El 80% de las condenas a trabajos comunitarios no se cumplen

La pena a trabajos en beneficio de la comunidad se extendi¨® de forma importante para las faltas y los delitos menos graves tras la reforma del C¨®digo Penal de 2003, pero no as¨ª las plazas para cumplirlos. En 2007, seg¨²n fuentes de servicios sociales penitenciarios en las tres provincias, la cifra de condenas a trabajos en beneficio de la comunidad ronda las 6.000. Sin embargo, en este a?o, de las 4.000 de Valencia, quedan sin cumplir 2.194; de las 1.650 dictadas en Alicante, s¨®lo 300 condenados han podido encontrar un destino; y de 365 en Castell¨®n, 19 se est¨¢n cumpliendo, 161 est¨¢n pendientes de elegir destino, 29 no tienen plaza, 38 no se han ejecutado y el resto est¨¢n sujetas a otras variables procesales, seg¨²n informa Mar¨ªa Fabra. El 80% de los condenados no puede cumplir la pena por falta de plazas. El riesgo es la prescripci¨®n. La media de penados que no acuden a tramitar su destino est¨¢ en el 65%, y no pueden por ello ser detenidos porque no se ha producido un quebrantamiento de condena.

La diferencia entre el volumen de penas impuestas -que prescriben al a?o en el caso de las faltas, y que son la mayor¨ªa de los casos, o entre los dos y los cinco a?os en el caso de los delitos menos graves- y las plazas disponibles supone, como afirma Vicente Magro, presidente de la audiencia de Alicante, que "la coordinaci¨®n es b¨¢sica para el ¨¦xito del sistema" y "la experiencia demuestra la necesidad de introducir reformas para cumplir con el objetivo de la medida y no generar frustraci¨®n a las v¨ªctimas".No m¨¢s de 40 Ayuntamientos han suscrito convenios para proveer plazas en limpieza de jardines, playas o montes, bibliotecas o alg¨²n servicio asistencial. Se producen disfunciones graves como las que se generan en Valencia ciudad. En este momento, seg¨²n servicios sociales penitenciarios, hay 143 personas, que deb¨ªan, tal como se?ala la ley, cumplir con los trabajos comunitarios en la capital, pero que est¨¢n limpiando los jardines de la c¨¢rcel de Picassent. Como afirman desde el servicio, es una contradicci¨®n grav¨ªsima, porque la sociedad ve c¨®mo una falta o un delito menor, cometido por primera vez, pero inaceptable, no es castigado de forma adecuada, la v¨ªctima no percibe nada, y el condenado va a una c¨¢rcel, cuando la medida huye de ello. Es la consecuencia de que el Ayuntamiento de Valencia, de media, no proporcione m¨¢s de 20 destinos y con perfiles muy escogidos. En la ciudad de Valencia hay 400 penados con trabajos en beneficio de la comunidad, frente a esas 20 plazas y alguna m¨¢s que desde servicios sociales penitenciarios consigan de entidades colaboradoras como fundaciones u organizaciones sin ¨¢nimo de lucro.

Los trabajos comunitarios no pueden realizarse para una empresa privada, no pueden ser remunerados, deben contar con el consentimiento del penado, se miden en jornadas (cada una equivale a cuatro horas) que se distribuyen en funci¨®n de las circunstancias personales, deben tener relaci¨®n con la falta o el delito cometido -aunque, como se?ala el presidente de la Audiencia de Alicante, se estimula que sea as¨ª en las penas de tr¨¢fico o por da?os, pero no en las de violencia de g¨¦nero-, se debe abonar por cada jornada una cuota de seguridad social, que ronda los cinco euros, y la idoneidad la determina el juez de vigilancia penitenciaria, responsable de velar por el cumplimiento.

Julio Such, concejal socialista del Ayuntamiento de Valencia, afirma que "las pr¨¢cticas del Consistorio, el escaso compromiso, contribuyen a la ineficacia y al incumplimiento de los objetivos de una medida buena".

Magro, que desde 2004 consensu¨® con la Diputaci¨®n de Alicante y la Consejer¨ªa de Justicia, bajo la supervisi¨®n del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) un protocolo al que se han adherido 16 Ayuntamientos, afirm¨® ayer la necesidad de "hacer pedagog¨ªa" porque en un principio los Consistorios rechazan recibir condenados "y hay que explicarles que son personas que han cometido una falta o su primer delito". Pero adem¨¢s, considera que el consentimiento del penado no deber¨ªa ser determinante y en caso de que no aceptara la condena, establecerse una pena subsidiaria, que haya un organismo que centralice los destinos disponibles y que trabaje para ampliarlos. De este modo se evitar¨ªa que, como ocurre en los servicios sociales penitenciarios de Valencia (que manejan unas 150 plazas acordadas con una veintena de Ayuntamientos, algunos de los cuales, como Silla, ofrece m¨¢s plazas que el de Valencia, y alg¨²n otro, como Paterna, que tiene un ¨ªndice muy elevado de poblaci¨®n con esta pena no ofrece ninguna) tengan que buscar destinos fuera de los convenios, tramitar la propuesta del propio penado con una asociaci¨®n o una parroquia, para dar salida a los cumplimientos.

Los trabajos comunitarios se imponen por da?os a bienes p¨²blicos, maltrato de animales, conducci¨®n ebria, hurto, falta contra el medioambiente, amenazas, coacciones, injurias y vejaciones injustas leves a sujetos pasivos a excepci¨®n de la mujer, incumplimiento de obligaciones familiares como r¨¦gimen de visitas, y varios supuestos, como las coacciones y las amenazas entre ellos, en violencia de g¨¦nero.