Per¨²: pacto corrupto y millonaria compra de armas

Curioso y preocupante el anuncio hecho, en d¨ªas pasados, por el Gobierno del pacto corrupto en el Per¨². Mientras su presidenta, Dina Boluarte, se sit¨²a, sostenidamente, en su ¡°record mundial¡± de baja aprobaci¨®n (3%). El medio estadounidense The Intercept public¨® en octubre un informe especial sobre la presidenta Boluarte: varias encuestas semejantes la sindican como la presidenta m¨¢s impopular a escala mundial.

Investigada por alegados delitos de corrupci¨®n y sin responder por la muerte violenta de m¨¢s de 50 personas apenas Boluarte asumi¨® la presidencia el 2022, est¨¢ en el suelo su legitimidad y la del llamado pacto corrupto (entre su Gobierno y el desprestigiado Congreso). Pero lo curioso es que desde ese mismo Gobierno, en virtual colapso, se anuncian compras millonarias -e inmediatas- de armamento. Por casi 4.000 millones de d¨®lares. Dif¨ªcil saber qu¨¦ es lo que se pretende,¡­ salvo satisfacer apetitos de altos mandos por ¡°comisiones¡±, como lo sospechan varios analistas. Mientras, quedan de lado de lado temas que debieran ser prioritarios. Como, por ejemplo, muy dolorosos.

La sinraz¨®n

Mientras, el pa¨ªs explota por la desatenci¨®n sanitaria ante el colapsado sistema de salud. O la masiva -y creciente- desnutrici¨®n infantil: el 40% de ni?os en el Per¨² (de 6 a 35 meses) sufre de anemia: 1.6 millones a nivel nacional. Que seguir¨¢n as¨ª sin una pol¨ªtica p¨²blica para atenderlos.

Y, a la vez, enorme gasto armamentista, cuando no existe tensi¨®n ni amenaza de conflicto alguna. Con ninguno de los cinco pa¨ªses lim¨ªtrofes del Per¨² (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador). Salta con prominencia, pues, esta extra?a priorizaci¨®n por adquirir costos juguetes b¨¦licos en desmedro de programas esenciales de salud o vivienda.

Tres cosas llaman, particularmente, a extra?eza.

Uno: como se sabe, no hay conflicto -o siquiera ¡°tensi¨®n¡±- del Per¨² con ninguno de sus vecinos. La ¨²ltima ¡°tensi¨®n¡± qued¨® resuelta en el acuerdo de paz Ecuador/Per¨² firmado en 1998, ejecutado sin dificultades mayores.

M¨¢s all¨¢ de esto, el hecho evidente es los pa¨ªses latinoamericanos viene siendo el grupo ¡°estelar¡± en procesar cualquier conflicto o tensi¨®n lim¨ªtrofe a trav¨¦s del derecho internacional. Son b¨¢sicamente latinoamericanos los ¡°viajeros frecuentes¡±, digamos, de la Corte Internacional de Justicia. Que es en donde se han procesado en los ¨²ltimos a?os los diferendos intra-latinoamericanos sin que la sangre llegue al r¨ªo. Destacan los cinco siguientes: Colombia contra Nicaragua (2001-2022); Honduras contra El Salvador y Nicaragua (2002-2007) l¨ªmites mar¨ªtimos en el Golfo de Fonseca; Chile contra. Per¨² (2008-2014), sobre l¨ªmites mar¨ªtimos; Costa Rica contra Nicaragua (2010-2018); Bolivia contra Chile (2013-2018).

Dos: la pobreza. Que sigue aumentando en el Per¨², pese a que las exportaciones principales se sostienen, desde hace m¨¢s de dos a?os, a precios record. Con ingresos fiscales extraordinarios, s¨®lo la brutal impericia gubernamental actual puede explicar que, simult¨¢neamente, aumente crezca la pobreza y se sufra en el Per¨² un colosal desastre en el sistema de salud p¨²blica, manteni¨¦ndose indemnes los alt¨ªsimos niveles de desnutrici¨®n infantil.

As¨ª, mientras el gobierno del pacto corrupto anuncia desde Lima un festival de compras millonarias de ¡°juguetes b¨¦licos¡±, la desnutrici¨®n infantil, que puede llevar a la muerte, contin¨²a siendo masiva. Y creciente. Actualmente el 40.1% de los ni?os en el Per¨², de 6 a 35 meses, sufre de anemia: 1,6 millones a nivel nacional. ?Un esc¨¢ndalo! Afectando, directamente, el desarrollo cognitivo y conductual, generando limitaciones en el aprendizaje y la socializaci¨®n. Mientras el Gobierno del pacto se pone de perfil como si con ¨¦l no fuere la cosa.

Tres: por la grosera y sostenida corrupci¨®n que ha solido venir asociada a la compra de armamento en la historia reciente del Per¨². Hay, digamos, lamentable ¡°jurisprudencia¡± sostenida de ello.

Algo de historia. Mancho -o ¡°guio¡±- la ¨²ltima compra importante de aviones caza, en la d¨¦cada de Fujimori/Montesinos (1990/2000): 18 interceptores MiG-29 y 18 de ataque a tierra Sukhoi Su-25. Todos usados, y comprados con sobreprecio entre 1996 y 1998. El gobierno de ese entonces pag¨® 536 millones de d¨®lares. De ellos, 320 millones habr¨ªan sido en sobornos, seg¨²n la justicia peruana. Que conden¨® a siete importantes funcionarios por el caso, incluyendo a Montesinos, quien acept¨® haberlos recibido. Esto es historia, no una novela policial.

La sorpresiva, millonaria e insostenible nueva prioridad en el gasto p¨²blico que hoy define por el pacto corrupto, ?es s¨®lo por cuesti¨®n de ¡°comisiones¡± a las que podr¨ªan acceder algunos de los altos mandos castrenses? Podr¨ªa ser la explicaci¨®n.

Las prioridades: deben ser otras

Inaceptable que la anunciada compra de armas pase a tener preferencia y prioridad sobre exigencias dram¨¢ticas en salud p¨²blica, vivienda y educaci¨®n. Decisi¨®n ileg¨ªtima y contraria a las urgentes necesidades de la poblaci¨®n. Que debe ser la obvia y saltante prioridad. Y para lo cual existir¨ªan recursos presupuestales, si se reajustan las prioridades hacia lo fundamental: ?la gente!

Empezando por la masiva desnutrici¨®n infantil, que puede llevar a la muerte. La soluci¨®n/respuesta deber¨ªa ser inmediata y eficaz. Con programas de suplementaci¨®n nutricional, mejora del acceso a servicios de salud y educaci¨®n para las familias. Tambi¨¦n, inversiones en infraestructura b¨¢sica, como agua potable y saneamiento, especialmente en zonas rurales. Existen los montos fiscales que se requiere, reorientando partidas presupuestales para enfrentar el hambre y la desnutrici¨®n infantil.

En efecto, con el equivalente de 500 millones de d¨®lares, se podr¨ªa financiar un a?o completo de programas eficaces. Con cuatro objetivos medulares: 1) mejorar el acceso a servicios b¨¢sicos (agua potable, saneamiento y centros de salud); 2) programas de educaci¨®n nutricional; 3) suplementos nutricionales (hierro, zinc, vitamina A), y; 4) alimentos fortificados para ni?os menores de cinco a?os. Si se atiende espec¨ªficamente a 700.000 ni?os con anemia, el costo ser¨ªa de 35-70 millones de d¨®lares al a?o.

Un programa integral para reducir significativamente la desnutrici¨®n infantil podr¨ªa requerir entre 700 millones y 1.000 millones de d¨®lares anuales. O si se decidiera que la prioridad deber¨ªa ser el mejoramiento de la infraestructura de salud, con lo que se gastar¨ªa en esa compra de armamento podr¨ªa construirse al menos 3-4 hospitales nuevos. De categor¨ªa A-1. Repercutiendo, cada uno, en la salud de millones de personas.

Para hacer todo esto tendr¨ªa que quedar sin efecto el festival de adquisiciones b¨¦licas anunciado.

Pron¨®stico reservado

Dif¨ªcilmente es sostenible un r¨¦gimen como el del pacto corrupto con la impopularidad masiva y creciente que tiene. Dentro de lo cual se adoptan, crecientemente, decisiones de escasa o nula legitimidad. La proyecci¨®n y supervivencia pol¨ªtica del pacto corrupto gobernante, sin embargo, podr¨ªa ser de muy corta duraci¨®n si se toma en cuenta.

Empezando por su discutible validez jur¨ªdica. La Constituci¨®n del Per¨² establece que ¡°actos de gobierno ileg¨ªtimos o anticonstitucionales no tienen validez jur¨ªdica¡± (art. 45). Nada m¨¢s ileg¨ªtimo que preferir las adquisiciones de juguetes b¨¦licos dejando abandonada la salud y la educaci¨®n del pueblo, con 40% de los ni?os en el Per¨² padeciendo anemia. ?Y qu¨¦ de esto?

En una sociedad democr¨¢tica, el pueblo est¨¢ premunido del poder impl¨ªcito de ser soberano. Lo que no es, ni puede ser, un concepto ret¨®rico. Si ¡°el poder del Estado emana del pueblo y que quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones que la Constituci¨®n establece¡± (art. 45 de la Constituci¨®n peruana), cualquier acto que usurpe el ejercicio del poder p¨²blico es considerado nulo.

Ello ?no podr¨ªa legitimar la resistencia ciudadana contra un r¨¦gimen que vulnera gravemente derechos como el derecho de acceso a la salud? Haciendo poco -o nada- contra una masiva desnutrici¨®n infantil con la que el 40.1% de los ni?os en el Per¨², sufre de anemia: 1,6 millones a nivel nacional.

Grave que, ante esta dram¨¢tica constataci¨®n, la autoridad gubernamental priorice gastos presupuestales en costosas -e inexplicables- adquisiciones militares. ?Consecuencia? La Constituci¨®n (art. 46) establece el derecho a la insurgencia: ¡°nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones p¨²blicas en violaci¨®n de la Constituci¨®n y las leyes¡±. ?No quedar¨ªa legitimada, por esa norma, la desobediencia civil? Parecer¨ªa claro que este art¨ªculo la legitima, frente a gobiernos -o conductas- no democr¨¢ticas o ileg¨ªtimas.

Como dicen en Colombia ¡°¡­ amanecer¨¢ y veremos¡±. Pero el hecho es que el pr¨¢cticamente nulo respaldo popular a la presidenta y el masivo repudio existente hacia el Congreso corrupto, hacen de la actual institucionalidad pol¨ªtica en el poder un espacio precario e inestable. Dentro de lo cual, el hartazgo nacional, que se va acumulando, podr¨ªa muy bien derivar en uno o varios estallidos sociales. Que traer¨ªan abajo la precaria -e inepta- institucionalidad del pacto corrupto.