El concierto del transporte escolar en Valencia pende de un tribunal

La batalla por la concesi¨®n del transporte escolar en la provincia de Valencia -un concierto licitado por lotes que asciende a 72 millones de euros (12.000 millones de pesetas) y cubre 218 rutas escolares- pende de un hilo. Tres microempresarios de veh¨ªculos que realizan el transporte p¨²blico regular en la deprimida zona rural de las comarcas de interior del Valle de Ayora, Cofrentes, Utiel y Requena -pertenecientes a la patronal Adiva- denunciaron la resoluci¨®n del 27 de diciembre de 2006 de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n que declar¨® desiertos 9 de los 12 lotes, y adjudic¨® el resto a sus competidores de Uvatra.

Educaci¨®n ha sido acusada de "no aplicar un decreto auton¨®mico de Transportes", que defiende "el derecho de preferencia" de quienes cubr¨ªan las rutas del servicio p¨²blico regular en zonas de "tr¨¢fico d¨¦bil" en "concursos p¨²blicos de uso especial" como el transporte de escolares. Se trata del decreto valenciano 44/221 que ampara a los empresarios de rutas d¨¦biles para concursar en la concesi¨®n escolar, siempre que no haya coincidencia de veh¨ªculos y conductores, pero oblig¨¢ndoles a competir en igualdad de condiciones que fija el pliego respecto en materia de antig¨¹edad de la flota, seguros, ITV y dem¨¢s.

El papel jugado por Educaci¨®n (en concreto, la Direcci¨®n Territorial y la de Ense?anza y Centros que tienen la voz cantante en la mesa de contrataci¨®n) y por la Abogac¨ªa General de la Generalitat que -contra el criterio de los t¨¦cnicos de la Consejer¨ªa de Transportes que defendieron hasta el final "el derecho de preferencia para prestar el servicio de uso especial de transporte de escolares"- fue determinante para que Educaci¨®n "declarara desierto", nada m¨¢s y nada menos, que tres cuartas partes del concurso de Valencia, con las clases en marcha. La ausencia de cobertura jur¨ªdica para asegurar el transporte escolar -y los amagos de huelga- forzaron a licitar con "car¨¢cter de emergencia" (y en vigor s¨®lo hasta final de curso pasado) aquellos 9 lotes desiertos. Y a redactar un nuevo pliego que el 27 de agosto resolvi¨® las concesiones vigentes para el periodo 2007-2010, y que ya ha sido impugnado, esta vez por Uvatra, al revoc¨¢rsele la concesi¨®n del 35% de las rutas contratada por 12,3 millones.

La presi¨®n de la Abogac¨ªa General en defensa de un Dictamen de la Comisi¨®n Europea del 4 de abril de 2006 -a ra¨ªz de la denuncia presentada por un socio de Uvatra- fue clave a la hora de dejar fuera a los tres empresarios del Valle de Ayora en los tres lotes de la zona. Aunque esta defensa a ultranza de la CE choca con la denigraci¨®n de la que hizo gala la Generalitat en las mismas fechas por el dictamen que conden¨® el "urbanismo salvaje" en la Comunidad Valenciana. Y tropieza, adem¨¢s, con sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que, a la hora de interpretar las directrices liberalizadoras (pero no obligatorias) de la Comisi¨®n, se inclinan por el esp¨ªritu del decreto espa?ol 1211/1990 (ahora reformado en el 1225/2006), que garantiza el derecho de los Estados a regular su propia jurisprudencia para asegurar la viabilidad econ¨®mica de los servicios de baja rentabilidad. Igual que hace la UE en materia agr¨ªcola, mientras se avanza en una pol¨ªtica com¨²n.

La concesi¨®n del transporte escolar pende, pues, del proceso judicial que impugna el peque?o lote 6 que cubre los colegios de la comarca de Ayora: la jurisprudencia puede en la pr¨¢ctica sentar c¨¢tedra y anular todos los concursos de 2006 y 2007.

El proceso de impugnaciones de parte de los lotes de transporte escolar licitados en 2006 y en 2007 mantienen en el aire las concesiones del 70% de las 218 rutas de la provincia de Valencia. Y es el precedente de lo que puede estallar en Alicante o Castell¨®n. La escalada privatizadora de la ense?anza emprendida por el PP hace tres legislaturas (los conciertos con centros privados ascienden a 611 millones al a?o) ha tenido su correlato en la factura del transporte escolar. Es decir, ha incrementado los desplazamientos y creado nuevas rutas coincidentes con las de los colegios privados que han florecido en urbanizaciones residenciales de Montcada, Rocafort-Godella, El Vedat de Torrent, L'Eliana o Riba-roja; mientras en la capital, los promotores se com¨ªan la reserva escolar de suelo p¨²blico.

La extensi¨®n de los conciertos al nivel educativo no obligatorio de Infantil de 3 a?os -que entr¨® en vigor el curso 2001-2002 gracias a la presi¨®n del Arbobispado de Valencia y las patronales- favoreci¨® la extensi¨®n de las ayudas de transporte escolar a alumnos "cuyo domicilio habitual se encuentre a una distancia de 3 kil¨®metros o m¨¢s del centro". En junio pasado, la extensi¨®n de los conciertos al ¨²ltimo tramo de Bachillerato complet¨® el c¨ªrculo de conciertos (desde el segundo ciclo de Infantil con 3 a?os hasta los 18). Adem¨¢s, la entrada en funcionamiento de decenas de centros p¨²blicos nuevos en la ¨²ltima legislatura (aunque la mayor¨ªa est¨¢ en zonas que no requieren transporte escolar) han contribuido a incrementar las rutas escolares de 596 en junio de 2005 a 652 en septiembre.

El transporte escolar subvencionado, en origen, se cre¨® para garantizar la educaci¨®n de los ni?os y j¨®venes de "zonas de muy dif¨ªcil acceso", como mantiene la normativa actual. Es decir, alumnos de pueblos peque?os del interior (como es el caso impugnado del Valle de Ayora) que para estudiar tienen que prepararse 2 horas antes y viajar por carreteras donde la nieve y el hielo campan todo el invierno. Estas rutas (antes de las directrices liberalizadoras europeas de los 90) eran cubiertas b¨¢sicamente por trasporte p¨²blico regular, que cubr¨ªa desde el servicio de Correos a los desplazamientos a hospitales comarcales. ?ste es el caso de los tres empresarios de Ayora que impugnaron el concurso de 2006.

Roto este c¨ªrculo, las empresas del sector de transporte discrecional (deportes, excursiones, actividades extraescolares en centros privados y servicios tur¨ªsticos) han enconado su pugna por los lotes del transporte escolar que ascienden a 172 millones (29.000 millones de pesetas) para los pr¨®ximos cuatro a?os. Lo que supone una factura anual en los Presupuestos de "46,2 millones de euros" y "41.497 alumnos desplazados".

El aumento de 60 rutas m¨¢s (en s¨®lo un curso y medio) en la provincia de Valencia muestra c¨®mo se ha ido moldeando un mapa variable con los a?os -siempre en funci¨®n de las directrices que fija Educaci¨®n con "los datos de matr¨ªcula con necesidades de desplazamiento que comunican los directores de los centros a la Direcci¨®n Territorial"- que se superpone al viejo e inacabado mapa escolar p¨²blico. Y del que Transportes niega rotundo haber participado ni en el dise?o de las rutas ni en los puntos de recogida o de parada. Mientras la federaci¨®n de padres FAPA denuncia desde 2001 la falta de becas de transporte en la red p¨²blica, y el aumento de alumnos de centros concertados desplazados.

La profusa documentaci¨®n sobre los pliegos, concursos, actas y el material gr¨¢fico sobre denuncias de presuntas irregularidades en la prestaci¨®n del servicio de algunas empresas adjudicatarias en 2006 -en poder de Educaci¨®n y a las que ha tenido acceso EL PA?S-, as¨ª como las m¨²ltiples entrevistas con empresarios de ambas patronales coinciden en que: " Los concursos se han hecho a la carta" y "no satisfacen al sector".