El procesamiento del 'lehendakari'

A veces, actos materialmente iguales tienen distinta significaci¨®n jur¨ªdica seg¨²n la intenci¨®n del protagonista. Por ejemplo, determinadas manipulaciones del ginec¨®logo pueden asemejarse a los tocamientos punibles del agresor sexual. Todo depende de la intenci¨®n de curar o de agredir.

El lehendakari, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, y los l¨ªderes socialistas Patxi L¨®pez y Rodolfo Ares podr¨ªan ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco como cooperadores necesarios del delito de desobediencia cometido por Arnaldo Otegi y cuatro m¨¢s, seg¨²n decisi¨®n de dicho Tribunal Superior de 29 de octubre de 2007.

No son acusados de desobediencia. Ninguna orden recibieron que pudieran haber desobedecido. Se les acusa s¨®lo de ayudar, de manera intencionada y determinante, a los desobedientes, que fueron Otegi y los suyos. A ¨¦stos el Tribunal Supremo les hab¨ªa ordenado cesar en las actividades del partido pol¨ªtico Batasuna, en la sentencia de la Sala Especial dictada el 27 de marzo de 2003.

"Los parlamentarios no pueden ser juzgados por los actos que realicen en el ejercicio de su funci¨®n"

Otegi y cuatro m¨¢s se reunieron con Ibarretxe, L¨®pez y Ares los d¨ªas 19 de abril y 6 de julio de 2006, y 22 de enero de 2007. Pero el mero hecho de las reuniones no puede considerarse, sin m¨¢s, como intencionada cooperaci¨®n con los fines il¨ªcitos de una organizaci¨®n ilegalizada.

Otros responsables pol¨ªticos se hab¨ªan reunido con anterioridad con Batasuna e incluso con ETA desde marzo de 2003. Entonces la justicia no procedi¨® contra ellos, ni pudo hacerlo, porque para proceder es necesaria una previa acusaci¨®n, que nadie formul¨®. Tampoco la fiscal¨ªa.

Pero en esta ocasi¨®n s¨ª hubo acusaci¨®n. El Foro de Ermua y la Asociaci¨®n Dignidad y Justicia, sin ser perjudicados por el delito, se querellaron contra Otegi y los suyos por desobediencia a la orden del Tribunal Supremo, y contra Ibarretxe, L¨®pez y Ares como cooperadores necesarios de esa desobediencia. Tampoco ahora acus¨® el fiscal.

Ya con anterioridad, en noviembre de 2005, se hab¨ªa acusado de otro delito de desobediencia a Atutxa, que fue presidente del Parlamento vasco. El fiscal, finalmente, tampoco le acus¨®. El sedicente sindicato Manos Limpias, que tampoco era perjudicado, s¨ª. Y el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco hubo de reconocer que carec¨ªa de poder para jugzarle, porque as¨ª lo establece el principio de inviolabilidad parlamentaria.

Los parlamentarios no pueden ser juzgados por los votos, opiniones ni actos que realicen en el ejercicio de su funci¨®n o con ocasi¨®n de ella. Este principio, derivado del freedom of speach anglosaj¨®n, se extiende no s¨®lo a las palabras y los votos expresados en la tribuna o esca?os del Parlamento, sino tambi¨¦n, excepcionalmente, a los actos parlamentarios exteriores a la vida de las c¨¢maras. La finalidad espec¨ªfica del privilegio es asegurar, a trav¨¦s de la libertad de expresi¨®n de los parlamentarios, la libre formaci¨®n de la voluntad del ¨®rgano legislativo a que pertenecen. As¨ª lo dice el Tribunal Constitucional. Y as¨ª vale tanto para los miembros del Congreso y el Senado, porque lo ordena la Constituci¨®n, como para los parlamentarios vascos, porque lo ordena su Estatuto de Autonom¨ªa.

En Ibarretxe, L¨®pez y Ares concurre la circunstancia de ser miembros del Parlamento vasco. La actividad que se les imputa no era privada, sino pol¨ªtica, orientada a conformar el discurso pol¨ªtico de un futuro de paz y a alcanzar, finalmente, este objetivo. Y tal actividad tambi¨¦n es parlamentaria. Porque la voluntad del Parlamento no s¨®lo se plasma en las leyes que en ¨¦l se debaten y deciden, sino tambi¨¦n en el discurso parlamentario en su m¨¢s amplio sentido construido, necesariamente, a partir del previo discurso pol¨ªtico. Y es notorio que en dicho discurso est¨¢ presente, de forma inevitablemente obsesiva, el futuro de paz.

No es descabellado, por todo ello, estimar que, aunque los acusadores y el juez no lo consideren, y aunque ellos mismos no lo aleguen, en el lehendakari y en los l¨ªderes socialistas concurr¨ªa, al tiempo de las referidas reuniones, la condici¨®n de parlamentarios, amparados por el privilegio de la inviolabilidad. El tribunal, al inicio del juicio oral, si lo hay, tendr¨¢ ocasi¨®n de atender esta circunstancia. Y bueno ser¨ªa que lo hiciera.

Al margen de todo esto, el Tribunal Supremo considera que, en procedimientos como el que corresponder¨ªa a la pretendida desobediencia que comentamos, tan s¨®lo pueden acusar el fiscal y los perjudicados por el delito. Si prosperase, como parece, esta tesis, no habr¨ªa acusadores v¨¢lidos, porque no son perjudicados. Y as¨ª, se acabar¨ªa el conflicto, sin acusaciones ni juicios. Pero tambi¨¦n sin pronunciamiento sobre lo principal: que no se debe confundir agresor con sanador, ni la pretendida intenci¨®n de participar en el desacato a una orden judicial con la evidente voluntad de conformar el discurso pol¨ªtico, democr¨¢tico y parlamentario de la convivencia en paz.

Jos¨¦ Mar¨ªa Mena es fiscal jubilado. Ha sido fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.