La persecuci¨®n del aborto lleva a 25 mujeres ante el juez

Ocho de la tarde del jueves pasado. Una mujer de 31 a?os est¨¢ ba?ando a sus hijos en su casa. Suena el timbre y aparecen dos agentes del Seprona (Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza dependiente de la Guardia Civil). Han ido a entregarle, en mano, una citaci¨®n para que declare al d¨ªa siguiente en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). "Usted practic¨® un aborto en febrero de 2007", le dicen. Le explican que tienen un expediente suyo de la cl¨ªnica de interrupci¨®n de embarazos Isadora, en Madrid, y que se est¨¢n investigando unos supuestos abortos ilegales. "Tiene que entender que hay una gran alarma social por este tema", le dice uno de los agentes. "Nos dicen que hay fetos de ocho meses". La llamaban para que declarara como testigo, pero no se limitaron a entregarle la citaci¨®n. Le hablaron del aborto y le ense?aron algunos expedientes de otras mujeres. "Me hicieron sentir mal, como si hubiera hecho algo horrible", explica la mujer.

Poco se pod¨ªa imaginar que un a?o despu¨¦s de practicado el aborto ir¨ªan a buscarla a su propio domicilio, por la noche, con sus hijos delante, y sin tener en consideraci¨®n que quiz¨¢ su familia desconoc¨ªa su decisi¨®n. Las citaciones para declarar como testigo se pueden mandar por medios como el correo o telegrama. No es necesario que se entreguen en mano.

Como ella, unas 25 mujeres que abortaron el a?o pasado han sido llamadas a declarar ante la Guardia Civil por un juez de Madrid. Las citaciones han coincidido con la resaca de la concentraci¨®n organizada por los obispos a favor "de la familia cristiana" el pasado 30 de diciembre; con la huelga de las cl¨ªnicas de abortos por la persecuci¨®n a la que, seg¨²n su parecer, est¨¢n siendo objeto; con la promesa electoral de Mariano Rajoy de crear un Ministerio de la Familia; con un intenso debate el pasado jueves en el Congreso de los Diputados sobre las relaciones Iglesia-Estado; con el anuncio del PSOE de que no incluir¨¢ una reforma del aborto en su programa electoral para aprobar una ley de plazos -como en la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos-; y con las discusiones y divisiones internas que tal decisi¨®n ha planteado en el seno del partido gobernante.

La investigaci¨®n contra la cl¨ªnica Isadora tuvo como inicio la denuncia de La Vida Importa, una plataforma que se define como "iniciativa de diferentes personas y asociaciones que han trabajado para disponer de informaci¨®n, documentos y pruebas sobre pr¨¢cticas ilegales dentro de los establecimientos de abortos en Espa?a". El presidente es Juan S¨¢nchez, fundador de los Astilleros Astraea, en Sevilla. Dentro de la plataforma se integran asociaciones como HayAlternativas.org (HazteOir.org), muy activa contra las bodas gays, la ley de educaci¨®n y la asignatura Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, y la Federaci¨®n Internacional de M¨¦dicos Cristianos.

"Todo son infundios", explica una portavoz de la cl¨ªnica, Marisa Castro. "Nuestra praxis es absolutamente legal, la Comunidad de Madrid hace numerosas inspecciones y no encuentra nada. Pero si las autoridades no acaban con esta situaci¨®n, las cl¨ªnicas estamos dispuestas a crear un problema y a cerrar las unidades de aborto. Es necesaria una ley de plazos". El 98% de las interrupciones voluntarias de embarazo que se practican en Espa?a las llevan a cabo cl¨ªnicas privadas, aunque la sanidad p¨²blica lo subvencione en algunos casos.

"No es de recibo es que ahora persigan a las mujeres en sus casas", a?ade Empar Pineda, de Isadora. "Es una forma de coacci¨®n inaudita". La mujer a la que el Seprona cit¨® el jueves declar¨® ayer ante la Guardia Civil. S¨®lo le hicieron preguntas sobre la cl¨ªnica. Ning¨²n trabajador de la misma ha sido llamado a testificar.