El S¨ªndic acusa a los ayuntamientos de usar el padr¨®n para controlar a los inmigrantes

Los ayuntamientos se extralimitan en el uso del padr¨®n municipal y lo utilizan para controlar a los inmigrantes. ?sta es la denuncia que recoge el informe La gesti¨®n municipal del empadronamiento de los inmigrantes, que el s¨ªndic de greuges, Rafael Rib¨®, entreg¨® ayer al president del Parlament, Ernest Benach.

Rib¨® destac¨® que el informe pone en evidencia a un alto porcentaje de consistorios que utilizan el padr¨®n municipal "m¨¢s all¨¢ de sus competencias legales". Una de las pr¨¢cticas habituales (lo hacen el 17% de los consistorios seg¨²n la encuesta) consiste en detectar a trav¨¦s del censo a los inmigrantes que viven en pisos sobreocupados. Una vez localizados, el ayuntamiento impide que nuevos inquilinos se inscriban en el padr¨®n, pese a que contin¨²en viviendo en el piso.

Rib¨® calific¨® esta pr¨¢ctica de de "taparse los ojos" ante un fen¨®meno cada vez m¨¢s extendido como es la sobreocupaci¨®n. "Los consistorios tienen la obligaci¨®n de inscribir a todas las personas que demuestran que viven en el municipio, est¨¦n o no en un piso sobreocupado", complet¨® su adjunta, Laura D¨ªez.

Otro aspecto que el S¨ªndic denunci¨® fue el hecho de que las polic¨ªas municipales tengan acceso directo al padr¨®n, lo que supone, seg¨²n Rib¨®, "una clara afectaci¨®n de los derechos fundamentales de los inmigrantes". La pr¨¢ctica err¨®nea m¨¢s extendida (al 60% de los ayuntamientos) consiste en dar de baja del censo a los for¨¢neos sobre los que pesa una orden de expulsi¨®n sin comunic¨¢rselo debidamente. La documentaci¨®n que se exige en la gesti¨®n del padr¨®n tampoco es la correcta, ya que algunos consistorios requieren documentos no previstos por la ley, como la c¨¦dula de habitabilidad, que exigen el 14,3% de los municipios.

Rib¨® inst¨® a los consistorios a realizar el padr¨®n tal como estipula la ley, como un registro para conocer la realidad poblacional de un municipio. El S¨ªndic reclam¨® tambi¨¦n que los ayuntamientos unifiquen los criterios para evitar situaciones de desigualdad entre municipios.