteras que no cuentan con los permisos necesarios. "Es necesario reducir los tr¨¢mites burocr¨¢ticos ya que actualmente hay que realizarlos ante tres conseller¨ªas y los ayuntamientos correspondientes", indic¨® el responsable empresarial.