Industria y Cultura pactan nuevas tarifas para el canon digital
El acuerdo se anuncia dos d¨ªas antes de que el Congreso debata su supresi¨®n
El canon digital sigue vivo. Dos d¨ªas antes de que se discuta en el Congreso una enmienda que propone su supresi¨®n, los ministerios de Industria y Cultura presentaron ayer la nueva lista de aparatos y soportes sujetos a la remuneraci¨®n por copia privada y la cantidad que pagar¨¢n. Por un lado, se rebaja la tarifa de los CD y DVD v¨ªrgenes alrededor del 20%, y casi el 50% la de las grabadoras de CD y DVD. Por otro, entran en la lista los l¨¢pices de memoria USB (0,30 euros), los reproductores multimedia (3,15 euros) y los tel¨¦fonos m¨®viles con funci¨®n MP3 (1,5 euros), tal y como public¨® este diario el 20 de octubre. El ministro de Cultura reconoci¨® ayer que falta el visto bueno de Econom¨ªa. Los citados ministerios han elaborado la lista ante la falta de acuerdo entre el sector privado.
La lista llega en medio de la pol¨¦mica y con a?o y medio de retraso
Industria y Cultura han optado por aplicar tarifas fijas en lugar de baremos seg¨²n la capacidad de copia o almacenamiento. Tambi¨¦n han creado un canon de 12 euros sobre las "unidades aut¨®nomas de almacenamiento" (o discos duros externos). La norma excluye los discos duros de ordenador, como establec¨ªa la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) aprobada en el Congreso en 2006.
La orden sobre el nuevo canon no ser¨¢ retroactiva. Es decir que las tarifas que se han aplicado provisionalmente desde la reforma de la LPI son v¨¢lidas hasta el 15 de enero, cuando deber¨¢n aplicarse las nuevas, una vez se publiquen en el BOE, previa consulta al Consejo de Consumidores y Usuarios. Esta lista llega con un a?o y medio de retraso y envuelta en la pol¨¦mica. Ma?ana se vota en el Congreso la enmienda del Senado apoyada por el PP que propone modificar la LPI en un a?o para eliminar el canon. Las plataformas contra el canon han recogido m¨¢s de un mill¨®n y medio de firmas. Lourdes Mu?oz, diputada socialista, asegur¨® que su partido "ser¨¢ coherente. Aprobamos una ley y ahora la cumplimos, incluso con rebajas".
La pol¨¦mica viene de lejos. Empez¨® en julio de 2003 cuando seis entidades de gesti¨®n, entre ellas la SGAE, y la asociaci¨®n de fabricantes Asimelec pactaron un canon sobre CD y DVD v¨ªrgenes. El canon no es un impuesto, no lo cobra la Administraci¨®n. Es una compensaci¨®n que cobran los autores por la p¨¦rdida de ingresos que supone la copia privada. Lo pagan los fabricantes, aunque lo repercuten al consumidor, autorizado a copiar para su uso obras bajo copyright. Asimelec ve positivo el inicio del tr¨¢mite administrativo del canon, pero "creemos que necesita ajustes t¨¦cnicos", asegur¨® su director general, Jos¨¦ P¨¦rez. La asociaci¨®n de empresas tecnol¨®gicas (Aetic) considera "anacr¨®nico y estrafalario" el canon, "que s¨®lo est¨¢ presente en el 6% de los pa¨ªses del mundo".
De los pa¨ªses comunitarios, 20 aplican el canon. Las diferencias est¨¢n en las tarifas y aparatos sujetos a la remuneraci¨®n. Unas diferencias que llevaron a la Comisi¨®n Europea a estudiar su sustituci¨®n por sistemas de gesti¨®n de derechos digitales, mediante el control de las copias, pero finalmente no prosper¨®. Los ministros de Industria y Cultura, Joan Clos y C¨¦sar Antonio Molina, afirmaron que es "una soluci¨®n de m¨¢ximo consenso". "Si se suprime deber¨ªa desaparecer la copia privada", puntualiz¨® Molina. Otros discrepan. Por ejemplo, el director de Vodafone, Francisco Rom¨¢n, lo ve absurdo porque desde el m¨®vil se descarga m¨²sica legal.
Las asociaciones de internautas tambi¨¦n rechazan las tarifas. La AUI critica que el Gobierno ceda a las presiones de los creadores "desoyendo a los ciudadanos" y la AI pedir¨¢ al Defensor del Pueblo que recurra el canon ante el Constitucional en el caso "improbable", de que prospere la orden. V¨ªctor Domingo, su presidente, cree que el Consejo de Usuarios y Consumidores se opondr¨¢. La norma no exime del canon a quienes emplean los soportes digitales para almacenar documentos que no son obras de autor, como autos judiciales. Magdalena Vinent, directora general de CEDRO, ue re¨²ne a autores y editores de textos, lo defiende. CEDRO ve ampliada su participaci¨®n en los ingresos sobre soportes digitales que antes no percib¨ªa aunque muestra su perplejidad porque las impresoras siguen exentas.
Babelia
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