Totalitarismo democr¨¢tico

Excusas por el t¨ªtulo. Contradictorio, poco comprensible y muy poco elegante. Cuentan que Felipe Gonz¨¢lez le contest¨® a Maragall, cuando ¨¦ste le propuso como modelo el "federalismo asim¨¦trico", que la cosa no colaba ya que "a los espa?oles es dif¨ªcil hacerles entender un concepto abstracto, dos juntos ya es imposible". Si adem¨¢s uno niega al otro, debo reconocer que el t¨ªtulo puede sorprender, pero no gustar. No se me ha ocurrido uno mejor, pues en algunos casos la legitimidad democr¨¢tica sirve de cobertura a un comportamiento totalitario, aunque no se sea consciente de ello.

La designaci¨®n de los consejeros de la Corporaci¨®n Catalana de Medios Audiovisuales ha sido el m¨¢s reciente caso expresivo de una tendencia al monopolio olig¨¢rquico del poder pol¨ªtico al que tiende nuestra inmadura democracia partidista. Totalitarismo democr¨¢tico, de baja intensidad y relativamente ben¨¦volo si lo comparamos con los brutales totalitarismos del siglo pasado, pero que supone una perversi¨®n del ejercicio del poder en una democracia y contribuye a la exclusi¨®n de la ciudadan¨ªa, que expresa su rechazo de la manipulaci¨®n mediante el desinter¨¦s por la pol¨ªtica.

Los partidos, cada uno colocando a sus peones en los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos

No es necesario recordar los hechos. Los aparatos de partido, todos, con la complicidad de sus grupos parlamentarios, escenificaron un lamentable mercadeo, cada uno colocando a sus peones en los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos de Catalu?a. En vez de consensuar una lista amplia, basada en criterios de profesionalidad e independencia, nos ofrecieron la imagen de que su ¨²nico inter¨¦s era garantizarse una cuota de poder. Lo cual no s¨®lo es un fraude al esp¨ªritu que se le supone a la ley, sino que tambi¨¦n afecta a la credibilidad de las personas designadas, lo cual puede ser injusto, y de las instituciones y organismos que han intervenido en este proceso, a pesar de que han actuado en el marco de la ley. Porque aqu¨ª est¨¢ el problema. Los grupos parlamentarios no s¨®lo han actuado con mal estilo ahora: ya lo hicieron mal cuando aprobaron la ley, reserv¨¢ndose el derecho exclusivo de nombrar a los consejeros, sin otro requisito que una vaga "idoneidad profesional" de las personas. La propuesta de nombres deber¨ªa haber seguido un camino inverso: un organismo independiente selecciona un n¨²mero superior de personas id¨®neas, representativas de la pluralidad de la sociedad civil, y el Parlament, si tiene la competencia de nombrarlos, elige en esta lista a los consejeros.

El m¨¦todo que se est¨¢ aplicando a este tipo de organismos reguladores o controladores de materias espec¨ªficas de suma importancia para nuestra vida colectiva es tendencialmente totalitario, contribuye a la p¨¦rdida de confianza y de inter¨¦s de los ciudadanos en las instituciones, y deval¨²a considerablemente la calidad y la eficacia de nuestra democracia. Y puede llevar a situaciones absurdas y peligrosas, como sucede ya con la crisis del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Vivimos en sociedades complejas, los intereses y los valores son heterog¨¦neos y deben ser tenidos en cuenta. Se ha ampliado mucho el campo de actuaci¨®n de las instituciones y de los organismos que cumplen funciones de inter¨¦s general. La separaci¨®n tradicional de poderes que se equilibran y se complementan, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, no es suficiente. Existen los distintos niveles territoriales reforzados por los procesos modernizadores y democratizadores del Estado . Y las instituciones generadas por la sociedad industrial y el welfare state (o Estado de bienestar), como la justicia laboral, la contrataci¨®n colectiva, la gesti¨®n de la seguridad social, los consejos econ¨®mico-sociales, etc¨¦tera. Y existen otros organismos de naturaleza especial, de creaci¨®n en muchos casos m¨¢s reciente, como los que tratamos ahora, que son cada vez m¨¢s necesarios.

Se trata de organismos que tienen atribuidas funciones de regulaci¨®n, gesti¨®n o control sobre materias que por su especificidad son separables de la gesti¨®n pol¨ªtica general y requieren una independencia relativa respecto de los gobiernos y los partidos. La principal raz¨®n que justifica esta independencia es que gobiernos y partidos son parte directamente interesada y no pueden ser tambi¨¦n jueces, por ejemplo en la regulaci¨®n y el control de los procesos electorales o, en el caso que nos interesa ahora, de los medios de comunicaci¨®n (en este caso se a?ade la gesti¨®n de los de car¨¢cter p¨²blico). Si son parte, y no todo, pero se atribuyen esta funci¨®n reguladora o gestora, est¨¢n expropiando a otros sectores o al conjunto de la sociedad de algo que tambi¨¦n es suyo, sus votos, su opini¨®n. En el caso de los medios p¨²blicos de comunicaci¨®n, el suceso que nos ocupa se trata de una apropiaci¨®n indebida que tiene un efecto perverso, contrario adem¨¢s a los intereses p¨²blicos y de la misma instituci¨®n, el Parlament, responsable del acto. Se han deslegitimado los medios de comunicaci¨®n de car¨¢cter p¨²blico y se han reforzado las presiones privatistas en este sector. La imagen partitocr¨¢tica que se ha dado tiene como consecuencia blanquear la imagen de los medios de propiedad privada, que para muchos aparecen como m¨¢s "independientes y pluralistas", aunque disten de serlo.

En nuestras democracias el espacio comunicacional es una parte fundamental del espacio p¨²blico democr¨¢tico, cumple funciones esenciales en la formaci¨®n de los valores, de las opiniones y de los comportamientos colectivos, y debe ser tratado con un cuidado especial para garantizar que nuestras sociedades plurales se sientan representadas y tengan confianza en los organismos actuantes en este espacio. El comportamiento grosero de los aparatos de partido en este caso es una agresi¨®n a nuestra vida democr¨¢tica. La democracia tiene dos dimensiones, tan indispensables la una como la otra. Una dimensi¨®n formal, procedimental, que se expresa en las reglas y los procesos de organizaci¨®n de las instituciones, y de las relaciones entre ¨¦stas y con la ciudadan¨ªa, y que tiene como finalidad garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y una dimensi¨®n material, que se realiza mediante las pol¨ªticas p¨²blicas destinadas a crear las condiciones para que estos derechos y estas libertades sean efectivos y especialmente contribuyan a reducir las desigualdades. En ambos casos se requiere la motivaci¨®n activa y la confianza receptiva de la ciudadan¨ªa. Todo lo cual ha sido grave e innecesariamente cuestionado por unos aparatos pol¨ªticos caracterizados por un af¨¢n de poder tan excesivo como ingenuo y por una indiferencia incomprensible respecto a c¨®mo sus actos pueden afectar a la sensibilidad democr¨¢tica de los ciudadanos.

Los partidos pol¨ªticos, porque as¨ª lo permite la Constituci¨®n y as¨ª lo quieren ellos, monopolizan el poder legislativo y el ejecutivo tanto en las instituciones centrales del Estado como en las territoriales. ?No es ya bastante? La existencia de unos contrapoderes espec¨ªficos es un enriquecimiento democr¨¢tico, aumenta las garant¨ªas de la ciudadan¨ªa y las posibilidades de participaci¨®n plural en la vida p¨²blica de la sociedad civil. Algo que buena falta hace a nuestra joven democracia.

Jordi Borja es profesor de la Universitat Oberta de Catalunya