El Constitucional acusa al PP: "Intento de abuso de derecho y fraude procesal"

La maniobra del PP para recusar a tres magistrados progresistas del Constitucional y conducir al bloqueo a este organismo bas¨¢ndose en una informaci¨®n falsa de El Mundo fue calificada ayer por el propio tribunal como un "intento de abuso de derecho o fraude procesal".

La maniobra del PP para recusar a tres magistrados progresistas del Constitucional y conducir al bloqueo a este organismo bas¨¢ndose en una informaci¨®n falsa de El Mundo fue calificada ayer por el propio tribunal como un "intento de abuso de derecho o fraude procesal". As¨ª se establece en el auto que el Constitucional hizo p¨²blico con los argumentos jur¨ªdicos que fundamentan el rechazo a limine (de plano) de la triple recusaci¨®n de los populares. El Tribunal tiene "fundadas sospechas" de que las recusaciones se formularon "para alterar la composici¨®n del Pleno". Adem¨¢s, el Constitucional admiti¨® a tr¨¢mite la recusaci¨®n de dos magistrados presentada por el Gobierno.

El auto, redactado por el presidente en funciones, el conservador Vicente Conde Mart¨ªn de Hijas, destapa la supuesta "t¨¢ctica procesal" del PP consistente en "unificar las recusaciones formuladas por ellos con las del Gobierno", aunque, dice el auto, "se trata de hechos distintos". Por eso, la petici¨®n de acumulaci¨®n de recusaciones que hizo el PP "carece de cobertura legal" y supone "un uso desviado de las normas del proceso". El rechazo a esa pretensi¨®n del PP se justifica, adem¨¢s, porque "no existe norma legal que obligue al Tribunal a un pronunciamiento previo" sobre la acumulaci¨®n.

Los reproches del Constitucional se endurecen al examinar lo que el PP calific¨® como "irregularidades en la preconstituci¨®n de prueba". Se trata de la carta firmada por seis magistrados en la que desmintieron la informaci¨®n de El Mundo relativa a que Sala, Arag¨®n y Tremps se habr¨ªan mostrado a favor de la pr¨®rroga legal del mandato de la presidenta del Tribunal. El Constitucional considera "dif¨ªcilmente repetible" que se recuse a unos magistrados "por conversaciones de los mismos acaecidas en el seno interno del Tribunal" de los que "s¨®lo ellos son los primarios conocedores y s¨®lo a trav¨¦s de ellos pueden ser conocidas por sus compa?eros". Pero en todo caso, considera procesalmente v¨¢lido "que los protagonistas del hecho comuniquen la falsedad del mismo al resto de los miembros del Tribunal".

Para el Constitucional, si de lo que trata es de "reaccionar frente a los intentos de alterar la composici¨®n del Tribunal", ser¨ªa contrario a ese objetivo "que a los magistrados pueda impon¨¦rseles el silencio" y se tramitasen unas recusaciones "sin otra base que una informaci¨®n de un peri¨®dico sin firma de autor ni de fuente".

Sobre la informaci¨®n publicada por El Mundo, agrega que "ha sido rotunda y tajantemente desmentida" por todos los magistrados que han participado en la reuni¨®n, "priv¨¢ndola totalmente de la necesaria e imprescindible fundamentaci¨®n f¨¢ctica". Por tanto, la no aportaci¨®n de un principio de prueba "ha de determinar en este momento su inadmisi¨®n a limine". En todo caso, agrega, "las conversaciones de magistrados "no son datos de hecho suficientes para basar una recusaci¨®n".

El Tribunal dedica un apartado final al comisionado del PP, Ignacio Astarloa, al que reprocha haber proclamado en diversos pasajes de las alegaciones del PP que las recusaciones eran una "reacci¨®n" frente a las formuladas por el Gobierno contra los conservadores Roberto Garc¨ªa-Calvo y Jorge Rodr¨ªguez-Zapata.

Para el Tribunal, estas afirmaciones son un "uso indebido de un instituto tan importante como es la recusaci¨®n" y una "instrumentalizaci¨®n" que persigue el reequilibrio del pleno. El Tribunal exige taxativamente a Astarloa que "guarde el respeto que institucionalmente le es debido al Tribunal". El pleno que dirimir¨¢ ese recurso tiene mayor¨ªa progresista (cinco magistrados frente a tres).