El Senado no llegar¨¢ a tiempo para elegir a los jueces del Constitucional

A cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional les quedan 15 d¨ªas de mandato. Fueron nombrados por el Senado hace nueve a?os y toca cambiarlos en diciembre. Seg¨²n la Constituci¨®n, los nuevos deben ser nombrados por una mayor¨ªa de tres quintos del Senado. Es una manera de garantizar que sean nombres de consenso, al menos entre los grandes partidos, ya que les otorga una minor¨ªa de bloqueo en la votaci¨®n.

Pero el PP rechaza participar en la renovaci¨®n porque considera todo el proceso inconstitucional. El PSOE no llegar¨¢ ni a proponer candidatos para no quemarlos en una votaci¨®n est¨¦ril. Los magistrados entrar¨¢n en funciones el pr¨®ximo d¨ªa 17 y as¨ª seguir¨¢n, con asuntos capitales en sus manos, hasta despu¨¦s de las elecciones generales.

El proceso para nombrarlos es infinitamente m¨¢s complicado que hace nueve a?os. La reforma de la Ley Org¨¢nica del Tribuna Constitucional (LOTC) introdujo la novedad de que los magistrados del Senado ser¨ªan nombrados a propuesta de las comunidades aut¨®nomas. El PP recurri¨® por inconstitucional este art¨ªculo de la ley. El pasado d¨ªa 21, el Senado adapt¨® su Reglamento para definir c¨®mo se articulan esas propuestas auton¨®micas. El PP se opuso en solitario y el Reglamento se reform¨®, por primera vez en democracia, sin consenso. El 23 de noviembre, el presidente del Senado comunic¨® a los Parlamentos aut¨®nomos que tienen hasta el d¨ªa 15 de diciembre para presentar dos candidatos cada uno.

Ampliaci¨®n del plazo

Pero todo el impulso que puso el PSOE para aprobar la reforma del Reglamento se ha desinflado en cuesti¨®n de d¨ªas. Primero, Navarra pidi¨® al Senado una ampliaci¨®n del plazo porque los grupos dijeron no tener claro cu¨¢l es el procedimiento.

En los d¨ªas sucesivos, Parlamentos con mayor¨ªa absoluta socialista hicieron lo mismo. El Parlamento catal¨¢n tambi¨¦n pidi¨® m¨¢s tiempo el viernes, s¨®lo tres d¨ªas despu¨¦s de que los grupos se pusieran de acuerdo en un sistema para el nombramiento. El mismo repentino cambio de actitud ocurri¨® en Galicia y en Canarias. La mayor¨ªa debe reformar sus reglamentos, y adem¨¢s muchos est¨¢n debatiendo sus presupuestos y el tema "no es una prioridad", seg¨²n varios portavoces auton¨®micos.

A la C¨¢mara alta han llegado seis peticiones formales de ampliaci¨®n de plazo: de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andaluc¨ªa, Navarra, Murcia y Galicia. El Senado estudiar¨¢ estas peticiones en la reuni¨®n de la Mesa de hoy. El boicoteo del PP y el frenazo del PSOE auguran que esa ampliaci¨®n se conceder¨¢, algo que dan por hecho varias fuentes parlamentarias.

Esto supone de facto renunciar a los nombramientos. La primera semana de enero, el presidente del Gobierno disolver¨¢ las Cortes y convocar¨¢ elecciones. A diferencia de otras altas instituciones, ser¨¢n renovadas cuando toca, cada cuatro a?os. Esto supone que si el Senado concede hoy esa pr¨®rroga, ya no podr¨¢ cumplir con su obligaci¨®n hasta que se vuelva a constituir la C¨¢mara, tras los comicios.

Los grupos del PP en las C¨¢maras aut¨®nomas se niegan abiertamente a pactar los nombramientos. Pero piden, como ayer el de Madrid, informes jur¨ªdicos sobre los detalles del procedimiento, lo que supone dilatar un plazo que ya es de angustia y renunciar tambi¨¦n a llegar a tiempo. En todo caso, un portavoz del PP aclar¨® que la posici¨®n del partido es la misma que sobre la LOTC, y en ning¨²n caso sus grupos auton¨®micos participar¨¢n en un proceso que el partido considera inconstitucional.

Por parte del PSOE, su portavoz en el Senado, Joan Lerma, uno de los impulsores del nuevo m¨¦todo de nombramiento, indica que "los magistrados deben tener un perfil institucional, no partidista". El proceso, en el ¨¢mbito auton¨®mico, no deja de exigir "un alto grado de consenso" en los nombres. Fuentes auton¨®micas del PSOE confirmaron que no se plantean la posibilidad de nombrar candidatos a las bravas, imponiendo su mayor¨ªa all¨ª donde la tienen. Dada la posici¨®n de boicoteo del PP, no habr¨¢ candidatos.

Adem¨¢s, parlamentarios de varios partidos coinciden en que hacer los nombramientos destruir¨ªa la reputaci¨®n de los candidatos, que quedar¨ªan marcados como partidistas, impuestos en sus Parlamentos aut¨®nomos y, en ¨²ltimo caso, rechazados en votaci¨®n en el Senado.