Espa?a: claroscuros en inmigraci¨®n
Desarrollar la integraci¨®n de los inmigrantes legales, concederles el voto en las municipales y agilizar los tr¨¢mites para la contrataci¨®n en origen, deber¨ªan ser tareas inexcusables de la pr¨®xima legislatura
Dos son los rasgos destacados de la pol¨ªtica de inmigraci¨®n del Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. El primero ha sido la creaci¨®n de un procedimiento de contrataci¨®n en origen, en base a un cat¨¢logo de empleos de dif¨ªcil cobertura. Sistema que se aplica ahora con rapidez en contrataciones realizadas por grandes empresas, pero que padece demoras que pueden ser de siete o doce meses en la tramitaci¨®n del visado cuando el solicitante es un peque?o empresario. Demoras que contin¨²an repiti¨¦ndose en numerosas provincias en las expediciones y renovaciones de documentos.
El endurecimiento del control de la inmigraci¨®n irregular en el Estrecho de Gibraltar ha sido el otro gran rasgo de la pol¨ªtica de inmigraci¨®n de este Gobierno, lo que ha alejado los puntos de partida de los cayucos con dram¨¢ticas consecuencias.
Un inmigrante puede morir con uniforme espa?ol, pero no elegir al alcalde de su municipio Integraci¨®n, para empezar, es evitar la segregaci¨®n escolar con centros a los que s¨®lo van extranjeros
Hay, adem¨¢s, otro hecho incuestionable: Espa?a ha pasado de tener 1.647.011 extranjeros con permiso de residencia en enero de 2004 a 3.740.956 a 30 de septiembre de 2007. Es decir, ¨¦sta habr¨¢ sido la legislatura en la que se ha producido el mayor incremento de extranjeros con permiso de residencia. Y simult¨¢neamente se puede afirmar que hay ya cinco millones de extranjeros empadronados, lo que significar¨¢ el 11% de la poblaci¨®n.
Ante este evidente aumento del n¨²mero de inmigrantes regularizados, el Gobierno ha actuado de manera vacilante, en ocasiones casi ocultando las cifras, para evitar que el PP le acusara de tener la puerta demasiado abierta, para luego declarar que la contrataci¨®n en origen funciona a la perfecci¨®n, mezclando datos de contrataci¨®n para empleos estables con los de temporeros.
De la misma manera, siendo un hecho la generalizaci¨®n de las expulsiones de los senegaleses y otros africanos que llegan a Canarias, ante las cr¨ªticas del PP por la llegada de m¨¢s cayucos, el Gobierno en reiteradas ocasiones dio datos de expulsiones, devoluciones y denegaciones de entrada en las que mezclaba estos expulsados, con los de los rumanos a los que se imped¨ªa la entrada en La Junquera pero que m¨¢s tarde entraban por otro puesto fronterizo.
Esta actitud dubitativa del Gobierno ha sido debida tanto a las cr¨ªticas del PP y ciertos gobiernos europeos al proceso de regularizaci¨®n de 2005, que concedi¨® permiso de trabajo a m¨¢s de 575.000 extranjeros, como por el efecto medi¨¢tico y la utilizaci¨®n pol¨ªtica que hizo el PP de las situaciones vividas en Ceuta y Melilla en 2005 y del impacto de los cayucos llegados a Canarias.
La legislatura reci¨¦n concluida comenz¨® con la aprobaci¨®n del reglamento que desarrollaba la ley 14/2003 que modificaba de nuevo la 4/2000. Y, mientras en la anterior PP y PSOE pactaron dicha reforma, cuando el Gobierno socialista sonde¨® el reglamento el PP decidi¨® rechazar el consenso. Y el reglamento cre¨® el cat¨¢logo de empleos de dif¨ªcil cobertura que facilitar¨ªa la contrataci¨®n en origen.
El cat¨¢logo provincial de dif¨ªcil cobertura es un listado trimestral de empleos en el que est¨¢n aquellos que demandan extranjeros. Y fija un procedimiento de contrataci¨®n, complementario al cupo, por el que aquel que desea contratar a un inmigrante que se encuentra en el extranjero para un empleo recogido en dicho cat¨¢logo, tras presentar la solicitud, su expediente es aprobado sin ser necesario que se certifique que para dicho empleo no hay espa?oles en paro, por lo que s¨®lo queda pendiente la expedici¨®n del visado. Inicialmente, el sistema fue r¨¢pido y tambi¨¦n fue usado para regularizarse por decenas de miles de extranjeros que no hab¨ªan podido acogerse a la regularizaci¨®n de 2005, los cuales regresaban a su pa¨ªs para tramitar el visado. Pero al a?o de la puesta en pr¨¢ctica de este sistema, la mayor¨ªa de consulados empezaron a tardar cinco o diez meses en tramitar los visados. En cambio, las grandes empresas y sindicatos agrarios no han sido afectados por estas demoras y consiguen traerse r¨¢pidamente los trabajadores que precisan.
Esta demora no tiene otra explicaci¨®n que la voluntad de frenar el caudal de inmigrantes, lo cual tiene el efecto de que puede ser m¨¢s pr¨¢ctico dar empleo a un rumano o b¨²lgaro sin permiso de trabajo -o intentar regularizar por arraigo a un irregular si ¨¦ste ya lleva tres a?os en Espa?a- que esperar nueve meses un visado.
La ca¨ªda de la natalidad, el crecimiento econ¨®mico vivido estos a?os y la imparable demanda de mano de obra para el cuidado de ancianos han sido el efecto llamada para esta llegada de m¨¢s inmigrantes, al igual que ocurr¨ªa cuando s¨®lo eran el 2% de la poblaci¨®n. Pero persiste la creencia de que cuando se produzca una recesi¨®n, como ocurre ahora en el sector de la construcci¨®n, cientos de miles deber¨¢n marchar. Sin embargo, estas demoras en la concesi¨®n de visados, o las dificultades que tienen los reagrupados para conseguir el permiso de trabajo, provocan el efecto contrario. Generan que muchos empresarios que desean solucionar la falta de mano de obra se sirvan de nuevos irregulares, empleen en la econom¨ªa sumergida a ciudadanos rumanos o a reagrupados que carecen de permiso de trabajo. No es ning¨²n secreto que cientos de miles de mujeres latinas irregulares o reagrupadas sin permiso de trabajo, trabajan en la asistencia de ancianos, sector que demanda m¨¢s y m¨¢s personal.
Por lo que respecta al otro pilar de la pol¨ªtica de inmigraci¨®n, el control del Estrecho, ahora con la ayuda de la Uni¨®n Europea y el programa FRONTEX, su valoraci¨®n es m¨¢s compleja y no ¨²nicamente por el incremento de v¨ªctimas en el Atl¨¢ntico. El Gobierno est¨¢ vinculando la cooperaci¨®n al desarrollo de los pa¨ªses subsaharianos con la aceptaci¨®n de las repatriaciones de irregulares y con la promesa de que se van a dar fondos para formaci¨®n y se crear¨¢n cauces de inmigraci¨®n legal. Pero de poco sirve dar formaci¨®n, si luego ese flujo legal es s¨®lo de un millar de senegaleses o de varios cientos de ciudadanos de Ghana al a?o. Sin la ayuda de las remesas de los inmigrantes que permitir¨¢n el desarrollo de proyectos de los que se quedan, la formaci¨®n sirve de muy poco.
Y por lo que respecta a Marruecos, este pa¨ªs asumi¨® la parte m¨¢s inhumana del reforzamiento de los muros de Ceuta y Melilla a cambio del apoyo de Espa?a a las tesis marroqu¨ªes sobre el S¨¢hara. Una vez reforzadas las vallas, Marruecos, pese a no reconocer formalmente dichas fronteras, las hizo efectivas de la ¨²nica manera que un muro es disuasorio: disparando a quienes pretend¨ªan saltarlo.
Resalt¨¦ antes la rapidez con la que Espa?a ha alcanzado los cuatro millones de extranjeros con permiso de residencia. Cifra que seguir¨¢ creciendo por m¨¢s que la construcci¨®n experimente una recesi¨®n. Y ello porque esta recesi¨®n no se da en los otros sectores econ¨®micos y por la imparable demanda de mano de obra para el cuidado de ancianos. Esto exige ya el desarrollo de pol¨ªticas de integraci¨®n. Integraci¨®n, para empezar, es evitar la segregaci¨®n escolar con centros a los que s¨®lo van extranjeros. Ciertamente, el Gobierno ha lanzado un ambicioso Plan de Integraci¨®n, pero muchas de sus competencias est¨¢n repartidas entre comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos.
Lo que tendr¨ªa un efecto inmediato ser¨ªa abordar en la pr¨®xima legislatura el derecho de voto de los inmigrantes en las elecciones municipales. Algo que PSOE e Izquierda Unida-Iniciativa pactaron, pero de lo que el PSOE reneg¨® despu¨¦s. No se comprende que un inmigrante pueda morir con uniforme espa?ol en Afganist¨¢n, pero no pueda elegir al alcalde de su municipio. Y esta segregaci¨®n de derechos puede tener efectos perversos a la hora de distribuir recursos entre los barrios donde residen los votantes y aquellos donde residen los extranjeros que pagan impuestos pero no votan.
La pr¨®xima legislatura deber¨ªa tambi¨¦n reformar la Ley de Extranjer¨ªa, tanto por la sentencia del Constitucional que ha anulado aspectos de la ley 8/2000, como por directivas comunitarias. Por ello es importante que durante la campa?a electoral no se haga demagogia y se aborden cuestiones como las de los subsaharianos que no pueden regularizarse por arraigo al tener una orden de expulsi¨®n -tal vez se plantear¨¢ una nueva regularizaci¨®n-, o se asuma acabar con las trabas burocr¨¢ticas para facilitar permiso de trabajo a los reagrupados y para tramitar los visados. Mientras estas trabas persistan se alentar¨¢ a la inmigraci¨®n irregular y la econom¨ªa sumergida.
Xavier Rius Sant es periodista y autor del Libro de la Inmigraci¨®n en Espa?a.
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