Un tribunal irritado con los obispos

"Tama?a barbaridad de argumento". "Conductas que merecen un reproche jur¨ªdico absoluto". ?stas son algunas de las consideraciones que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emite en sus dos ¨²ltimas sentencias contra el Obispado y el Gobierno canarios por despedir a varios profesores de religi¨®n.

Las indemnizaciones fijadas por los "da?os morales causados" las deber¨¢ pagar s¨®lo el episcopado. Los jueces consideran al Ejecutivo mero "comparsa" en las acciones tan severamente repudiadas, aunque sea la Administraci¨®n la que las ha ejecutado.

"Se atenta contra derechos del n¨²cleo duro de los derechos constitucionales"

Las nuevas sentencias del TSJC se dar¨¢n a conocer hoy en Las Palmas y reponen en sus derechos fundamentales a las profesoras Nereida del Pino D¨ªaz Mederos y Araceli del Carmen G¨®mez Ja¨¦n. Es el sexto pleito consecutivo que ganan a sus empleadores, pero el calvario laboral es siempre el mismo desde que en 2001 perdieron el empleo por participar en una huelga legal. Recurrieron, ganaron el pleito, fueron repuestas en el trabajo en ejecuci¨®n de sentencia, y vuelta a empezar al curso siguiente. Es decir, despido, nuevo pleito, sentencia favorable, ejecuci¨®n de sentencia y reposici¨®n en el empleo, despido al curso siguiente, nuevo pleito...

As¨ª, durante seis a?os sucesivos. De acuerdo con lo concordado entre Espa?a y el Vaticano en 1979 y 1998, los profesores de religi¨®n son contratados y pagados por el Estado, pero elegidos para cada curso escolar por los obispos. ?stos sostienen la teor¨ªa de que los acuerdos entre ambos Estados les permiten que esa elecci¨®n -o desalojo- no est¨¦ sujeta a norma legal alguna. Por ello vienen despidiendo a centenares de sus docentes por causas como vivir en pecado, casarse por lo civil, irse de copas o, simplemente, porque s¨ª.

Lo que sorprende al Tribunal Superior es que semejante tesis de inmunidad absoluta la sostenga tambi¨¦n la Administraci¨®n. El Gobierno canario ha recurrido todas las sentencias contrarias al episcopado con la tesis de que "el Obispado tiene una facultad lib¨¦rrima que le permite renovar o no, aunque se vulneren derechos fundamentales".

El subrayado es del TSJC, y ¨¦sta su valoraci¨®n: "Pocas consideraciones merece tama?a barbaridad de argumento, que sorprende que lo emplee una Administraci¨®n obligada por la Constituci¨®n a actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y, por tanto, a la Constituci¨®n que en su art¨ªculo 10,2? dispone: 'Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constituci¨®n reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos y los tratados sobre las mismas materias".

Las dos sentencias que hoy se conocer¨¢n p¨²blicamente a?aden, por separado: "No es competencia de la Sala hacer juicios morales o ¨¦ticos sobre el comportamiento de las partes y acerca de sus actos porque [eso] pertenece a la conciencia de cada uno, sino examinar si ¨¦stos son susceptibles de reproche jur¨ªdico". Concluye: "La conducta del Obispado que no renueva los contratos a algunos de sus profesores por ejercitar un derecho fundamental, merece un reproche jur¨ªdico absoluto, pues atenta directamente contra derechos y libertades que forman parte del n¨²cleo b¨¢sico y duro de los derechos constitucionales".

Los magistrados Humberto Guadalupe Hern¨¢ndez, Mar¨ªa Jes¨²s Garc¨ªa Hern¨¢ndez y Eduardo Jes¨²s Ramos Real, que firman las sentencias que hoy se conocer¨¢n en su totalidad, concluyen, adem¨¢s, que "la reiteraci¨®n del comportamiento" de los obispos y del Gobierno canario est¨¢ encaminada "a la eliminaci¨®n de los trabajadores conflictivos, con desprecio absoluto de los derechos fundamentales de ¨¦stos, vulnerados a?o tras a?o pese a la reiteraci¨®n de pronunciamientos judiciales".