Fuera de la ley

El Consejo de Ministros formaliz¨® el viernes la decisi¨®n pol¨ªtica de poner en marcha el proceso de ilegalizaci¨®n de ANV y el PCTV, formaciones para las que pidi¨® el voto la ilegal Batasuna en las anteriores elecciones locales y auton¨®micas, respectivamente. La decisi¨®n sobre la ilegalizaci¨®n corresponde al Tribunal Supremo, pero la de instar esa ilegalizaci¨®n es competencia del Gobierno. Pod¨ªa haberla adoptado antes o despu¨¦s, por razones pol¨ªticas; pero es una burda simplificaci¨®n, como hace el PP, identificar esas razones con intereses electoralistas.

El Gobierno aduce que antes carec¨ªa de pruebas "contundentes" de la relaci¨®n entre esos partidos y Batasuna. Hab¨ªa indicios obvios para todo el mundo, pero es defendible el argumento de que las pruebas documentales principales no se obtuvieron hasta hace poco: tras el descubrimiento de una trama de financiaci¨®n com¨²n, incluyendo los sueldos de los dirigentes principales de Batasuna, a ra¨ªz de la detenci¨®n de la mayor¨ªa de ¨¦stos, en octubre pasado. Una iniciativa anterior tal vez hubiera abocado a un proceso fallido por insuficiencia probatoria.

Pero tambi¨¦n es defendible que la decisi¨®n pol¨ªtica de instar o no la ilegalizaci¨®n en un momento u otro ha estado condicionada por la expectativa de un final pactado del terrorismo abierta por los a?os sin muertos que precedieron a la declaraci¨®n de alto el fuego. Es algo hip¨®crita considerar que ese factor no debi¨® ser tenido en cuenta. Hoy parece evidente que el Gobierno sobrevalor¨® la disposici¨®n de Otegi y compa?¨ªa, pero no estaba tan claro en las elecciones auton¨®micas de 2005, por ejemplo. Esa hipocres¨ªa se ha visto favorecida en todo caso por la incapacidad del Gobierno para rendir cuentas tras el fracaso del intento.

Pero una vez cerrada la expectativa de final dialogado, no hay ning¨²n motivo para no tomar las decisiones que la ley permita para evitar la presencia en las instituciones de partidos integrados en una trama de la que forma parte una banda terrorista. El nacionalismo vasco gobernante alega que la ilegalizaci¨®n no contribuye a acercar el fin de ETA; aunque as¨ª fuera, habr¨ªa que considerar tambi¨¦n el efecto de no hacer nada: de reconocer, como hace el PNV, la supeditaci¨®n de Batasuna y marcas sustitutorias a la banda, y aceptar que participen en pie de igualdad en la competici¨®n pol¨ªtica.

Ese nacionalismo aspira a recoger, como en 2001, una parte de los votos de las formaciones ilegalizadas, pero para ello necesita acreditar su oposici¨®n a dicha ilegalizaci¨®n. De ah¨ª su incoherente postura, que parece dirigida, m¨¢s que a deslegitimar al mundo de ETA, como propon¨ªa Imaz, a desacreditar a quienes se oponen a la impunidad de ese mundo. Incluyendo muy particularmente al poder judicial, sometido estos d¨ªas, como ayer se vio en la manifestaci¨®n de Bilbao contra la condena de Atutxa, a una presi¨®n desde la calle incompatible con las reglas de juego y la tradici¨®n democr¨¢tica del PNV.