Batasuna y compa?¨ªa
El fin de la suspensi¨®n penal no significa que cesen los efectos de la ilegalizaci¨®n
La vicepresidenta del Gobierno reiter¨® ayer que, en cuanto se reciba el informe sobre ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) pedido a las fuerzas de seguridad, el Gobierno instar¨¢ a los servicios jur¨ªdicos del Estado para que presenten la demanda de ilegalizaci¨®n de esas formaciones como sospechosas de dar continuidad fraudulenta a la ilegal Batasuna. Se deduce de ello que la decisi¨®n pol¨ªtica de instar la ilegalizaci¨®n, tras los nuevos indicios conocidos, ya est¨¢ tomada. Es lo que corresponde al Gobierno. Decidir sobre la ilegalizaci¨®n es responsabilidad de los tribunales, de acuerdo con las pruebas jur¨ªdicas.
Esta iniciativa coincide con el fin del periodo de cinco a?os, no prorrogable, de suspensi¨®n cautelar de Batasuna decretada en su d¨ªa por el juez Garz¨®n. Sin embargo, ese hecho no afectar¨¢ a la posibilidad de ilegalizaci¨®n de ANV y el PCTV. Garz¨®n ha dictado un auto en el que, a la vez que comunica el final de dicha suspensi¨®n, recuerda que esa formaci¨®n sigue siendo ilegal por sentencia firme del Supremo y advierte contra los intentos de burlar esa resoluci¨®n. La suspensi¨®n cautelar, decidida en el marco del proceso penal contra el n¨²cleo dirigente de Batasuna por supuesta integraci¨®n en ETA, ha resultado un instrumento muy ¨²til para contrarrestar los intentos de burlar la ilegalizaci¨®n. Y a la vez un instrumento m¨¢s ¨¢gil que el previsto en la Ley de Partidos, que se limita a una exigencia gen¨¦rica de responsabilidades a dilucidar en cada caso concreto.
Conociendo las tretas habituales de Batasuna, es de temer que intente aprovechar el fin de la suspensi¨®n penal para ensayar nuevas formas de esquivar los efectos pr¨¢cticos de su ilegalizaci¨®n. De ah¨ª la necesidad, por parte sobre todo del ministerio fiscal, de una estricta vigilancia para que la justicia act¨²e con rapidez, y si es posible preventivamente, frente a las maniobras con que intentar¨¢n poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado de derecho a sus provocaciones.
En tanto no se desmarque claramente de la banda, se trata, seg¨²n se?ala el auto de Garz¨®n, de un partido ilegalizado que "contin¨²a formando parte del entramado terrorista". Y no parece, como se ha demostrado en el llamado proceso de paz, que tenga capacidad o siquiera voluntad de desvincularse de esa red.
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