200 penalistas exigen demoliciones y penas m¨¢s duras contra la corrupci¨®n

El Estado, las autonom¨ªas, los ayuntamientos y los jueces son ineficaces para combatir el creciente fen¨®meno de la corrupci¨®n urban¨ªstica. Con esa tesis, el Grupo de Estudios de Pol¨ªtica Criminal, formado por 200 fiscales, jueces y catedr¨¢ticos de Derecho Penal de tendencia progresista, ha elaborado un manifiesto en el que proponen que las Administraciones act¨²en con mano dura. Ese foro propone medidas ejemplarizantes como la demolici¨®n de edificios ilegales y el endurecimiento de las penas para los delitos relacionados con el fen¨®meno. Al Gobierno le pide que "no vacile" a la hora de disolver ayuntamientos manifiestamente implicados.

El documento recorre las distintas instituciones competentes para atajar el fen¨®meno proponiendo a cada una serie de medidas. Adem¨¢s de la disoluci¨®n de ayuntamientos corruptos, al Estado le sugiere que refuerce la independencia y autoridad de los ¨®rganos t¨¦cnicos de los ayuntamientos (secretarios, interventores y tesoreros) cuyas facultades se han recortado, as¨ª como un mayor control de los notarios y registradores de la propiedad, que a veces, seg¨²n el documento, act¨²an con "connivencia, complacencia, negligencia u omisi¨®n" en estos casos.

Las autonom¨ªas, seg¨²n el manifiesto, deben acotar las competencias urban¨ªsticas de los ayuntamientos con la aprobaci¨®n de planes que engloben a varios municipios, estableciendo "l¨ªmites m¨¢s estrictos sobre reclasificaciones y recalificaciones de suelo" y obligando a que los planes municipales se basen en "necesidades reales, y no especulativas" de crecimiento de la poblaci¨®n. Las comunidades deben controlar especialmente los convenios entre municipios y particulares que, en muchos casos, condicionan construcciones a la recalificaci¨®n de suelo.

El informe se?ala como principales responsables del fen¨®meno a los ayuntamientos. Considera "mera arbitrariedad" su resistencia a los controles de otras Administraciones ampar¨¢ndose en la autonom¨ªa local y les pide que ejerzan "sus competencias disciplinarias", en muchos casos abandonadas por impopulares o por el miedo al castigo electoral.

Los jueces de lo Contencioso-Administrativo tienen que dar preferencia a los casos m¨¢s trascendentes con el fin de restaurar "la situaci¨®n original da?ada" aunque para ello sea necesario llegar a la demolici¨®n, que debe ser obligatoria en caso de que se haya cometido un delito. El manifiesto propone que el C¨®digo Penal considere prevaricaci¨®n el informe o voto favorable de cargos p¨²blicos a planes manifiestamente ilegales, as¨ª como la elevaci¨®n de las penas de prisi¨®n en los delitos contra la ordenaci¨®n del territorio.

Para prevenir el blanqueo de dinero, muy ligado al urbanismo, defienden que los pol¨ªticos y funcionarios tambi¨¦n est¨¦n obligados por ley a informar de operaciones sospechosas.