El Supremo confirma un a?o de c¨¢rcel para el jefe de la Polic¨ªa durante el Gobierno de Rajoy

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un a?o de c¨¢rcel impuesta al comisario jubilado Eugenio Pino, quien fuera m¨¢ximo responsable operativo de la Polic¨ªa Nacional durante el Gobierno de Mariano Rajoy y supuesto mu?idor de la polic¨ªa patri¨®tica, el grupo de agentes que actu¨® contra los rivales pol¨ªticos del PP en la etapa de Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz al frente del Ministerio del Interior. Los magistrados consideran a Eugenio Pino responsable de un delito de revelaci¨®n de secretos por sustraer de ¡°forma il¨ªcita¡± datos de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catal¨¢n Jordi Pujol, y por tratar de introducirlos en causas judiciales para perjudicar al clan familiar encabezado por el exjefe de la Generalitat.

Esta resoluci¨®n del llamado caso pendrive ¡ªbautizado as¨ª porque el exjefe policial orden¨® almacenar los datos obtenidos ¡°sin autorizaci¨®n judicial¡± en un dispositivo USB¡ª inflige un duro golpe a Pino, que ocup¨® el puesto de DAO (Director Adjunto Operativo) desde 2012 hasta 2016, cuando se jubil¨®. El comisario aspiraba a tirar abajo las acusaciones que lo cercaban, pero el Supremo ha rechazado todas sus alegaciones y ha ratificado el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que lo sentenci¨® en 2022 a un a?o de c¨¢rcel, a pagar una multa de 7.200 euros y a indemnizar a Jordi Pujol Ferrusola con 2.000 euros.

Esta es, adem¨¢s, la primera sentencia del Supremo sobre las maniobras atribuidas a la llamada polic¨ªa patri¨®tica. Y ante Pino se abre un horizonte todav¨ªa m¨¢s oscuro. El antiguo DAO se enfrenta a otra petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de 15 a?os de c¨¢rcel por ¡°planificar¡± la Operaci¨®n Kitchen, el despliegue urdido en 2013 en el seno del Ministerio del Interior y de la Polic¨ªa Nacional en ¨¦poca del Gobierno de Rajoy para espiar al extesorero popular Luis B¨¢rcenas con el supuesto objetivo de robarle documentaci¨®n que pudiera perjudicar al PP ¡ªel comienzo de este juicio se ha programado para mayo de 2026¡ª. Y, a su vez, el exjefe de la Polic¨ªa permanece imputado en otras pesquisas abiertas en la Audiencia Nacional por la guerra sucia impulsada contra Podemos en ¨¦poca de Fern¨¢ndez D¨ªaz.

El Supremo ha concluido que, ¡°en una fecha no concretada¡±, unos ¡°autores desconocidos¡± robaron ¡°datos de la intimidad personal, familiar, econ¨®mica y societaria de Jordi Pujol Ferrusola, incluidos en numerosos documentos¡±. Esa informaci¨®n reservada acab¨® en la mesa de Pino, que decidi¨® utilizarla en marzo de 2015 contra los Pujol ¡°a sabiendas de que no proced¨ªa de una intervenci¨®n con previa autorizaci¨®n judicial¡±. Pese a que los magistrados admiten que no se ha acreditado que Pino ¡°participara en la fase de apoderamiento il¨ªcito del material¡±, el tribunal incide en que s¨ª se ha acreditado que orden¨® grabar esos datos sensibles en un pendrive y d¨¢rselo a agentes bajo su mando, que trataron de incorporarlo en 2016 en el caso Pujol, la investigaci¨®n judicial por corrupci¨®n abierta en la Audiencia Nacional. El propio juez instructor Jos¨¦ de la Mata, a cargo de ese sumario, tuvo que apartar la tarjeta de memoria del procedimiento ante los recelos que le generaba.

¡°Es funci¨®n de la polic¨ªa, de cualquier funcionario y tambi¨¦n de un cuerpo de seguridad, la de ejercer su funci¨®n con absoluto respeto a la Constituci¨®n y al resto del ordenamiento jur¨ªdico¡±, arremete el Supremo contra Eugenio Pino. ¡°No es admisible calificar de ¡®meras irregularidades procedimentales o formales¡¯ la obtenci¨®n de informaciones secretas, documentos y datos reservados que afectan a la intimidad ¡ªderecho fundamental¡ª de una persona¡±, remacha el alto tribunal, que le atribuye al comisario un ¡°incumplimiento grave de los principios rectores de actuaci¨®n policial¡±. Seg¨²n la sentencia, el el antiguo DAO actu¨® con ¡°la intenci¨®n¡± de que esa informaci¨®n il¨ªcita ¡°surtiera efecto¡± en una investigaci¨®n judicial contra el clan Pujol.

El Supremo mantiene la misma l¨ªnea que el TSJM, que revoc¨® en 2022 la decisi¨®n adoptada dos a?os antes por la Audiencia Provincial de Madrid, que absolvi¨® a Pino en el caso pendrive. Este ¨®rgano de primera instancia solo dio un peque?o tir¨®n de orejas al comisario jubilado (se ¡°alej¨® de un correcto actuar profesional¡±, minimiz¨®), pero el Tribunal Superior de Madrid lo corrigi¨® con una contundente bater¨ªa de reproches: ¡°El poder del Estado para la persecuci¨®n y enjuiciamiento de hechos il¨ªcitos no puede valerse de atajos. El ejercicio de la funci¨®n jurisdiccional solo se ajusta al modelo constitucional cuando se asienta sobre los principios que definen el derecho a un proceso con todas las garant¨ªas. La vulneraci¨®n de derechos del acusado, ya sea mediante un acto de car¨¢cter delictivo, ya mediante la vulneraci¨®n de sus derechos y libertades fundamentales, abre una grieta en la estructura misma del proceso penal¡±.