Una reforma que viene de Europa
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Correos alega que el decreto que permite suprimir el reparto de correspondencia puerta a puerta en zonas dispersas desarrolla la directiva europea 97/67/CE. Esta norma comunitaria de 1997 autoriza a los gobiernos de los pa¨ªses miembros a establecer excepciones en su obligaci¨®n de entregar las cartas a domicilio. Las autoridades podr¨¢n fijar las "condiciones" en las que se sustituye este servicio por otras "instalaciones apropiadas". El modelo elegido en Espa?a, se?ala la empresa estatal, es el mismo que se est¨¢ implantando en Portugal.
La compa?¨ªa defiende el cambio como una mejora en la calidad del servicio y en las condiciones de trabajo de los carteros rurales. Correos se refiere as¨ª a las dificultades que tienen estos profesionales para hacer llegar las cartas en el rural a sus destinatarios all¨¢ donde residan. Al margen de los atrancos en el reparto, la situaci¨®n laboral de estos repartidores es complicada, ya que cobran entre 1.000 y 1.300 euros y han de financiarse la furgoneta y su mantenimiento.
Los sindicatos rechazan los argumentos de Correos de que la medida les facilitar¨¢ el trabajo y ven detr¨¢s una maniobra para recortar plantilla y costes y preparar la empresa para una futura privatizaci¨®n. Los pa¨ªses de la Uni¨®n han acordado liberalizar completamente los servicios postales en los pr¨®ximos tres a?os, por lo que cualquier operador privado podr¨¢ repartir correspondencia.
Las centrales sindicales creen que eliminar la obligaci¨®n de entregar las cartas a domicilio en las zonas m¨¢s dispersas beneficiar¨¢ a las empresas que entren en el negocio en competencia con la sociedad estatal. Correos aclara que, en cualquier caso, los env¨ªos certificados se servir¨¢n en todas las casas.
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