Una ley de plazos cubrir¨ªa el 90% de los abortos que se realizan
El PSOE ha rechazado incluir la normativa en el programa electoral
Los datos de los abortos realizados en Espa?a en 2006 (101.592, un 10% m¨¢s que el a?o anterior) han reabierto el debate sobre la regulaci¨®n de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo. De las tres posibilidades que ofrece la actual legislaci¨®n (da?o f¨ªsico o ps¨ªquico para la madre, malformaci¨®n fetal o que el feto sea resultado de una violaci¨®n), es la primera la que m¨¢s se ha utilizado: lo ha sido en 98.523 ocasiones (el 97% de las veces).
Con el cuarto supuesto la mujer se evitar¨ªa dar explicaciones
Este empleo supone para los autodenominados grupos pro-vida (movimientos antiabortistas conservadores) una clara muestra de que se est¨¢ cometiendo un fraude. Y refuerza su convencimiento de que, si se incluyera el llamado cuarto supuesto o ley de plazos (que las mujeres pudieran interrumpir el embarazo sin aducir ning¨²n motivo antes de una fecha determinada), el n¨²mero de interrupciones se disparar¨ªa a¨²n m¨¢s.
Pero un an¨¢lisis de los datos realizado por este peri¨®dico demuestra que esto no es as¨ª. Si se toma como plazo m¨¢ximo para abortar sin m¨¢s requisito las 14 semanas de gestaci¨®n -fue lo que propuso IU el pasado 14 de diciembre en el Congreso de los Diputados, en una proposici¨®n a la que se opusieron tanto el PSOE como el PP-, quedar¨ªan cubiertos por el llamado cuarto supuesto unos 92.500 embarazos, m¨¢s del 90% del total.
Esto no querr¨ªa decir que el resto de las interrupciones del embarazo no se realizar¨ªan. La ley de plazos no puede evitar los otros supuestos. Actualmente, el plazo que tiene una mujer para abortar si su salud corre peligro no tiene l¨ªmite. Si existe riesgo para el feto, es de 22 semanas. Solamente se evitar¨ªa que la mujer tuviera que dar explicaciones en el caso de una violaci¨®n.
Entonces, ?por qu¨¦ ese inter¨¦s de las feministas y de IU en aprobar una ley de plazos? El objetivo principal es precisamente ¨¦se: que la mujer, que se supone que ya est¨¢ pasando por un mal trago al pensar que est¨¢ embarazada sin quererlo, tenga que pasar por la burocracia de estar dando explicaciones. Es el famoso lema de "nosotras parimos, nosotras decidimos" que gritaban las feministas en las manifestaciones previas a la regulaci¨®n del aborto.
En el caso de una violaci¨®n, se supone que hay una denuncia previa que le facilita el tr¨¢mite. Pero la regulaci¨®n espa?ola del aborto de 1985 es muy garantista en el caso de que aduzca que va a sufrir un gran da?o f¨ªsico y, sobre todo, si el peligro al que apela es de tipo ps¨ªquico.
En este caso, necesita que dos especialistas confirmen el futuro da?o. Ello s¨®lo acumula tr¨¢mites y alarga el proceso, y, con ello, el sufrimiento. Adem¨¢s, se abre la puerta a casos como el de las cl¨ªnicas abortistas del doctor Mor¨ªn en Barcelona. Uno de los motivos por los que se le ha detenido es porque en sus establecimientos hab¨ªa hojas de diagn¨®stico en blanco ya firmadas por los psiquiatras para que se rellenaran a voluntad del m¨¦dico.
En contra de quienes defienden el cuarto supuesto o ley de plazos est¨¢n quienes afirman, con el PSOE a la cabeza, que con la ley actual no hay ninguna mujer que se quede sin abortar si lo desea, y que no hay una demanda social de que la regulaci¨®n se modifique.
?sta, tras unos inicios m¨¢s complicados, se ha estabilizado. En los ¨²ltimos a?os (de 1998 a 2006) s¨®lo 30 personas han sido condenadas por un delito de aborto ilegal. De ellas, 17 eran hombres, 11 mujeres y hay otras dos sentencias en las que no consta el sexo del inculpado, seg¨²n la relaci¨®n que mantiene el Instituto Nacional de Estad¨ªstica.
De nuevo, este dato se presta a una doble interpretaci¨®n: por un lado ser¨ªa todo m¨¢s f¨¢cil con una ampliaci¨®n de la ley; por otro, ¨¦sta no est¨¢ dando apenas problemas -salvo esc¨¢ndalos como el del a?o pasado en Barcelona- por lo que no hace falta modificarla.
En las pr¨®ximas elecciones el tema no estar¨¢ en el centro de los debates. De los partidos mayores, s¨®lo IU insiste en incluir la modificaci¨®n de la regulaci¨®n. PP, CiU y PNV siempre se han opuesto. El PSOE, que en las anteriores elecciones llevaba en su programa electoral la despenalizaci¨®n de la ley de plazos, ha anunciado que no incluir¨¢ esta propuesta en el documento que prepare para el 9 de marzo.
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