El fiscal recurre el archivo del Yak en defensa de la confianza ciudadana

"En los documentos extendidos por un funcionario p¨²blico, el bien protegido es la confianza que los ciudadanos tienen derecho a depositar en tales documentos. Lo que, desde luego, no puede confundirse con perjuicio econ¨®mico (salvando el frecuente concurso de estos delitos con los delitos patrimoniales). Se protege tanto la verdad como la funci¨®n que el documento desempe?a en la vida jur¨ªdica o en las relaciones sociales". ?ste es el principal argumento esgrimido por el fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, para oponerse al archivo de las diligencias sobre la falsa identificaci¨®n de 30 de los 62 cad¨¢veres de las v¨ªctimas del accidente del Yak-42, en mayo de 2003.

Frente a la opini¨®n del juez Fernando Grande-Marlaska, quien consider¨® que la atribuci¨®n aleatoria y err¨®nea de identidades era una conducta "grave", pero irrelevante e inocua desde el punto de vista penal, el fiscal estima que los militares enviados por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, a Turqu¨ªa para repatriar los cad¨¢veres incurrieron en un delito de falsedad documental, a provocar una alteraci¨®n en los archivos de los cementerios, "con todos los efectos que ello puede conllevar, como ex¨¢menes gen¨¦ticos de relevancia en derecho de familia o derecho sucesorio, entre otros".

Por eso, recurre ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que anule el archivo y eleve las diligencias a procedimiento abreviado, fase previa al juicio. "La identificaci¨®n inventada de 30 restos o cad¨¢veres no es una cuesti¨®n superflua", argumenta, "sino que tiene una proyecci¨®n jur¨ªdica civil cierta, no meramente sentimental".

Cr¨ªtica de las familias

Por su parte, la asociaci¨®n que agrupa a la mayor¨ªa de las familias tambi¨¦n ha recurrido el archivo de la investigaci¨®n, no sin lamentar que Grande-Marlaska se haya "constituido en juzgador sin celebrar juicio y sin practicar personalmente ninguna diligencia de prueba" desde que se hizo cargo del juzgado central de instrucci¨®n n¨²mero 3.

Los letrados de la asociaci¨®n coinciden con el fiscal en que "las consecuencias que se derivan de las falsas identificaciones no son s¨®lo da?os morales", sino que tienen consecuencias jur¨ªdicas muy relevantes, de acuerdo con "la normativa del Registro Civil, la jurisprudencia y el sentido com¨²n".