Los errores del aborto

Es comprensible el malestar que existe entre los profesionales sanitarios que trabajan en las cl¨ªnicas privadas acreditadas para realizar abortos. Como consecuencia de las acciones judiciales emprendidas contra el grupo Mor¨ªn de Barcelona, por supuesta vulneraci¨®n de la ley, el resto de las cl¨ªnicas ha visto cuestionada no s¨®lo la calidad de su prestaci¨®n asistencial, sino la legalidad de su actuaci¨®n y hasta la legitimidad de su existencia. Sus profesionales han tenido que soportar tremendistas acusaciones de asesinato por parte de altos prelados de la Iglesia y han sido acosados y hasta agredidos por grupos de fan¨¢ticos.

A ello se ha sumado, en el caso de las cl¨ªnicas de Madrid, la percepci¨®n de que son sometidas a inspecciones con objetivo intimidatorio por parte de las autoridades sanitarias de esta comunidad aut¨®noma -gobernada por el PP-, lo que, de ser cierto, constituir¨ªa un grave ejemplo de abuso del poder institucional en defensa de posiciones ideol¨®gicas, olvidando que los organismos p¨²blicos est¨¢n al servicio de todos los ciudadanos y no de los intereses partidistas de sus ocasionales dirigentes.

Que los profesionales tengan razones para sentirse agraviados no justifica, sin embargo, el procedimiento elegido para defenderse, porque cesar en la actividad durante una semana puede perjudicar a la parte m¨¢s vulnerable, las mujeres que se ven en la dif¨ªcil y triste tesitura de tener que abortar. Los plazos establecidos en dos de los supuestos previstos en la ley son muy estrictos, 12 semanas en caso de violaci¨®n y 22 en el de malformaci¨®n. Teniendo en cuenta que hay comunidades en las que ning¨²n hospital p¨²blico practica abortos, el cierre puede acabar penalizando precisamente a quienes se pretende defender.

La situaci¨®n que se ha creado es una dolorosa prueba de la inseguridad que genera la actual legislaci¨®n. Es cierto, como dice el PSOE, que con esta ley las mujeres que necesitan abortar pueden hacerlo, pero bajo unas tutelas y a un coste que ya no es asumible. La beligerancia de los grupos antiabortistas y su instrumentalizaci¨®n por parte de la Iglesia no deber¨ªan llevar al PSOE a renunciar a su compromiso electoral de modificar la ley. Al contrario, la respuesta adecuada a esta nueva ofensiva es instaurar una ley de plazos que d¨¦ seguridad a todas las partes. Los acontecimientos demuestran que, en estas cuestiones, amilanarse puede ser un grave error pol¨ªtico.