La fiscal¨ªa controla el 80% de las incapacidades para evitar delitos

La secci¨®n civil de la Fiscal¨ªa de Valencia ha cerrado al m¨¢ximo la protecci¨®n sobre las personas declaradas incapaces o aquellas que tienen que ser internadas de manera no voluntaria, por ejemplo, en centros y residencias para la tercera edad. Tras dos a?os de fiscalizaci¨®n de muy distintas situaciones, control de los distintos actores que participan en el proceso y de sensibilizar a instituciones, asociaciones y profesionales, la fiscal¨ªa controla, supervisa y protege de manera efectiva el patrimonio del 80% de los incapaces de la provincia de Valencia. El modelo se ha trasladado por la Fiscal¨ªa General del Estado, que dirige C¨¢ndico Conde Pumpido, al resto de fiscal¨ªas provinciales.

Conde Pumpido extender¨¢ el modelo a todas las fiscal¨ªas provinciales

Las posibilidades de abuso del patrimonio de personas declaradas incapaces o en situaci¨®n transitoria de imposibilidad de control sobre sus bienes se ha reducido gracias a esta iniciativa. En este camino por estrangular las posibilidades de delito sobre un sector manifiestamente d¨¦bil, la secci¨®n civil de la fiscal¨ªa de Valencia, que coordina Gonzalo L¨®pez Ebri, ha encontrado a aut¨¦nticos saqueadores de patrimonios personales vestidos de buena voluntad y amparados en el anonimato y el olvido.

La fiscal¨ªa se ha convertido en la f¨®rmula escogida sobre todo por los familiares directos de una persona afectada por una enfermedad, un deterioro, que le incapacita para decidir con solvencia sobre su destino. Es gratuita, no precisa de abogado y procurador, y conduce a un sistema preciso de control sobre el destino de la persona y sus bienes. Evita el coste emocional que en muchos casos ha frenado a hijos o padres ante la eventualidad de tener que solicitar la incapacidad de un progenitor, por ejemplo. Pero el hecho de no hacerlo no significa mayores posibilidades de escapar al control de la fiscal¨ªa.

El conjunto de protocolos que a trav¨¦s de las notas de servicio del fiscal jefe, Ricard Cabedo, y propuestas por L¨®pez Ebri se ha ido configurando en los dos ¨²ltimos a?os supone que la fiscal¨ªa conoce de inicio la situaci¨®n del patrimonio de las personas incapaces o internadas de forma no voluntaria, que los guardadores de hecho o los tutores est¨¢n obligados sin excusa a rendir cuentas peri¨®dicas del estado de ese patrimonio, que en el caso de los internamientos las residencias deben cada mes comunicar ingresos, situaci¨®n, persona que figura a cargo del interno y situaci¨®n sobre el pago de las costas del internamiento, entre otras informaciones.

Ese protocolo ha permitido descubrir, denunciar y juzgar situaciones delictivas muy distintas. En general, seg¨²n L¨®pez Ebri, protagonizadas por personas pr¨®ximas que no son familiares directos de los discapaces. Desde saqueos de m¨¢s de 18.000 euros en gastos que nada tienen que ver con el propietario del patrimonio a ventas fraudulentas, bajo precio de mercado, de viviendas. El guardador de hecho, una figura que goza de una cierta flexibilidad frente al control estricto del tutor, ha escondido en algunos casos operaciones de aut¨¦ntico expolio. El guardador de hecho, un vecino, un familiar lejano, un cuidador, ha comprado, por ejemplo, la casa del incapaz a precio rid¨ªculo vali¨¦ndose de su debilitada voluntad. L¨®pez Ebri ha visto, ha denunciado, a personas que se han fundido en menos de tres meses buena parte de los ahorros de una cuenta corriente a trav¨¦s de operaciones sucesivas de desembolsos de 600 euros, o verdaderas malversaciones de pensiones.

El protocolo ahora cerrado, que unifica desde principios de este mes de enero todos los datos en los procesos de incapacidad, de tutela y de internamiento involuntario supone, como ha reconocido la Fiscal¨ªa General del Estado, cerrar el paso a los abusos a desprotegidos bajo la f¨®rmula de la caridad mal entendida.