El TSJ cree que la adjudicaci¨®n de los aparcamientos fue arbitraria

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha archivado la causa abierta al alcalde de Alicante, Luis D¨ªaz Alperi, del PP, y dos ediles m¨¢s de su equipo (Sonia Castedo y Luis Concepci¨®n) por prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias en la adjudicaci¨®n de tres aparcamientos subterr¨¢neos al contratista Enrique Ortiz. En el sumario, incoado por el juzgado n¨²mero 8 a ra¨ªz de una denuncia de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Alicante, estaban imputados, adem¨¢s, el empresario y el jefe del ¨¢rea de Tr¨¢fico del Consistorio, Antonio Escobedo, tambi¨¦n exculpados por el TSJ.

El fiscal estim¨® en 2,2 millones el quebranto para el Ayuntamiento El instructor se?ala que el objetivo no era "beneficiar" al promotor

El sumario fue derivado hace apenas un mes por el magistrado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ por imperativo legal: el aforamiento de uno de los imputados, el regidor Alperi, elegido diputado auton¨®mico.

En su auto, seg¨²n una nota del TSJ, el instructor del alto tribunal argumenta que "hay que distinguir entre la actuaci¨®n administrativa [el tr¨¢mite de adjudicaci¨®n de los aparcamientos] que, siendo arbitraria, no implica un dolo penal aunque pueda suponer irregularidades administrativas que deben resolverse en el ¨¢mbito de la jurisdicci¨®n Contencioso-Administrativo".

El fiscal anticorrupci¨®n de Alicante, Felipe Briones, en su denuncia de agosto de 2006 apreci¨® delito en la modificaci¨®n del contrato inicial de los aparcamientos y estim¨® el quebranto econ¨®mico para el Consistorio en 2.268.060 euros. Los aparcamientos fueron adjudicados al promotor en 2003 por un total de 14,8 millones de euros y por un per¨ªodo de 40 a?os. M¨¢s adelante, Ortiz present¨® un reformado que modificaba al alza las condiciones del contrato, tanto el apartado del presupuesto, que pas¨® a 17,8 millones, como del plazo de la concesi¨®n, que aumentaba en diez meses m¨¢s.

El fiscal consider¨® que "existi¨® un concierto previo entre el alcalde, la concejal delegada de Urbanismo [Sonia Castedo] y el concejal de Seguridad Ciudadana [Luis Concepci¨®n] con la exclusiva intenci¨®n de conferir al adjudicatario mejoras respecto al contrato inicial". Briones manten¨ªa que ante la negativa de los t¨¦cnicos de Urbanismo a autorizar el modificado se traslad¨® el expediente a la Concejal¨ªa de Tr¨¢fico, que lo valid¨®. El fiscal denunciaba que la junta de gobierno, en sus reuniones del 14 de marzo y 4 de julio, redujo el sobrecoste real del modificado porque la cuant¨ªa exced¨ªa del 20% el presupuesto inicial, extremo que requer¨ªa un dictamen del Consejo Jur¨ªdico Consultivo.

El instructor del TSJ desbarata los argumentos de Briones. Primero, no aprecia la existencia de un concierto previo entre el alcalde y la concejal delegada de Urbanismo y el concejal delegado de Seguridad "para permitir a la empresa adjudicataria de las obras, cuya adjudicaci¨®n del contrato no se cuestiona por ser la ¨²nica licitadora, una modificaci¨®n del contrato de obra". Tampoco considera acreditado el presunto delito de tr¨¢fico de influencias, "ni de los miembros del equipo de gobierno ni de la mercantil adjudicataria del contrato, pues no consta que sus responsables hayan ejercido influencia alguna para el traspaso del expediente de una concejal¨ªa a otra, ni tampoco para la emisi¨®n del informe en determinado sentido".

El TSJ rechaza que la modificaci¨®n del proyecto "pudiera generar un beneficio al contratista". Y por lo que se refiere a la superaci¨®n del 20% de presupuesto inicial, "se entiende que los par¨¢metros sobre los que parti¨® el presupuesto inicial son discutibles y, por tanto, seg¨²n la versi¨®n de las partes, se superar¨ªa o no dicho 20%". En cuanto a los otros tres delitos incluidos en el sumario (falsedad, apropiaci¨®n indebida y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos) asevera que est¨¢n ¨ªntimamente relacionados con el de prevariaci¨®n, "por lo que al no apreciar que ¨¦sta existe, son inaplicables".