Patrimonio

El problema de la vivienda ha generado un extra?o consenso generacional: a los hijos les preocupa el acceso a una primera casa; a los padres, el pago de la hipoteca o el alquiler de la que tienen; y a los abuelos el poder vivir en su hogar de toda la vida sin amenazas ni coacciones. Esta reflexi¨®n la he encontrado en un informe sobre las quejas recibidas en la oficina del Defensor del Ciudadano de M¨¢laga. El documento analiza la gravedad del problema para conseguir una casa digna que tienen muchos ciudadanos y advierte de que, si ese hecho es preocupante en los primeros estadios de la vida, es todav¨ªa m¨¢s descorazonador entre las personas ancianas. Es el caso de esos arrendatarios, muchos de ellos enfermos y pobres, que est¨¢n sufriendo el acoso de los denominados asustaviejas, esos nuevos forajidos de la ley de propiedad horizontal.

La expulsi¨®n de sus viviendas de personas mayores es una condena segura al desarraigo y a la marginalidad

Dice el informe que, s¨®lo en M¨¢laga, esta oficina del Defensor tramit¨® 40 expedientes por acoso inmobiliario que ten¨ªan como protagonistas a inquilinos de avanzada edad. Relata que todos acudieron a esta instituci¨®n cargados de indignaci¨®n e impotencia por las amenazas que ven¨ªan padeciendo. En general, estaban siendo coaccionados para abandonar edificios que durante d¨¦cadas hab¨ªan logrado mantener y de los que ahora les pretend¨ªan echar, justo en el momento m¨¢s dif¨ªcil de sus vidas. El problema no es menor. La expulsi¨®n de sus viviendas es, en ocasiones, tambi¨¦n una condena segura al desarraigo y a la marginalidad. Adem¨¢s, en la mayor¨ªa de los casos, estas personas, con apenas conocimientos legales, se enfrentan a empresas especializadas en la adquisici¨®n y rehabilitaci¨®n de edificios que logran su prop¨®sito por la indiferencia, cuando no la complicidad, de los propios organismos responsables de velar por la legalidad.

Como la situaci¨®n es f¨¢cil de entender, hay ejemplos que se pueden explicar en unas l¨ªneas. En la calle San F¨¦lix Cantalicio, en el barrio malague?o de Capuchinos, los bomberos alertaron en marzo de 2005 de la necesidad de reparar la cubierta de teja y los falsos techos interiores del edificio ubicado en el n¨²mero 11. Algo, en principio, sin demasiada importante. Se advert¨ªa adem¨¢s de la urgente reposici¨®n del revestimiento exterior de los muros, ante la situaci¨®n de abandono del inmueble y las continuas denuncias de los inquilinos sobre las malas condiciones de habitabilidad. Pero ni la propiedad lo hizo nunca, ni el consistorio les oblig¨®. Y tiempo hubo m¨¢s que de sobra para hacerlo. El inmueble termin¨®, en poco m¨¢s de un a?o, con una declaraci¨®n de ruina y los vecinos a un paso de la calle. Fue uno de los casos que la oficina llev¨® a la fiscal¨ªa de M¨¢laga y el detonante para que el ayuntamiento tomara conciencia del problema y anunciara un seguimiento especial a otros casos similares. Era solo la punta del iceberg.

En muchas calles cualesquiera de cualquier centro hist¨®rico de una ciudad espa?ola cualquiera hay vecinos que entran en sus casas haciendo ruido con las llaves para no pisar a las ratas. En algunos de esos inmuebles habitan en soledad personas que viven encerradas en paredes con desperfectos, pilares apuntalados y goteras en el techo. Listos para ser desalojados minutos antes de que el edificio les caiga encima por la indiferencia de todos. ?sta bien que la oficina del Defensor del Ciudadano, de la Diputaci¨®n Provincial de M¨¢laga, haya recordado a estas personas en su informe de este a?o. Son el ¨²ltimo escal¨®n de ese consenso generacional en torno al problema de la vivienda: las dificultades para lograr un lugar donde caerse muerto es la ¨²nica herencia que en algunas familias pasa de padres a hijos. Y no parece que a estos ciudadanos les vaya a afectar ni poco ni mucho la promesa electoral de quitar el impuesto sobre el patrimonio.