Caride legaliza 300 viviendas de Mar¨ªn afectadas por la Ley de Costas

Treinta a?os despu¨¦s, 300 viviendas repartidas en cinco n¨²cleos rurales de Mar¨ªn vislumbran el principio del fin de su limbo administrativo. La conselleira de Pol¨ªtica Territorial, Mar¨ªa Jos¨¦ Caride, firm¨® ayer la resoluci¨®n por la que Urbanismo inicia el procedimiento de revisi¨®n de oficio del planeamiento de ese municipio, para que esos n¨²cleos costeros sean reconocidos y sus viviendas legalizadas. Caride inform¨® de la decisi¨®n tras reunirse con el alcalde marinense, Francisco Veiga.

El PP denuncia el "tufo electoral" del anuncio de la conseller¨ªa

Se trata de asentamientos tradicionales y costeros anteriores a las normas urban¨ªsticas municipales de 1978, a¨²n en vigor, y por lo tanto tambi¨¦n a la Ley de Costas de 1988. El planeamiento de Mar¨ªn clasifica los n¨²cleos de Loira, Aguete, A Teoira, Cas¨¢s y Mogor como no urbanizables, a pesar de que, seg¨²n la Xunta, reun¨ªan los requisitos para ser clasificados como urbanos. La posterior Ley de Costas consagr¨® la contradicci¨®n, y las viviendas quedaban afectadas por una servidumbre de protecci¨®n de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre de 100 metros, en lugar de por la excepcionalidad de los 20 metros que la Ley de Costas fija para los clasificados como suelo urbano.

Este "error de derecho", como lo define Pol¨ªtica Territorial, dej¨® a los propietarios en una situaci¨®n delicada, ya que sus viviendas no existen oficialmente y carecen de seguridad jur¨ªdica. Pol¨ªtica Territorial, los vecinos y el Ayuntamiento de Mar¨ªn realizaron en los ¨²ltimos meses un trabajo de delimitaci¨®n de los n¨²cleos y de documentaci¨®n de su existencia anterior a la Ley de Costas de 1988. La documentaci¨®n fue remitida al Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de justificar las supuestas inexactitudes en las normas urban¨ªsticas de Mar¨ªn, al clasificar como no urbanizable suelo que reun¨ªa las caracter¨ªsticas de urbano.

No se trata de la primera vez que Pol¨ªtica Territorial da por solucionado el conflicto de Mar¨ªn. El 9 de mayo de 2007, la conselleira anunci¨® la firma de una orden con el mismo enunciado que la suscrita ayer, y que, seg¨²n inform¨® entonces el departamento de Caride, iba a "cerrar una soluci¨®n definitiva y legal" para corregir el caso, pero la decisi¨®n no lleg¨® a publicarse en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Aunque la nota que difundi¨® entonces la conseller¨ªa es pr¨¢cticamente id¨¦ntica a la de ayer, Caride garantiz¨® que en esta ocasi¨®n la orden ser¨¢ publicada pr¨®ximamente en el DOG, lo que permitir¨ªa legalizar los n¨²cleos antes del verano. Fuentes de Pol¨ªtica Territorial atribuyeron el fracaso de la resoluci¨®n de 2007 a una discrepancia posterior sobre el a?o al que se deb¨ªa retrotraer el planeamiento, lo que oblig¨® a reiniciar el complejo procedimiento administrativo.

Los n¨²cleos a los que afecta la revisi¨®n del planeamiento tienen su origen en la industria de la salaz¨®n, asentada en esa zona de Mar¨ªn desde el siglo XIX, que dio lugar a la construcci¨®n de viviendas en esa franja del litoral. El calvario administrativo de sus propietarios les llev¨® a organizarse en plataformas y a reivindicar durante los ¨²ltimos a?os una soluci¨®n ante la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial.

El proceso administrativo pasa ahora por un plazo de 20 d¨ªas de exposici¨®n p¨²blica, una vez que la orden de revisi¨®n del planeamiento de Mar¨ªn se publique en el DOG. A continuaci¨®n se abrir¨¢ un plazo de dos meses para el estudio de las alegaciones, antes de que el texto pase al Consello Consultivo, que dispondr¨¢ de otro mes para emitir su informe. De acuerdo con las previsiones de Pol¨ªtica Territorial, el problema se solucionar¨¢ antes del verano.

El alcalde de Mar¨ªn, del PSOE, dio por buena la soluci¨®n que le ofreci¨® Caride. "Por fin se da una soluci¨®n legal y definitiva", resalt¨® el regidor marinense. Otra lectura muy distinta realiz¨® el PP del anuncio, en el que encontr¨® "un intenso tufo electoralista". El diputado popular Enrique L¨®pez Veiga, que afirm¨® que la decisi¨®n "llega tarde", atribuy¨® la inseguridad jur¨ªdica al recurso del Gobierno central contra un decreto promulgado por la Xunta del PP "para reconocer la legalidad urban¨ªstica de los asentamientos tradicionales".